En Veracruz, los mercados no solo son el alma del comercio local, también son espejo de lo que somos, un reflejo entre el trabajo honesto, la costumbre y por desgracia, la impunidad con sello institucional. El caso del mercado Malibrán y los locales 23, 25 y 27 es un ejemplo más de cómo la ley puede quedar arrumbada entre pasillos, mientras los intereses personales y la inacción oficial le pasan por encima.
De acuerdo con la resolución emitida por el Ayuntamiento de Veracruz el pasado 4 de septiembre de 2025, la inquilina Arcelia Paredes Ortiz debía entregar los locales que ocupa y que no son de su propiedad a su legítima dueña, Diana Álvarez Jiménez, sin embargo, Paredes decidió ignorar el mandato, romper los sellos de inhabilitación y, con insultos y maltratos, retar a las autoridades municipales que acudieron a notificarle.
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El abuso no termina ahí, lo más preocupante no es la rebeldía de una comerciante que actúa fuera del marco legal, sino la pasividad de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley. El director de Comercio, Jorge Manuel Díaz Mirón Rabasa, lejos de respaldar a los inspectores agredidos o de iniciar un procedimiento de desalojo, ha optado por el silencio, ese silencio que, en política local, suele tener precio.
¿Mensaje del Ayuntamiento?
¿Qué mensaje manda el Ayuntamiento de Veracruz cuando permite que se rompan sellos municipales sin consecuencias? ¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno que se dice respetuoso de la ley, si tolera que una resolución oficial quede en el olvido por conveniencia o por miedo?
El reglamento de mercados es claro, no existe figura legal alguna que permita a un inquilino “adueñarse” de un local municipal por derecho de antigüedad o “regularización por temporalidad”, en otras palabras, Arcelia Paredes no solo actúa al margen de la ley, sino en franca burla a las instituciones, sin embargo, el Ayuntamiento, ese mismo que presume orden y transparencia. parece dispuesto a dejar pasar el atropello.
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La legítima propietaria, Diana Álvarez Jiménez, obtuvo una resolución judicial y administrativa a su favor, con el oficio DC/1239/07/2019 que restituye sus derechos, pero ese papel, como tantos otros en la historia burocrática de Veracruz, se ha vuelto poco más que un adorno en un expediente polvoso.
El riesgo ahora es que este conflicto se herede a la próxima administración municipal encabezada por Rosa Hernández Espejo, con el costo político y social que eso implica, porque cuando la autoridad no impone orden, abre la puerta a la anarquía del mercado, donde cada quien hace su propia ley y el abuso se normaliza.
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Haciendo zoom…
En un Veracruz donde las reglas se doblan según quién las interprete, lo ocurrido en el Malibrán no es una simple disputa por locales, es una advertencia; si el Ayuntamiento no hace valer su propio reglamento, si los directores se esconden tras el silencio cómplice, entonces el mensaje es claro, en esta ciudad, la ley se respeta solo cuando conviene. La alcaldesa Paty Lobeira tiene la última palabra y no solo se trata de hacer cumplir una orden; se trata de demostrar que en su gobierno no se negocia con la justicia, porque cuando la autoridad calla ante el abuso, el poder deja de ser institucional y se vuelve personal.
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