El gobierno de Biden está negociando un acuerdo con el gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que podría permitir a las autoridades estadounidenses llevar a cabo deportaciones a gran escala de migrantes no mexicanos a través de la frontera, por primera vez, confiaron a The Washington Post cuatro funcionarios y ex autoridades estadounidenses familiarizadas con las discusiones.
Con las restricciones fronterizas de emergencia relacionadas con la pandemia, programadas para expirar antes de la mitad de este año y la legislación de inmigración estancada en el Congreso estadounidense, los funcionarios de Biden se están moviendo para implementar un nuevo modelo migratorio antes de las elecciones presidenciales. Su plan permitiría que cientos de miles de inmigrantes ingresen legalmente a los Estados Unidos, al tiempo que amenazan con severas consecuencias para quienes no sigan las reglas.
La capacidad de enviar rápidamente a los deportados no mexicanos a través de la frontera podría ser un gran avance para los funcionarios de Biden, quienes dicen que un número récord de cruces ilegales se ha visto impulsado por su incapacidad para devolver a los migrantes a sus países de origen.
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Doris Meissner, la principal funcionaria de inmigración de Estados Unidos durante la administración Clinton, dijo que no conocía ningún precedente de deportaciones masivas de no mexicanos a México. Ella dijo que las medidas podrían ser un "cambio de juego".
“Creo que estamos en una nueva era y un nuevo territorio”, dijo.
Funcionarios estadounidenses y mexicanos dijeron que las dos naciones no han llegado a un acuerdo sobre las deportaciones, pero el plan en discusión reforzaría las medidas que el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para anunciar la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de los solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos o no solicitan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera de EU.
Las medidas crearán una “presunción contra la elegibilidad para el asilo”, dijo la administración a la Corte Suprema en una sesión informativa esta semana, cuando los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente y se enfrentan a la deportación alegan temor a la persecución en sus países de origen.
Desde marzo de 2020, el gobierno de EU ha estado devolviendo a muchos no mexicanos a México bajo el título 42 de la ley de salud pública (por la pandemia por la covid-19). Pero los funcionarios de la administración de Biden argumentan que las deportaciones formales crearán las consecuencias legales que necesitan para disuadir los cruces ilegales.
Las deportaciones se llevarían a cabo mediante el proceso acelerado conocido como “expulsión acelerada”, según las Notificaciones del Registro Federal y funcionarios con conocimiento de los planes que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutirlos públicamente.
Los avisos emitidos por el DHS en enero pasado hacen múltiples referencias a que México aceptará las “remociones”, el término del gobierno para las deportaciones, cuando expiren las restricciones fronterizas del Título 42 relacionadas con la pandemia.
Un funcionario de la administración dijo el miércoles que las deportaciones a México se limitarían a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, como se indica en los avisos, principalmente cuando las autoridades estadounidenses no puedan enviar a los deportados a sus países de origen.