XALAPA, VER.- Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado de Veracruz, la diputada local del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, acusó a su compañera de Morena, Dorheny García Cayetano, diputada por Xalapa, de haber retomado una iniciativa de su autoría para ajustar leyes locales y reforzar los principios de austeridad, racionalidad del gasto, paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en Veracruz.
El pasado 9 de junio, la legisladora panista plurinomimal, afirmó que no era la primera ocasión en que la morenista, quien presentó la propuesta en coautoría con la presidenta de la mesa directiva, Naomi Edith Gómez Santos, impulsaba iniciativas con contenidos similares a proyectos que previamente habían sido planteados por legisladores de oposición.
“Me da mucha vergüenza que otra vez la diputada, que es la presidenta de gobernación, esta es una iniciativa cuando hablamos de paridad legislativa, que ya la había presentado, diputada Dorheny (…) pero, como siempre, la diputada plagiaria se acostumbra a agarrar otras iniciativas que presentamos y parece ser que, en un tema de soberbia y protagonismo, jamás toma en cuenta los antecedentes de la de las iniciativas de las demás diputadas”, denunció desde la máxima tribuna. A su señalamiento no hubo respuesta de la legisladora aludida.
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Sin embargo, los señalamientos sobre iniciativas con contenidos semejantes no son nuevos en el congreso local. Cuando se aprobaron la Ley Vicaria y la reforma de Exclusión de Responsabilidad Penal, conocida en la pasada legislatura como Ley Monse, colectivas feministas cuestionaron que diputadas retomaran planteamientos impulsados previamente por organizaciones de la sociedad civil, sin reconocer públicamente su participación en la construcción de las propuestas.
Una revisión a las iniciativas presentadas en la 67 Legislatura muestra que las diputadas de Morena: Dorheny García Cayetano y Naomi Edith Gómez Santos son las que aparecen con mayor frecuencia en proyectos que guardan similitudes con propuestas previamente presentadas por otros legisladores o que tiene el mismo objetivo jurídico.
Ambas participaron en iniciativas relacionadas con la Ley Vicaria, la tipificación del delito de acecho (stalking), la integración de los ayuntamientos y la reforma sobre austeridad y racionalidad del gasto que originó la queja pública de Montserrat Ortega Ruiz.
Entre los legisladores hombres destacan el petista Ramón Díaz Ávila, quien figura en iniciativas relacionadas con la Ley de Aguas, la transmisión de sesiones de cabildo y la elección de agentes municipales; así como el emecista Adrián Sigfrido Ávila Vázquez, quien promovió propuestas en materia de salud mental y modificaciones a la Ley de Aguas, temas que también habían sido abordados previamente por otros legisladores.
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Los números
Es común que con el cambio de legislatura se retomen propuestas que no fueron dictaminadas en periodos anteriores. En las últimas cuatro legislaturas —la última con mayoría del PRI, la primera del PAN y las dos más recientes de Morena— se presentaron iniciativas para regular el salario de los agentes municipales, aunque ninguna prosperó debido al impacto financiero que implicaría para los ayuntamientos.
Sin embargo, la controversia en la actual legislatura radica en que algunos diputados han acusado que iniciativas previamente presentadas por otros legisladores e incluso por organizaciones de la sociedad civil fueron retomadas sin reconocer su origen.
Es el caso de la denominada Ley Monse, una propuesta impulsada por la colectiva feminista Las Brujas del Mar con el objetivo de reducir las redes de protección e impunidad en favor de presuntos agresores de mujeres. Aunque el dictamen fue elaborado en la 66 Legislatura, nunca se sometió a votación del Pleno.
La denominada Ley Monse surgió tras el feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, una joven de 20 años que falleció el 23 de abril de 2021, días después de haber sido agredida presuntamente por su entonces pareja, Marlon Botas Fuentes, en el municipio de Boca del Río. El caso generó indignación social luego de que familiares del presunto responsable fueran señalados de ayudarlo a escapar para evadir la justicia. A partir de ello se buscó reducir la red de protección a personas acusadas de delitos graves, particularmente el feminicidio.
