GUACAMAYA LEACKS

Contra crimen organizado, Sedena se equipa con drones y antidrones por más de 200 millones

De acuerdo con un proyecto ideado por el Ejército, equiparse con drones y sistemas antidrones tendrá un costo de más de 207 millones de pesos

Créditos: Especial
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Antes de finalizar el sexenio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espera contar con una flota de 100 drones y antidrones para ser utilizados en el combate contra el narcotráfico, así como para evitar atentados en eventos masivos contra de civiles, autoridades de los tres niveles, diplomáticos e instalaciones de seguridad nacional.

De acuerdo con el proyecto “Sistema de Supervisión y Control de Dispositivos Electrónicos Controlados a Distancia (Sistema Anti-Dron)” ideado por el Ejército en 2019, tendrá un costo de más de 207 millones de pesos.

Para la Sedena es necesario contar con los drones, ante posibles actos contra la población civil, autoridades civiles y militares, personal de diplomáticos y bienes estratégicos del país por parte de “personas desafectas” al actual gobierno.

“Ante el avance tecnológico en materia de drones, y a los recursos ilimitados con que puede contar las organizaciones o personas desafectas al actual gobierno; persiste el proyecto de adquirir el Sistema de Supervisión y Control de Dispositivos Electrónicos Controlados a Distancia (Sistema Anti-Dron) y sus complementos, para mitigar el alto riesgo de la seguridad e integridad de la población civil, autoridades civiles y militares, personal de diplomáticos y bienes estratégicos del país”.

También, por el aumento de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) arrojados a través de drones por organizaciones criminales en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Chiapas. Los estudios realizados por la Sedena aseguran que los aparatos pueden ser manipulados a una distancia de 5 kilómetros y pueden llevar hasta 2.7 kilogramos de explosivos.

“Se detectó que con los avances tecnológicos y las características técnicas con la que cuentan los ‘Drones’, estos pueden ser operados a una distancia aproximada de hasta 5 kilómetros de su objetivo, cuentan con la capacidad de carga de hasta 2.7 kilogramos, características que personal de la delincuencia organizada utiliza para realizar actos en contra de funcionarios, población civil, autoridades civiles y militares e instalaciones estratégicas del país, en actos públicos y conmemoraciones de las fechas importantes de la nación, en los cuales asisten un promedio de 100,000 a 140,000 personas”.

La adquisición de los drones, se encuentran enlistados en los miles de correos del Ejército obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya. De acuerdo con la información, las primeras adquisiciones se efectuaron en los meses de junio y octubre de 2020, a través de la adquisición de 4 Equipos portátiles antidron (contrato DN10-SAIT-232/P/2020); 5 Radios portátiles (contrato DN10-SAIT-196/P/2020); y 1 Sistema de inhibición portátil (contrato DN10-SAIT-247/P/2020)  por un costo de 5 millones 405 mil 663.61 pesos.

Un año después, la Secretaría de la Defensa Nacional desembolsó 12 millones 88 mil 474.88 pesos en la compra de seis equipos antidron, cuatro drones, así como en un “Sistema Antidrones para reforzar la seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional”. El costo de los equipos para resguardar la seguridad de las instalaciones donde habita el presidente Andrés Manuel López Obrador fue de 5 millones 487 mil 360.32 pesos (contrato SAIT-218/P/2021).

A mediados de 2022, el aumento de los ataques del crimen organizado contra militares en estados del país, llevó a la Sedena a solicitar al gobierno federal, la asignación de recursos para contar con equipo de drones y antidrones para hacer frente al crimen organizado.

“Toda vez que la incidencia de agresiones a personal militar que realiza actividades operativas en beneficio de la población y a la necesidad de que no se vulnere el Estado de derecho en diversas entidades federativas con alta incidencia de actividades ilícitas por parte de la delincuencia organizada, hace indispensable la ejecución del presente proyecto”.

Entre los equipos que la Sedena busca adquirir se encuentra “1 (un) Sistema de detección e inhibición portátil”, el cual incluye “4 (Cuatro) equipos antidrones para atención de la 43/a. Zona Militar”, en Apatazinga, Michoacán.

“Adquisición de 4 (cuatro) equipos antidrones para atención de la 43/a. Z.M. (Apatzingán, Mich.), por la urgencia y prioridad de contar con los bienes para la protección de personal e instalaciones militares en zonas de conflicto, por un monto de    $ 31´777,776.37 con I.V.A. incluido”.

El Sistema de Detención, también incluye: “adquisición de 50 Aeronaves pilotadas a distancia (RPA) drones, para aumentar la capacidad operativa de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo en donde se llevan a cabo operaciones militares en el interior de la república, por un monto de $ 10,902,776.20 con I.V.A. incluido”.

Además, del Sistema de Detención, se espera contar con la aprobación para la compra de “36 Aeronaves pilotadas a distancia (RPA) drones, para aumentar la capacidad operativa de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo en donde se llevan a cabo operaciones militares en las zonas de conflicto, por un monto de $ 7,849,998.86 con I.V.A. incluido”.

Hasta junio de 2021, los documentos clasificados como “secreto” o “confidencial” del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, aseguraban que el uso de Artefactos Explosivos Improvisados, solo eran catalogados de 'alto impacto mediático', ya que no se consideraban “como una táctica sostenida por parte de algún actor no estatal, ni se advierte sofisticación técnica”.

Sin embargo, en los hechos, el uso de AEI en este sexenio ha proliferado, en comparación al gobierno de Enrique Peña Nieto (89 ataques), mandato donde se documentó el primer caso. La base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenida por Guacamaya, solo tiene registros por entidad hasta el 28 de febrero de 2022. Hasta esa fecha, solo se documentaron 288 ataques, 39 menos de los efectuados hasta el 1 de septiembre de ese mismo año en el informe que se presentó al gobierno a autoridades de seguridad de Estados Unidos.

Los 288 ataques documentados en este sexenio (1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2022) representan un aumento del 223.6% en comparación al sexenio anterior. Según la Sedena, en los 288 incidentes, registrados en este sexenio, se utilizaron mil 342 artefactos explosivos, algunos lanzados a través de drones

MRV