Al iniciar el sexenio la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), urgió al gobierno federal a mejorar las capacidades para garantizar la reparación y los derechos humanos de las víctimas, así como las atenciones otorgadas, de lo contrario la CEAV solo sería un conjunto de formalismos y enunciaciones.
De acuerdo con el Panorama general de la atención a víctimas en México para la formulación del PAIV 2019- 2024, incluido en la base de correos obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya, se detectaron cuatro categorías esenciales para mejorar y garantizar la atención de las víctimas que acuden a la institución.
La primera de ellas es la “Incipiente atención y acompañamiento a víctimas de la violencia a gran escala con el enfoque de la justicia transicional; a decir, mecanismos que garanticen su derecho a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la consecución de medidas de no repetición”.
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El estudio menciona el desconocimiento de la caracterología de las víctimas, de caso y de contexto, lo que limita el diseño e instrumentación de estrategias de acercamiento y abordaje institucional bajo criterios de pertinencia, oportunidad y debida diligencia.
La identificación de los casos depende de la participación activa y sustantiva de las propias víctimas, quienes desconocen los términos, conceptos y referencias normativas de la justicia transicional, desconocimiento que presente en el personal de las instituciones públicas.
“Desde tal desconocimiento en el ámbito institucional, la formulación de las políticas públicas para el desarrollo de las regiones y de los distintos sectores - que podrían relacionarse con los derechos a la reparación del daño y de instauración de medidas de no repetición- resultan potencialmente limitadas en tanto que pasan de largo la existencia de conflictos, la comisión de delitos graves y las violaciones a derechos humanos que afectan o han afectado a amplios sectores de la población”.
La falta de conocimiento, según el análisis, no permite el acceso al derecho a la verdad y la memoria al no permitir el acceso a los documentos e investigaciones realizadas, así como el riesgo de que los victimarios ejerzan violencia contra las autoridades o víctimas durante el proceso.
El derecho a la justicia tampoco está garantizado, al no tener personal suficiente para dar atención, acompañamiento y orientación a las personas que acuden a la CEAV, así como la sobrecarga de trabajo de los trabajadores.
La reparación del daño tampoco está garantizada, principalmente por la “inoperatividad del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que por mandato de la Ley General de Víctimas debe ser la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en esta materia”.
Otro de los derechos limitados es la instrumentación de medidas de no repetición, el cual se origina por que el sistema “adolece de políticas orientadas a sentar las bases de un cambio en el orden social respecto al conocimiento y comprensión de los derechos humanos de todas las personas y las repercusiones de su violación sistemática o estructural”.
La segunda categoría son las “debilidades y deficiencias para la institucionalización de servicios integrales y especializados de ayuda inmediata, atención, asistencia y reparación del daño a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos”.
Las carencias identificadas son por “la falta de coordinación al referenciar a víctimas y la necesidad de un mecanismo interinstitucional que permita canalizar de inmediato a las víctimas sin que se atente contra su dignidad y sean revictimizadas”.
Según la CEAV, la falta de coordinación origina la falta de información, transparencia y difusión, al no existir en México bases de datos confiables de personas desaparecidas, así como de desplazamiento forzado interno. Las deficiencias en el Sistema Nacional de Víctimas (SNAV), son otro de los factores, al no contar con el personal suficiente para atender a las víctimas, lo que ha originado revictimización.
“La apreciación de una ausencia de cifras oficiales y falta de reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de la existencia del problema, lo que provoca su invisibilidad”.
También, existe la falta de información que se entrega a las personas que acuden a la CEAV. Los testimonios recabados mencionan: “no fui informada abiertamente de todo. Me he ido enterando poco a poco a qué tengo derecho y de qué manera lo puedo pedir o tramitar.”
En la evaluación y seguimiento, tampoco se tienen mecanismos adecuados para medir y presentar resultados sobre los avances realizados por las autoridades para dar con el paradero de las personas.
“Es así que, una de las falencias más rotundas en el planteamiento de políticas públicas en general y en materia de atención a víctimas en lo particular es que los mecanismos de seguimiento y evaluación no se han consolidado para derivar una visión amplia y crítica sobre los avances, desafíos y áreas de mejora continua”.
Uno de los principales problemas identificados por la CEAV, son las deficiencias en los servicios de atención a víctimas al no contar con medidas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación a víctimas.
Carencias para dar atención a víctimas
La tercera categoría en la que la CEAV urgió a trabajar, son las “limitaciones institucionales para brindar atención especializada a víctimas de delitos de alto impacto y de violaciones graves de derechos humanos”.
De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Estado debe garantizar que las víctimas, reciban asistencia, protección y seguridad; educación, capacitación y empleo; asesoría legal, acceso a la justicia y protección durante los procesos judiciales; Información veraz y comprensible; atención a la salud física y emocional; refugio seguro; acceso a apoyo diplomático y consular; regreso voluntario y seguro a su país de origen o residencia en el país de destino; compensación económica por los daños sufridos; y la obligación de respetar su dignidad y garantizar su privacidad y confidencialidad.
Sin embargo, las víctimas de violencia sexual, secuestro, desaparición y desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias, así como desplazamiento forzado interno, no tienen garantizada la atención, por la falta de programas de atención, así como sanciones a los victimarios.
En el caso del desplazamiento forzado interno, el análisis refiere que la “ausencia de cifras oficiales y falta de reconocimiento por parte de las autoridades a su existencia que provocan su invisibilidad, e incluso, se puede afirmar que aún no hay un reconocimiento oficial sobre este tema, y no se cuenta con mecanismos institucionales normativos para la atención y protección que la población desplazada requiere”.
El último y prioritario para la CEAV son las “necesidades particulares de grupos sociales vulnerados históricamente que son soslayadas en la implementación de medidas de ayuda”, principalmente, en agravio de menores de edad.
“En contextos de violencia a gran escala, un gran número de víctimas indirectas son niñas, niños y adolescentes. Por lo anterior, es necesario generar mecanismos de asistencia, ayuda para este grupo poblacional como víctimas directas e indirectas. Para ello es fundamental la concurrencia de esfuerzos por parte de las instituciones que prestan servicios de salud, educación y bienestar a este grupo de población, para lo cual es fundamental el funcionamiento del SNAV”.
La CEAV consideró que era necesario contar con estudios cualitativos y ejercicios de consulta que incluyan testimonios de víctimas y sus familiares, así como del personal que labora en su atención.
“En el marco del Pacto de Reconciliación Nacional convocado por el presidente de la república, se llevaron a cabo foros regionales de escucha en 16 entidades federativas, en los que las personas participantes expusieron deficiencias en la aplicación de los principios y enfoques establecidos en el artículo 5º de la LGV, por parte de las instancias que conforman el SNAV. Estas deficiencias se agravan por factores estructurales como el aumento de la violencia en todo el país sumado a condiciones institucionales como la escasez de recursos humanos y materiales que han ocasionado que las instituciones se encuentren rebasadas en su capacidad”.