TUXTLA GUTIÉRREZ.- “Si abres la boca de esto que pasó te vamos a meter droga en tu mochila y te vamos a acusar de narcomenudista”. Esta fue la sentencia que recibió Julio César Vargas Sol, de oficio estibador, de parte de uno de los tres policías municipales de la capital de Chiapas que lo “levantaron” para torturarlo y robarle dinero en efectivo.
El hombre, de 58 años de edad y originario de esta ciudad tuxtleca, cuenta que el pasado 16 de noviembre, alrededor de las 20:40 horas, salía de trabajar cuando, por sorpresa, una patrulla le cortó el paso. Sin un argumento sólido, más que el de ser un “sospechoso”, los uniformados lo esposaron y lo subieron a la patrulla a golpes.
Una vez en el interior de la camioneta oficial, la cual tiene bien identificada, los policías lo golpearon en piernas, costillas, cara, pecho y otras zonas del cuerpo. Le decían groserías y lo amenazaban de forma constante. Al final de la tortura, los oficiales se llevaron tres mil pesos que portaba en efectivo.
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Según la víctima, antes de que fuera abandonado en una calle solitaria del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, le “envolvieron” la cabeza con una playera y le advirtieron que, si se la quitaba, “le iría mal”.
Además, los uniformados le exigían que buscara la manera de conseguir otros 10 mil pesos “si quería quedar libre”. Julio César se rehusó y los uniformados no tuvieron de otra que “conformarse” con los tres mil pesos que ya le habían quitado.
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“Me dejaron en un bulevar solitario y enmontado, entonces caminé hacia el libramiento porque, por fortuna, conozco bien la ciudad, y cuando salí de ahí, a los 50 metros, había una patrulla de la policía estatal, cuyos elementos tomaron mis datos y la declaración de lo que me había ocurrido”.
Incluso, cuenta, uno de ellos le regaló 20 pesos para que tomara el transporte que lo llevaría a su casa. La Silla Rota acompañó a Julio, padre de dos hijos, a la zona donde fue “arrojado” por los policías tuxtlecos; cerca de ahí hay cámaras de videovigilancia, que forman parte del sistema C5; además, como a 200 metros, se ubica la privada Los Tucanes, donde vive el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, un área donde hay presencia policiaca.
Julio advierte que, a pesar de que lo intimidaron y golpearon, nunca se desorientó y, por el contrario, les advirtió a los policías agresores que este caso no se quedaría así.
Julio César acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia penal y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para meter una queja por la tortura que sufrió a manos de los policías municipales.
También se entrevistó con el titular de la policía municipal de Tuxtla Gutiérrez, Abel Celestino Perdomo, a quien le explicó, de forma detallada, todo lo ocurrido. Pero hasta el momento no ha hecho nada contra sus agresores.
“JIMÉNEZ”, SU PEOR PESADILLA
El agraviado, quien prefiere no mostrar su rostro porque teme sufrir represalias, manifiesta que, desde ese día, no ha podido dormir bien y a su mente siempre se le viene un apellido: “Jiménez”, como supuestamente llamaban a uno de los comandantes que lo sometió y lo agredió verbal y físicamente.
Julio César muestra a La Silla Rota la forma en que los policías lo bajaron de la camioneta y le cubrieron el rostro. Confiesa que un psicólogo de la fiscalía estatal le brindará apoyo, toda vez que no ha descansado bien o, al menos no como acostumbraba hacerlo.
“Solo espero que la autoridad haga bien su labor para que estos delincuentes no queden libres, porque me advirtieron que me iban a llevar al ‘pocito’ (inmersión de la cabeza del torturado en agua), no sé a qué se referían”.
Según él, la misma fiscalía se la ha “hecho un poco cansada”, pues ahora le exigen que en realidad compruebe que sí llevaba tres mil pesos en su bolsa, lo que para Julio es absurdo, aunque deja en claro que sí tiene las pruebas.
