El consejo nacional de Morena aprobó este domingo un acuerdo que establece las reglas y plazos para la designación de quien asumirá la coordinación de la defensa de la transformación, que no es otra cosa que un proceso adelantado para definir la candidatura presidencial, dándole vuelta a la legislación electoral que prohíbe los actos anticipados de precampaña y campaña, y establece con claridad cuándo se pueden llevar a cabo los procesos internos de los partidos políticos.
Las cuatro personas aspirantes de Morena invitadas por el consejo nacional (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal), así como las que propongan sus partidos aliados (Manuel Velasco por el PVEM y Gerardo Fernández Noroña por el PT), tienen hasta este viernes para manifestar su intención de participar y renunciar a sus cargos públicos, para que a partir del lunes 19 de junio y hasta el 27 de agosto puedan recorrer el país supuestamente para informar sobre los logros de la 4T y promover la democracia. La realidad es que estarán en campaña abierta durante 70 días fuera de los tiempos electorales lo que les dará ventaja frente a la oposición, y entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre se levantará la encuesta de la cual resultará la persona ganadora. Es decir, el INE apenas estará iniciando los trabajos de organización del proceso electoral 2023-2024 cuando el oficialismo ya tendrá candidata o candidato con más de cinco meses de anticipación al registro de candidaturas, lo que puede afectar seriamente las condiciones de equidad en la competencia electoral.
Además, hay que considerar que cuando menos llevaban más de un año promoviendo su imagen, aprovechando la exposición e infraestructura que les daban sus cargos públicos en el gobierno federal, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o el congreso, pero también mediante eventos masivos, anuncios espectaculares y bardas por todo el país (“#EsClaudia”; “Con Marcelo Sí”; “Que siga López, estamos Agusto”; “Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, todos con Monreal”). Por lo que es obligado preguntarse cuánto ha costado ese enorme despliegue propagandístico y de donde salieron los recursos para pagarlo, al igual que en el caso de las giras, eventos, movilización, propaganda, logística, comunicación, operación en redes y todo lo que habremos de ver en los próximos dos meses y medio.
Aunque en el acuerdo de Morena se estableció la prohibición de utilizar recursos públicos, empresariales o de actividades presumiblemente ilícitas, no queda claro si las personas aspirantes recibirán financiamiento del partido, cuánto podrán recibir de aportaciones individuales, tampoco se definieron topes de gastos ni su fiscalización, y preocupa que el INE tendrá poco margen para revisar el origen, monto y destino de los recursos involucrados bajo el argumento de que aún no estamos en proceso electoral y se trata de una actividad partidista.
Sería ingenuo pensar que la y los aspirantes cubrirán el costo de las giras con sus ahorros como lo declaró hace un par de días el todavía secretario de gobernación –para sostener una campaña se requieren cuantiosos recursos por lo que sólo se explicaría si hubieran acumulado una gran suma para ello–, y que no intervendrá el gobierno federal, los estatales o municipales, o que no recibirán apoyos externos con los compromisos que ello genera. Precisamente uno de los principales problemas en nuestra democracia electoral es el dinero ilegal tanto público como privado que llega a partidos y candidaturas, pero al parecer lo que tanto les agraviaba y combatían como oposición, hoy parece no importar desde el poder.