Lo que está ocurriendo en la zona de Playa de Vacas, en el municipio de Medellín de Bravo, es mucho más que un caso aislado de devastación ambiental, es la confirmación de cómo la corrupción, el desinterés y la impunidad siguen abriéndose paso entre palas, maquinaria pesada y camiones de volteo que no distinguen entre desarrollo y destrucción.
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La reciente intervención de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz (PMA), que realizó una visita de inspección en los manglares del Arroyo Moreno, llega como un rayo tardío pero necesario frente a la desmedida ambición de la empresa DIGSA y su propietario, Mauricio Barragán. Esta compañía, amparada con permisos otorgados por SEMARNAT, sí, la misma institución que debiera velar por el medio ambiente, ha comenzado a devastar una zona ecológica que desde 1999 fue declarada área natural protegida, nada más y nada menos.
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Los permisos CGPARNO21RA1308/15 y 158/ORV/251/225, expedidos por SEMARNAT, han servido como carta blanca para permitir el paso de la maquinaria, el arranque de árboles y la alteración de un ecosistema que alberga a más de 250 especies endémicas, sin duda esto es un crimen ambiental, un ecocidio, avalado por el propio gobierno federal.
La imagen de una lona que advierte “propiedad privada” y otra más que respalda las acciones de DIGSA no hace más que recordar que el dinero puede más que la ley, más que la conservación, más que el sentido común. Las denuncias del ambientalista Marcos Márquez, presidente de la Unión General de Renovación con Justicia y Verdad A.C., son contundentes “lo que está ocurriendo es un acto de corrupción de alto nivel, donde no solo están implicadas autoridades federales como PROFEPA y SEMARNAT, sino también, aparentemente, el propio ayuntamiento de Medellín de Bravo”.
El alcalde de Medellín, Marcos Isleño, quien en un principio aseguró que no se habían otorgado permisos de fraccionamiento, se desentendió convenientemente de una inspección programada con Protección Civil, argumentando “problemas de salud”. ¿Coincidencia? Difícil de creer cuando cada acción, o inacción, parece diseñada para dejar el paso libre a los intereses empresariales.
Lo más grave es que la devastación ocurre sin pudor a solo 15 metros de la carretera, cuando la Ley establece una franja de protección de al menos 60 metros. Y para esconder lo evidente, han sembrado palmas y maleza que impidan la visibilidad del ecocidio, así, con toda la desfachatez del mundo.
La advertencia está hecha, Marcos Márquez ha llamado a los ambientalistas de todo el país y a la sociedad veracruzana a movilizarse y no es para menos, lo que está en juego no es solo un pedazo de tierra o unos cuantos árboles, lo que está en riesgo es nuestro derecho a un ambiente sano, a un futuro con equilibrio ecológico, a no heredar desiertos disfrazados de fraccionamientos.
Haciendo zoom… La defensa de los manglares no es un capricho ambientalista, es una necesidad urgente. El Arroyo Moreno es uno de los últimos pulmones vivos en esa zona de Veracruz, su destrucción sería irreversible. Hoy más que nunca, hace falta ponerle nombre y rostro a los responsables, pero sobre todo, hace falta ponerle un alto.
vtr