La Universidad Veracruzana ha cruzado un umbral del que será difícil volver luego de la aceptación de la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez por parte de la Junta de Gobierno no solo es un acto de complicidad burocrática, sino una traición abierta al espíritu universitario. Lo ocurrido representa un atentado contra la autonomía, la ética y la credibilidad de la máxima casa de estudios de Veracruz.
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Después de casi cuatro años de una gestión marcada por la opacidad, el inmovilismo y el desgaste institucional, resulta inconcebible por no decir grotesco, que la Junta de Gobierno haya decidido prolongar la estancia del actual rector, no se trata únicamente de una evaluación de resultados, sino de lo que simboliza esta decisión en términos de legitimidad y principios.
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Durante el periodo rectoral de Martín Aguilar Sánchez (2022–2025), la Universidad Veracruzana ha registrado los peores indicadores de las últimas tres administraciones: apenas un 2% de crecimiento en infraestructura, el menor incremento en matrícula formal (4.11%), y una deserción escolar estimada en más del 60%.
A esto se suma una alarmante centralización en Xalapa, la marginación de regiones universitarias, becas institucionales que apenas alcanzan al 1.5% del alumnado y una pérdida evidente de impacto en el desarrollo regional. Lejos de ser motor de movilidad social y progreso, la UV ha sido reducida a una institución estática, burocratizada y desconectada de los sectores productivos y marginados del estado. Todo esto y más nos comenta el Dr. Rafael Vela Martínez en su reciente obra “Universidad Veracruzana: Su pasado inmediato y sus retos actuales”.
¿Cómo justificar esta continuidad cuando se han acumulado señales claras de desgaste institucional? ¿Cómo explicar que, pese a múltiples voces críticas desde dentro y fuera de la Universidad, la Junta de Gobierno haya optado por sostener a un personaje cuestionado, y hacerlo además sin ninguna autocrítica ni debate público?
Lo que esta decisión evidencia es que la Junta de Gobierno ya no opera como un órgano autónomo de evaluación, sino como un comité al servicio del rector. La pregunta ya no es solo por qué se queda Martín Aguilar, sino quién se beneficia de que se quede. ¿Es él el principal favorecido, o son quienes integran la Junta quienes aseguran así su propio poder, sus intereses y privilegios?
La gravedad del asunto va más allá de un nombre o de una prórroga, lo que se ha vulnerado es la confianza de la comunidad universitaria porque si el rector puede obtener una ampliación de su mandato sin que medien argumentos sólidos ni consulta genuina, ¿qué autoridad moral tiene hoy la UV para exigir el respeto de las normas, las leyes o la ética?
La Universidad, que debiera ser ejemplo de transparencia, meritocracia y pensamiento crítico, se ha convertido, al menos en sus órganos de decisión más altos, en un espacio donde las decisiones se toman de espaldas a la comunidad, donde se premia la obediencia y se castiga la disidencia, en donde la crítica ya no se escucha, se silencia.
Haciendo zoom… Como egresado de esta casa de estudios, percibo lo de la Junta de Gobierno como algo decepcionante, es una vergüenza institucional, una que será difícil de olvidar para quienes aún creen en una Universidad Veracruzana libre, ética y comprometida con su sociedad, ¿como podrán seguir como si nada y llegar a sus casas sin que se les caiga la cara de vergüenza a los miembros de la Junta de Gobierno? Esta prórroga no es solo la extensión de un rectorado, es la prórroga de una forma de hacer las cosas que nos aleja cada vez más de la Universidad que Veracruz necesita y merece.