El cambio climático es una realidad innegable que amenaza tanto a la naturaleza como a la vida humana. En México, se estima que mil 448 municipios presentarán una vulnerabilidad muy alta o alta por los cambios climatológicos. Por otro lado, existen estudios que indican que los costos económicos asociados con este fenómeno podrían representar para México al menos el 6.9% del PIB en 2050 y 18.4% para 2100. Estos impactos se extienden a sectores clave de la economía, como el ganadero, el cual podría experimentar una reducción de sus ingresos de entre 13.4% y 16.9% entre 2041 y 2060.
Ante esta situación, el financiamiento para hacer frente al cambio climático se ha convertido en una prioridad a nivel mundial. El Acuerdo de París ha impulsado la canalización de recursos para ello y mantener el aumento de la temperatura en este siglo por debajo de los 2°C. En México, los recursos públicos destinados para el financiamiento climático provienen principalmente de tres fuentes: el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); los fondos públicos; y los instrumentos financieros verdes.
Los recursos totales para el financiamiento climático de México en 2023 alcanzarían los 271 mil 589 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento real de 151.2% en comparación con 2017. Sin embargo, es importante analizar a detalle esta cifra, ya que no refleja en su totalidad los recursos efectivamente destinados a combatir el cambio climático.
Del financiamiento climático para 2023, 197 mil 919 mdp se identificaron a través de los anexos transversales del PEF. Sin embargo, sólo 59 mil 660 mdp se destinan a acciones a favor del cambio climático, lo cual equivale al 30% de los recursos originales. Esto se debe a que los anexos transversales "Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios" y "Recursos para la adaptación y mitigación" contemplan cuarenta programas presupuestales, de un total de sesenta y dos, cuyos objetivos son ajenos a las acciones en favor del cambio climático como, el servicio de transporte de gas natural e infraestructura ferroviaria.
En cuanto a los fondos públicos, estos aportan 316 mdp, pero su participación ha disminuido debido al Decreto emitido en 2020 que reformó y extinguió el Fondo para el Cambio Climático, el fondo sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética y el fondo de investigación ambiental.
Por el contrario, los recursos provenientes de los instrumentos financieros verdes, como los bonos verdes y bonos soberanos sustentables, han experimentado un notable crecimiento. Entre 2017 y 2023, su participación ha aumentado en un 793.9% en términos reales. Para el presente año, los recursos de este componente ascienden a 73 mil 354 mdp.
En resumen, se destinarán efectivamente 133 mil 330 mdp en favor del cambio climático desde los recursos públicos, lo que equivale al 0.4% del PIB. De estos, el 55% proviene de instrumentos financieros verdes, 44.8% del PEF y el 0.2% de los fondos públicos. La composición de estos recursos plantea ciertos aspectos a considerar:
En primer lugar, la extinción de los fondos públicos que apoyaban la lucha climática ha resultado en una disminución de su participación en los recursos totales. Además, los recursos que antes se destinaban a estos fondos no se han canalizado hacia programas presupuestarios que podrían tener un mayor impacto en la adaptación y mitigación al cambio climático. En segundo lugar, los recursos provenientes de los instrumentos financieros de deuda son mayores que los provenientes de los recursos del PEF, lo cual podría generar presiones sobre la sostenibilidad financiera del país. Y, por último, en México se sigue privilegiando el uso de combustibles fósiles, como lo demuestran los incentivos fiscales al Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, los cuales se estima que alcanzaron los 387 mil 298 mdp en 2022. Si hacemos una comparación, esta cifra es 65.6% mayor a los recursos que se plantea destinar en 2023 para hacer frente a la crisis climática.
Por lo anterior, es esencial que los recursos públicos destinados a enfrentar el cambio climático sean suficientes para cumplir con los objetivos ambientales y sociales, además de ser eficientes tanto en la respuesta a los desafíos climáticos como en la sostenibilidad fiscal del país.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analizó el financiamiento climático. El análisis puede consultarse en https://ciep.mx/Zizp.
César Augusto Rivera de Jesús | Investigador. Economista por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con Especialidad en Economía Ambiental y Ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como voluntario en “ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad” donde colaboró en las revisiones de los Planes de Acción Climática Municipal; analista de tarifas de suministro eléctrico y precios de combustibles en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); y enlace de control y seguimiento de anteproyectos regulatorios en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Además, cuenta con una publicación en la revista “El semestre de las Especializaciones” de la UNAM sobre la Capitalización de las externalidades causadas por los rellenos sanitarios en el precio de las casas.
Actualmente es investigador en el CIEP en temas de transición energética y medio Ambiente. Interesado y apasionado por los temas relacionados con economía, la transición energética y el medio ambiente.