“Fue un secuestro exprés el que sufrí”.
ABUSO NO ES CASUALIDAD
En Chiapas, la fabricación de delitos y la práctica de tratos crueles e inhumanos han sido el binomio perfecto en detrimento de la población más vulnerable, los indígenas.
Entre los años 2010 y 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de esa entidad del sureste mexicano recibió 266 quejas por abusos y tortura en contra de personas de pueblos originarios.
De esta cifra, 145 quejas fueron presentadas contra policías estatales, 116 contra municipales y 9 contra elementos federales, según consta en la respuesta del organismo a una solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Pese a la gran cantidad de casos, la CEDH sostuvo en respuesta a otra petición de información con folio 070136421000028, que en ese lapso sólo ha emitido cinco recomendaciones, una en 2016, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General (FGE).
En 2019, emitió dos recomendaciones más que incluían a la FGE, a las secretarías General de Gobierno y a la de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas. En el 2020 emitió otro par a la mencionada Fiscalía, mientras que el año pasado no hubo ni una.
EL CASO JUAN DE LA CRUZ
Tras obtener su libertad, Juan de la Cruz, originario de la comunidad Majomut, municipio de San Juan Chamula, tuvo que salir del país para buscar una mejor calidad de vida, pero sobre todo, un refugio, debido a que las amenazas de muerte aún eran latentes. Su libertad “caló hondo” al sistema, y a los propios familiares de la víctima de homicidio.
Juan, detenido en 2007 con apenas 22 años de edad, es sobreviviente y víctima de tortura por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado, en ese entonces Procuraduría de Justicia, quienes lo acusaron de homicidio calificado, con sentencia de tres décadas de encierro, sin embargo, pasó 11 años en esa condición sin que se le dictara una sentencia.
Entre las acusaciones también estaba el delito de extorsión, por el cual le dieron cinco años.
Aunque salió libre el 9 de diciembre de 2019, se descubrió que la Mesa de Reconciliación del estado, por medio de la cual el Estado se compromete a estudiar los casos de personas sentenciadas o encerradas durante el viejo sistema de justicia penal, tenía una resolución desde el 2016, en donde le otorgaban la libertad sin que ésta se cumpliera.
Según Susana de la Cruz, no sólo su hermano, también ellos, como familiares y los mismos abogados defensores, vivieron un verdadero calvario. Las amenazas de muerte eran constantes para todo el Colectivo de Familias que acompañaban a sus parientes presos en esa búsqueda de libertad y justicia.
Rememora que desde su detención se sintió el terror. Al menos una decena de elementos policiacos tiró las ventanas y la puerta de su casa, golpearon a su cuñada, quien estaba embarazada y, semidesnudo, subieron a su hermano a una camioneta, donde lo empezaron a golpear en todas las partes de su cuerpo.
El modus operandi de la policía torturadora era el mismo: golpes, el uso de tehuacán con chile en la nariz, introducción de una bolsa en la cabeza, hasta recibir descargas eléctricas.
Cuenta que su hermano, indígena tsotsil, pero que sí hablaba bien el castellano, se desmayó dos veces durante ese tiempo y cuando reaccionó le pidieron dinero. “Le dijeron, ‘bueno, muchacho, si quieres vivir, nosotros te podemos dejar ir, a cambio de que nos des 80 mil pesos’. Mi hermano les dijo ‘yo no tengo esa cantidad; yo soy una persona pobre, que no cuenta con ese recurso’”.
Pero el proceso también se plagó de mentiras. Hubo testigos falsos que aseguraban que Juan y otros tres hombres habían visto cómo tiraban el cuerpo de la persona en La Milpoleta, municipio de San Juan Chamula, cuando en esa ocasión, el indígena tsotsil estaba en Comitán, donde vendía artesanías junto a su madre.
A pesar de que la justicia llegó 13 años después, Susana espera que otros presos logren lo que su hermano y de esa forma tratar de comenzar de nuevo.
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