FRAUDE INMOBILIARIO

Le dan mil años de cárcel al abogado de Punto Legal; el caso del fraude más grande en León

El abogado del caso Punto Legal en León fue sentenciado a más de mil años de cárcel por fraude inmobiliario contra 107 personas. La Fiscalía informó que el esquema de supuestos remates bancarios dejó un daño superior a 33 millones de pesos

Escrito en GUANAJUATO el

León.- El abogado del caso Punto Legal en León, Édgar Francisco pasará el resto de su vida en prisión. Fue condenado a más de mil años de cárcel por su responsabilidad en un unos de los fraudes inmobiliarios más grandes de León. La estafa masiva dejó como víctimas a 107 personas.

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Las resoluciones fueron emitidas los días 26 y 30 de junio de 2026. En la primera se dictaron 438 años y 4 meses de prisión. En la segunda se añadieron 580 años más, por hechos relacionados con el mismo esquema de engaño a compradores de vivienda.

De acuerdo con la investigación ministerial, el despacho Punto Legal ofrecía supuestos remates bancarios en León que no existían o no estaban disponibles para su venta. Las víctimas entregaron dinero con la promesa de adquirir una casa que nunca pudieron recibir.

La Fiscalía dio a conocer que las personas firmaban documentos que simulaban operaciones de compraventa. Sin embargo, los inmuebles seguían en posesión de sus propietarios originales o no estaban en proceso de remate legal.

En su comunicado se detalló que el fraude fue acreditado ante tribunales como un esquema repetido contra 107 víctimas. Además, se ordenó la reparación del daño por más de 33 millones de pesos, que incluye afectaciones materiales, morales y perjuicios.

Aunque la sentencia suma más de mil años de prisión, la legislación penal de Guanajuato establece un máximo de 80 años de cumplimiento efectivo en prisión.

El caso Punto Legal: uno de los fraudes inmobiliarios más grandes en León

El caso Punto Legal se convirtió en uno de los expedientes más amplios de fraude inmobiliario en León en los últimos años. El esquema se basaba en la oferta de supuestos remates bancarios difundidos principalmente en redes sociales.

Las víctimas realizaban pagos anticipados con la expectativa de adquirir una vivienda. Sin embargo, posteriormente descubrieron que los inmuebles no podían ser entregados o no estaban en proceso de venta legal.