Ya en la 67 Legislatura, la presidenta del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y eliminar las redes de impunidad derivadas del encubrimiento, con el argumento de garantizar el acceso a la justicia y contribuir a erradicar la violencia de género. La propuesta fue presentada el 6 de marzo de 2025 y aprobada el 28 de octubre de ese mismo año con 39 votos a favor.
Una revisión de las iniciativas presentadas en el Congreso de Veracruz revela que al menos 15 propuestas, algunas ya aprobadas, fueron impulsadas por dos o más legisladores de distintos partidos políticos con el mismo objeto legislativo o con fines jurídicos similares. La Silla Rota presenta algunos ejemplos:
1.- Ley Vicaria
El 7 de marzo de 2025 se aprobó en Veracruz la Ley Vicaria, una reforma que sanciona a quienes utilicen a hijas, hijos, seres queridos e incluso animales de compañía como instrumentos para amenazar, controlar o causar daño a una mujer.
La propuesta había sido presentada desde la 66 Legislatura, aunque no logró avanzar en ese periodo. En la actual Cámara, la diputada Victoria Gutiérrez Pérez presentó una iniciativa el 15 de enero de 2025, en la que planteó incorporar la violencia vicaria dentro de la figura de violencia familiar.
Posteriormente, el 27 de enero de 2025, las diputadas de Morena Astrid Sánchez Moguel, Naomi Edith Gómez Santos, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, hoy alcaldesa de Poza Rica, y Tanya Carola Viveros Cházaro presentaron una nueva propuesta en la que la violencia vicaria se mantenía como una modalidad de violencia de género contra las mujeres. El dictamen fue llevado al Pleno y aprobado ese mismo año.
Tras la aprobación de la reforma, la colectiva Las Brujas del Mar cuestionó el trabajo legislativo al considerar que no se reconoció adecuadamente la participación de colectivas y activistas que impulsaron durante años la iniciativa.
La organización señaló que la propuesta presentada en el Congreso retomó planteamientos construidos previamente por organizaciones feministas y madres víctimas de violencia vicaria, sin que se les otorgara el reconocimiento correspondiente. Las Brujas del Mar insistieron en que la discusión pública invisibilizó el papel de las colectivas en la elaboración e impulso de la propuesta, lo que también consideraron una forma de violencia.
2.- Ley "3 de 3" contra la Violencia
La diputada del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, presentó el 26 de febrero de 2025 una iniciativa para impedir que personas agresoras por violencia de género o violencia sexual, así como quienes incumplan con el pago de pensión alimenticia, puedan acceder a cargos públicos en cualquiera de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos.
Meses después, el 9 de abril de 2025, las diputadas de Morena Dorheny García Cayetano, Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro presentaron una propuesta con el mismo objetivo, aunque con algunas modificaciones en la redacción.
La iniciativa de las morenistas planteó establecer como requisito para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo, diputaciones locales, cargos en el Poder Judicial y edilicios, no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ni en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Durante la discusión del dictamen, legisladores de oposición manifestaron su respaldo a la propuesta; sin embargo, solicitaron que se reconociera que previamente la diputada panista había presentado una iniciativa con el mismo propósito. La reforma fue aprobada con el voto de la mayoría.
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3.- Sancionan el abigeato: morenistas presentan propuestas similares
Para reclasificar el delito de abigeato, el entonces diputado de Morena Roberto Francisco San Román Solana, hoy alcalde electo de Tantoyuca, presentó una iniciativa el 23 de enero de 2025. Más de un año después, el 8 de abril de 2026, la presidenta del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, presentó una propuesta con el mismo objetivo.
La reforma, que contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes cometan robo de ganado, fue aprobada por el Pleno el 2 de junio de 2026. Al tratarse de iniciativas promovidas por legisladores del mismo partido, ambas fueron analizadas y dictaminadas de manera conjunta por la comisión legislativa correspondiente.
En su propuesta, Francisco San Román planteó sancionar el tráfico ilegal de ganado mediante la reclasificación del delito de abigeato dentro del capítulo de delitos contra la producción pecuaria.
