“¡Pónganse de acuerdo…! En todos los temas tengo claro lo que haremos, menos en salud”, urgió el ahora presidente López Obrador al grupo de colaboradores que, en aquel otoño de 2018, antes del inicio del actual gobierno, enfrentaba posiciones al intentar definir una estrategia para revolucionar el sector conforme las promesas de campaña del tabasqueño. En ese grupo se hallaban futuros funcionarios: Carlos Urzúa, quien sería secretario de Hacienda; Raquel Buenrostro, oficial mayor de la misma; Jorge Alcocer, titular de Salud, y Germán Martínez, director del IMSS.
La política pública surgida en los meses posteriores acumulaba ya cuatro años, cuando la semana pasada un paquete de reformas impuestas por el oficialismo en el Congreso federal sepultó la infraestructura jurídica e institucional cuya cabeza visible fue el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Sólo entre 2020 y este 2023, este organismo tuvo asignado el manejo de aproximadamente 600 mil millones de pesos, lo que incluyó compra y distribución de medicamentos y equipos médicos, contratación de casi 90 mil trabajadores y el manejo del fidecomiso que cubrió pagos de lo que fue el Seguro Popular.
La liquidación del Insabi, dirigido por Juan Antonio Ferrer Aguilar, amigo y paisano presidencial con experiencia en el campo de la antropología, alejará la posibilidad de que se rindan cuentas ante el caos operativo y financiero señalados en forma reiterada por Coneval, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Órgano Interno de Control del Insabi. El rostro de ese desastre con señales de una corrupción galopante lo simboliza Alejandro Calderón Alipi, quien se desempeñó a cargo de la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de todo tipo de medicamentos y equipos de salud en el Insabi. Cada año por sus manos pasaron contratos por más de 70 mil millones de pesos, similares al que le presento en esta entrega.
Calderón Alipi es un amigo cercano de Andrés López Beltrán, hijo del Presidente. Ambos fueron compañeros de banca durante su adolescencia en el Colegio Americano. Al parecer ello favoreció el que una docena de integrantes de la familia Alipi disfruten de plazas con buenos sueldos tanto en el gobierno federal como en el de Tabasco, en este caso desde la gestión del exgobernador Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación, como le he informado en este mismo espacio.
El paquete de reformas a la Ley de General de Salud aprobado agrava la incertidumbre que ya arrastraba el sector salud, en rubros como caída de casi 30 mil millones de pesos en los recursos asignados al anterior Seguro Popular, que atiende a más de 65 millones de personas sin acceso a ningún sistema de salud social; el deficiente abasto de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos; las miles de plazas para personal de salud no cubiertas en todos los niveles, desde el básico hasta el de alta especialidad; la inoperancia de la infraestructura establecida en hospitales, muchos de ellos abandonados; el rezago en la autorización de miles de nuevos medicamentos y equipos ya vigentes en múltiples naciones, pero atorados aquí por el regulador nacional, Cofepris.
Todo ello se resume en una sola cifra: la inversión -pública y privada- destinada a la salud en México alcanza hoy escasamente 3% del PIB, el menor porcentaje de los países de la OCDE de la que formamos parte; una de las más bajas incluso a nivel América Latina, y apenas la mitad de lo que recomiendan como mínimo Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.
El sector salud ya estaba en llamas cuando en las cámaras de Diputados y Senadores fue aprobado en días pasados la nueva estructura del sistema nacional -sin discusión alguna en comisiones, en ausencia de la oposición y al parecer, sin contar con el quórum legal-, para depositar su eje central en el IMSS-Bienestar, como por casi cinco años, desde aquella convulsa reunión, lo propuso su entonces director, Germán Martínez, según lo expuso en un testimonio al respecto.
Las comentadas reformas asumen expresamente el fracaso de la visión sostenida desde su inicio por el gobierno López Obrador, lo que debe incluir no sólo el malogrado desempeño del Insabi, a cargo de Ferrer Aguilar. Este debería ser sujeto a investigaciones judiciales y administrativas, pero anunció que buscará se le asigne un cargo legislativo, fuero incluido. También se debe incluir la desastrosa gestión de la pandemia por la covid-19, manejada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en los hechos secretario de Salud ante la fantasmal presencia del secretario Jorge Alcocer.
Dichas reformas ameritarán un nuevo abordaje en este espacio. Existe polémica desde ahora sobre si sus medidas, ahora sí, se orientan en el sentido correcto. Pero lo tumultuoso de su aprobación en el Congreso atrae el riesgo cierto de que acaben en la Corte. Y la cercanía del final del sexenio provoca una dosis adicional de incertidumbre.
Por ahora, el balance es que quizá nunca como en nuestra historia moderna como país estuvimos más lejos que ahora de contar con un sistema de salud más justo, universal y eficaz. Será para la próxima (generación), Dinamarca.