La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación contra autoridades del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de que el juez de Distrito Gustavo Aquiles Villaseñor en Funciones de Juez de Control, determinó no vincular a proceso a Ramón Sosamontes Herreramoro, excolaborador de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Ramón Sosamontes Herreramoro fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por un monto de 203 millones de pesos.
Durante la audiencia que se llevó a cabo ayer, el juez determinó que la Fiscalía General de la República no pudo comprobar el delito incluido en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-HGO/0002248/2017, ya que el convenio de 203 millones de pesos, entre Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo no fue ilegal.
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Al darse a conocer la no vinculación a proceso, la Fiscalía General de la República asegura que el juez no escuchó a los fiscales e interpretó a ley a su entendimiento, por lo que dará vista al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), apelará la determinación e iniciará una carpeta de investigación.
“Ante tal respuesta, y ante el acuerdo de referencia, que ofende el Derecho y la recta impartición de justicia, esta Institución dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que correspondan; también apelará el auto de referencia; e iniciará de inmediato una Carpeta de Investigación, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, fundamentalmente, en lo que se refiere a las fracciones VI, VII y VIII de dicho ordenamiento, que señalan las responsabilidades específicas de carácter penal aplicables al caso”.
Según la Fiscalía General de la República, Radio y Televisión de Hidalgo no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento.
“Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización”.
Durante la audiencia, según la FGR, los fiscales expresaron al juez su indebida interpretación de la Ley al momento de resolver el caso.
“El Ministerio Público le comunicó al Juez la preocupación de la Fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, misma que era contraria a las múltiples determinaciones emitidas por sus homólogos en casos similares en donde sí se vinculó a proceso a los imputados. A todo ello, no hubo una respuesta fundada y motivada del Juez, de conformidad con el criterio de esta Representación Social, manifestando únicamente al término de la audiencia, que ojalá y pronto la superioridad y los Magistrados de Circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras”.