Por su parte, Naomi Gómez Santos propuso reclasificar el delito e incorporar la figura de “tráfico ilegal de ganado”, con el argumento de cerrar vacíos legales que permiten prácticas de corrupción, simulación documental y evasión de controles sanitarios. La reforma ya se encuentra vigente.
4.- Reducir el periodo de la fiscal
El 27 de noviembre de 2024, el diputado de Morena Diego Castañeda Aburto presentó una iniciativa para modificar el procedimiento de designación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, además de reducir la duración del cargo de nueve a cuatro años, con posibilidad de una sola ratificación por un periodo igual.
Meses después, en junio de 2025, los diputados del Partido del Trabajo Ramón Díaz Ávila y Elizabeth Morales García presentaron una propuesta con el mismo propósito. Además de coincidir en la reducción del periodo de la titularidad de la Fiscalía de nueve a cuatro años, incorporaron como requisito no contar con sentencias por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia. La reforma fue aprobada el 25 de noviembre de 2025.
Tras la modificación legal, en diciembre de 2025 fue designada Lisbeth Jiménez Aguirre como titular de la Fiscalía General del Estado para un periodo de cuatro años.
5.- Certificación en el proceso de Entrega-Recepción
La diputada del PRI Ana Rosa Valdés Salazar presentó el 12 de febrero de 2025 una iniciativa para establecer nuevas reglas en el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales. Entre los cambios planteó la certificación inmediata de los documentos que obren en poder o formen parte del expediente de entrega-recepción de los ayuntamientos.
Posteriormente, el 2 de julio de 2025, el diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña, hoy alcalde de San Andrés Tuxtla, presentó una propuesta con el mismo propósito de fortalecer los mecanismos de revisión documental durante los cambios de administración municipal. Su iniciativa planteó obligar a las autoridades entrantes a proporcionar, sin costo para las autoridades salientes, copias certificadas de los documentos probatorios que tengan en su poder, con el fin de permitir la aclaración de observaciones o la corrección de anomalías detectadas durante el proceso de transición.
Además, la propuesta de Fararoni contempló ampliar los plazos para llevar a cabo las distintas etapas del procedimiento de entrega-recepción.
Ambas iniciativas coincidieron en fortalecer los mecanismos de documentación, certificación y revisión durante el cambio de administraciones municipales y fueron aprobadas el 20 de noviembre de 2025, semanas antes de la renovación de los ayuntamientos veracruzanos.
6.- Número de regidores en los ayuntamientos
El 16 de abril de 2026, la diputada del PAN Montserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre con el objetivo de regular la forma en que se determina el número de ediles en los 212 ayuntamientos.
La propuesta planteó que el Congreso local estuviera obligado a actualizar la integración de los cabildos a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral municipal, tomando como única referencia los datos del más reciente Censo General de Población y Vivienda del INEGI. Además, incorporó una proyección de la integración de los ayuntamientos hacia el año 2030.
Posteriormente, el 7 de mayo de 2026, las diputadas de Morena Naomi Edith Gómez Santos y Dorheny García Cayetano presentaron una iniciativa de armonización de la reforma constitucional federal en materia electoral. La propuesta estableció un límite en la integración de los ayuntamientos de una sindicatura y hasta un máximo de 15 regidurías. La reforma fue aprobada por el Pleno el 14 de mayo de 2026 y se convirtió en el Decreto Número 510.
Días después, Dorheny García Cayetano presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para actualizar el número de ediles de los ayuntamientos con base en los datos poblacionales del INEGI, tema que ya había sido planteado previamente por la legisladora panista.
La acción generó críticas de Montserrat Ortega Ruiz, quien señaló que el documento presentado por la diputada de Morena retomaba párrafos completos de su iniciativa original, al grado de que, aseguró, “ni una coma le cambiaron”.
