Lo que está ocurriendo en estos días en Estados Unidos con la comunidad migrante no es simplemente un endurecimiento de políticas; es una auténtica cacería. Las imágenes recientes de redadas de ICE en espacios donde usualmente se congregan migrantes como templos, supermercados, estaciones de autobuses y hasta en espacios de trabajo, han revivido el miedo permanente de quienes, buscando un futuro mejor, se han establecido en la Unión Americana.
El mensaje que está enviando el aparato estatal norteamericano es claro: la prioridad no es únicamente el control migratorio, sino sembrar el terror. Y como si esto fuera poco, algunos estados están llevando este discurso al extremo. En Carolina del Norte, por ejemplo, el Congreso estatal aprobó dos leyes profundamente antiinmigrantes, que pueden marcar un antes y un después en la persecución de indocumentados.
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Por un lado, la SB153 obliga a que agencias como la Patrulla de Carreteras, la Oficina Estatal de Investigación, el Departamento Correccional de Adultos y el Departamento de Seguridad colaboren abiertamente con las autoridades migratorias federales. Es decir: cualquier detención común puede derivar en un proceso de deportación. Por el otro, la HB318 permitirá que las cárceles de Carolina del Norte revisen el estatus migratorio de cualquier persona arrestada por delitos graves y otros considerados “no violentos”. En la práctica, esto abre la puerta a que una simple detención de tráfico pueda terminar con una orden de deportación.
Mientras estas leyes avanzan, las organizaciones proinmigrantes han encendido las alarmas. Ya no es sólo el temor a perder un empleo o ser detenido: ahora, el propio discurso oficial amenaza directamente la vida de los migrantes. Esta semana, el Sheriff del condado de Brevard, Florida, Wayne Ivey, en rueda de prensa dijo, sin ningún pudor: “Si lanzan un ladrillo, una bomba incendiaria o apuntan con un arma a uno de nuestros agentes, notificaremos a su familia dónde recoger sus restos, porque los mataremos. No vamos a jugar, esto tiene que parar.”
A este nivel de deshumanización se ha llegado: a amenazar de muerte públicamente a los migrantes, reduciéndolos a enemigos internos a los que se puede eliminar sin consecuencias. La criminalización ya no es sutil, es abierta, descarada y violenta.
Haciendo zoom… En este clima, no es casual que organizaciones como AMEXCAN y El Pueblo estén redoblando esfuerzos para proteger e informar a la comunidad migrante. Sus llamados a la calma, a no caer en provocaciones y a privilegiar la seguridad personal son, hoy más que nunca, fundamentales. El riesgo es real, las provocaciones son diarias y cualquier acto impulsivo puede terminar en tragedia. Mientras tanto, para quienes seguimos de este lado de la frontera, lo que ocurre allá debe ser una señal de alerta sobre lo que sucede cuando los discursos de odio encuentran eco en las estructuras del poder.
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