La tarde de este jueves 13 de noviembre, en la colonia 21 de Abril, ocurrió una escena que se ha vuelto tristemente familiar en Veracruz, un trabajador honesto detenido sin razón aparente, señalado como si fuera delincuente por el simple hecho de manejar su propio vehículo y ofrecer un servicio de transporte a través de plataformas digitales como InDrive o Didi.
En la esquina de Sánchez Tagle y Calle 6, allí donde la vida cotidiana transcurre entre niños jugando, vendedores ambulantes y gente que regresa del trabajo, testigos relatan que dos patrullas aguardaban desde minutos antes de que llegara el conductor con su pasajero, no fue casualidad, no fue una revisión de rutina. Muchos aseguran que fue un operativo planeado, pero sin orden, sin fundamento y sin siquiera un argumento claro; apenas el conductor estacionó el auto donde finalizaba el viaje, los oficiales lo rodearon, lo bajaron de la unidad y, sin darle mayores explicaciones, lo enviaron al corralón. Una detención arbitraria, así lo califican los testigos. Y tienen razón.
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Lo ocurrido no solo resulta cuestionable por su forma, sino también por su fondo. Estos conductores, que han encontrado en las plataformas digitales una alternativa de ingresos frente a la precariedad laboral que atraviesa todo nuestro país, ofrecen un servicio que, en la práctica, ha superado en calidad, seguridad y comodidad al transporte público tradicional del estado; mientras las y los veracruzanos lidian todos los días con camiones viejos, inseguros y operadores que trabajan sin condiciones dignas, las autoridades parecen tener tiempo, recursos y energía para “cazar” a quienes sí cumplen, sí trabajan y sí tratan de mejorar su vida sin perjudicar a nadie.
Hace apenas unos meses, se les obligó a registrarse ante el Seguro Social, una medida que los reconoce como trabajadores formales, con derechos y obligaciones. Si ya el propio Estado los considera empleados, ¿dónde está entonces lo ilegal? ¿Qué es lo que supuestamente están violando? ¿Cuál es la razón para montar operativos encubiertos contra personas cuyo único delito es manejar un coche y prestar un servicio que millones utilizan a diario?
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Esta contradicción revela una falla mucho más profunda, el gobierno estatal y municipal actúan como si perseguir a los conductores de aplicaciones resolviera alguno de los graves problemas del transporte público.
En lugar de invertir en infraestructura, exigir estándares de calidad y seguridad, o proteger de verdad a los usuarios que dependen del transporte todos los días, las autoridades optan por el camino más fácil; intimidar al que sí trabaja, porque es más sencillo detener a un conductor de plataforma que enfrentar los intereses enquistados del transporte tradicional o de seguridad, es más rápido montar operativos clandestinos que profesionalizar un sistema colapsado.
Pero la pregunta de fondo sigue ahí, incómoda, urgente, evitando ser respondida por quienes tienen la obligación de hacerlo ¿Por qué perseguir a quienes se ganan la vida honestamente en lugar de atender las verdaderas necesidades de la gente?
Haciendo zoom… Cada patrulla enviada a detener a un conductor de InDrive o Didi es una patrulla que no está cuidando a las mujeres que viajan con miedo, que no está atendiendo los robos en colonias abandonadas, que no está respondiendo a las comunidades que se sienten completamente desprotegidas. La arbitrariedad no solo es injusta; es un síntoma de un gobierno que ha perdido el rumbo de sus prioridades, mientras no exista claridad legal y voluntad política, estas escenas se repetirán y cada una de ellas será un recordatorio más de que en Veracruz, a veces, trabajar honestamente puede ser más riesgoso que delinquir.