Turbas violentas, miles de radicales simpatizantes del ex presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, asaltaron las sedes del Congreso Nacional, de la Presidencia y el Tribunal Supremo de Brasilia ubicados en la Plaza de los Tres Poderes, exigiendo una intervención militar para desestabilizar al Gobierno de Luíz Inácio Lula da Silva.
Los golpistas estaban acampados a nueve kilómetros de estas instituciones desde que Bolsonaro perdió la elección hace dos meses, y este domingo, 8 de enero, decidieron superar las barreras policiales y atacar al corazón del poder en la capital de Brasil, situación que el ministro de Justicia, Flavio Dino ha calificado como “acto terrorista”, e intento de “golpe de Estado”. “Estamos seguros que la gran mayoría de la población no quiere que se imponga esta oscuridad”, comentó.
El presidente Lula acusa a su predecesor y a los partidos que lo apoyaron de estimular la invasión, pues de hecho existen varios discursos del ex presidente Bolsonaro estimulando la violencia contra el gobierno electo.
La derecha golpista quiere hacer otra de las suyas en Brasil. No pasarán en ningún país de nuestra Latinoamérica, se vuelven golpistas y dan la espalda a la ley cuando la democracia favorece al pueblo, pero no a los poderosos, a los plutocráticos, y a los “valores” en los que se encuentran anclados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es: “Reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil azuzados por la cúpula del poder oligárquico, sus voceros y fanáticos. Lula no está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo”.
“Aprovecharon el silencio del domingo para atacar cuando aún estamos formando el Gobierno”, dijo Luiz Inácio Lula Da Silva. El asalto de Brasilia recuerda el perpetrado al Capitolio hace dos años, el 6 de enero, en Estados Unidos.
Fracasarán y acabarán en prisión, y “pagarán con la fuerza de la ley”, ha asegurado el presidente de Brasil, quien decretó la intervención federal hasta el 31 de enero de 2023, para poner fin a la grave amenaza para el orden público, tras la invasión a las instituciones estatales en Brasilia, y aseguró que “los policías que ayudaron a los terroristas en los ataques en Brasilia no pueden quedar impunes y no pueden permanecer en la corporación porque no son dignos de confianza”.
Aseguró también que los causantes del movimiento terrorista que ha promovido la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados. Hasta el momento el número de detenidos asciende a 260, según la cifra ofrecida por la Policía Civil.
No hay precedentes en la historia de Brasil de saqueos e invasiones de edificios públicos como los ocurridos en Brasilia; todo indica que si estos grupos ultraderechistas no controlan la democracia, la asaltan.
A partir de los hechos ocurridos, la seguridad del presidente Lula ha sido reforzada y la condena internacional, desde Estados Unidos a China, pasando por la Unión Europea y América Latina ha sido unánime.
Después de dos horas del asalto, Jair Bolsonaro, que está en Florida, salió a decir que “son falsas las acusaciones sin pruebas por parte del actual jefe del ejecutivo en Brasil”, siendo ésta la primera vez en que reconoce el relevo y que Lula es el actual presidente.
Mi solidaridad con Brasil, Lula y el movimiento popular de nuestro país hermano. La democracia en Brasil no se verá desestabilizada por la violencia, ni por el fallido intento golpista que venía perfilándose desde las primeras horas del triunfo de Luíz Inacio Lula Da Silva. ¡Democracia siempre!