7.- Acecho (Stalking)
La diputada del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, presentó el 5 de marzo de 2026 una iniciativa para tipificar el delito de acecho o stalking en Veracruz. La propuesta plantea sancionar a quien, de manera reiterada, sin consentimiento y sin estar legítimamente autorizado, genere en la víctima temor fundado, afectaciones a su salud psicológica o perturbaciones en su vida personal, laboral, social o digital.
Poco más de un mes después, el 14 de abril de 2026, las diputadas de Morena Dorheny García Cayetano, Naomi Edith Gómez Santos, Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro presentaron una iniciativa con el mismo propósito: incorporar el delito de acecho al Código Penal.
La propuesta de las morenistas señala que la tipificación busca proteger el libre desarrollo de las personas frente a conductas que perturben injustificadamente su libertad personal. Además, contempla circunstancias agravantes bajo el principio de proporcionalidad en la aplicación de las penas, con el objetivo de fortalecer la respuesta penal frente a conductas de mayor reproche social y contribuir a la erradicación de la violencia.
Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, donde permanecen en trámite.
8.- No reelección y nepotismo electoral
El 25 de junio de 2025, el Grupo Legislativo del PVEM presentó una iniciativa para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de los veracruzanos mediante la prohibición de la reelección inmediata de diputados locales y ediles, además de incorporar la figura del nepotismo electoral como impedimento para acceder a cargos de elección popular.
La propuesta fue respaldada por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Urbano Bautista Martínez, Tania María Cruz Mejía, Angélica Peña Martínez y Estefanía Bastida Cuevas. Entre sus objetivos se planteó garantizar una representación más efectiva, equitativa y transparente en los cargos públicos.
Casi un año después, el 19 de mayo de 2026, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena presentaron una iniciativa con el mismo objetivo de prohibir la reelección consecutiva y establecer restricciones en materia de nepotismo electoral.
La propuesta de Morena plantea impedir la reelección consecutiva para el mismo cargo en el caso de diputaciones locales y ediles, además de establecer restricciones expresas en materia de nepotismo electoral para quienes aspiren a la gubernatura, diputaciones locales o cargos edilicios.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones permanentes de Justicia y de Organización Política y Procesos Electorales, donde permanecen en análisis.
9.- Voto en el extranjero: dos iniciativas el mismo día
El 7 de mayo de 2026, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo del PAN presentaron una iniciativa para reconocer el derecho de los veracruzanos residentes en el extranjero a votar en la elección de la gubernatura del estado.
La propuesta planteó que el voto desde el exterior representa un acto de justicia para la comunidad migrante y un reconocimiento a las aportaciones económicas y sociales que realizan a Veracruz.
Ese mismo día, la diputada de Morena, Janix Liliana Castro Muñoz presentó una iniciativa con el mismo objetivo de incorporar el voto extraterritorial para la elección de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.
La legisladora argumentó que la medida permitiría armonizar la legislación veracruzana con la tendencia nacional en materia de derechos políticos, fortalecer la legitimidad democrática, ampliar la inclusión política y reforzar el vínculo entre el estado y las comunidades veracruzanas radicadas en el extranjero.
Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis.
10.- Medicina tradicional
El 9 de diciembre de 2024, la diputada de Morena Dulce María Hernández Tepole presentó una iniciativa para adicionar dos objetivos al Sistema Estatal de Salud, con el propósito de reconocer la riqueza cultural de la medicina tradicional y la partería como prácticas que forman parte de los saberes comunitarios en Veracruz.
Más de un año después, el 20 de mayo de 2026, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una propuesta para incorporar en la legislación una definición de medicina tradicional, entendida como el conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias que incluyen el uso de plantas, animales y minerales, así como terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades.
Dos días después, el 22 de mayo de 2026, la diputada de Morena Miriam García Guzmán presentó una iniciativa para armonizar el calendario cívico-cultural de Veracruz con el calendario internacional mediante la incorporación del Día Mundial de la Medicina Tradicional, que se conmemora cada 22 de octubre.
Las tres iniciativas buscan fortalecer el reconocimiento institucional de la medicina tradicional y fueron turnadas a las comisiones permanentes de Salud y Asistencia y de Gobernación, donde permanecen en trámite.
lm