Migrar es un derecho humano, no está sujeto a debate, históricamente ha sido un fenómeno permanente, inclusive ha sido una característica que ha definido a la especie humana, desde las primeras civilizaciones hace unos 100 mil años, los homo sapiens emigraron a otros territorios en búsqueda de mejores condiciones para subsistir, en esos tiempos estas características consistían en lugares con los recursos naturales y climáticos idóneos: agua y alimento.
En el siglo XXI la migración es consecuencia de las desigualdades y del fracaso de los estados a falta de brindar las condiciones mínimas para una vida digna a sus habitantes; la pobreza, la inseguridad, el cambio climático, así como los desplazamientos forzados originados por la violencia y la guerra, son las características vigentes que desembocan en la necesidad de las familias y las personas a migrar.
Equivocadamente se criminaliza y se discrimina a quienes son migrantes, y es decir lo menos porque en realidad son receptores de la violencia más extrema y de xenofobia vulnerando sus derechos, integridad y seguridad no solo de parte de civiles sino por parte del Estado.
El pasado 27 de marzo quedó evidenciada la realidad más cruel a la que son sujetos los migrantes en México, originada en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se suscitó una tragedia sin precedentes en la que 39 personas migrantes perdieron la vida y 28 resultaron heridas, cuando servidores públicos del Instituto Nacional de Migración ante un incendio provocado dentro de las celdas del mal llamado “albergue de migrantes” salieron de las instalaciones y dejaron que los migrantes se quemaran vivos y perdieran la vida.
Así de grotesco, inhumano y cruel fue la acción que desviste de cuerpo entero al Estado mexicano. En el párrafo anterior referí que los migrantes que murieron por negligencia lo hicieron supuestamente en un albergue de migrantes, pero en realidad es un centro de detención arbitraria que evidentemente viola la Constitución y sus derechos humanos. Lo anterior, es un hecho al que se le debiera tipificar como un Crímen de Estado.
La muestra es la determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde resuelve que en todo proceso migratorio el Estado mexicano se encuentra obligado a asignar un defensor o defensora de oficio para las personas migrantes, en lo cual es omiso, también en esta misma determinación, se decretó inconstitucional el artículo 111 de la Ley de Migración que versa sobre los períodos de detención en estaciones migratorias que van de quince días hasta los sesenta días hábiles, reduciéndolo a un plazo de 36 horas por lo que ninguna persona migrante debe de ser privada de la libertad más tiempo y cualquier situación migratoria debería resolverse antes de dicho plazo.
Los hechos recientes deben servir para cuestionar y modificar el papel de las autoridades y la errónea estrategia que se ha adoptado ante la migración, también de la responsabilidad legal y política del Estado mexicano. No es cosa menor que quien debe de procurar el cumplimiento de la ley, la viole. Recordemos que la política migratoria del Estado mexicano está sujeta a obligaciones internacionales, incorpora principios tan trascendentales como garantizar el interés superior de la niñez, privilegiar la no separación de las familias, y la convencionalidad en el tránsito migrante por nuestro país.
Ésta, como otras fallas en las políticas públicas de este gobierno, tiene origen en la falta de planeación, el desconocimiento del tema, el regateo permanente de los recursos públicos y sobre todo que la detención de migrantes se haya vuelto una política punitiva contraria al histórico papel de México en este tema.
Siempre debemos recordar que la migración no es una cuestión de gusto, es una necesidad, la ciudadanía debe ser empática y el Estado mexicano necesita promover y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a cada migrante que entre a territorio mexicano y a cada inmigrante connacional que sufra en carne propia vejaciones, criminalización y discriminación.
Que nadie nunca olvide que cada persona migrante busca la supervivencia y va en camino a la búsqueda de un sueño: mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.