XALAPA, VER.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, adelantó la posibilidad de consultar a la población xalapeña para conocer si está de acuerdo con el costo actual del transporte público urbano y con la incorporación de nuevas unidades al servicio en la capital del estado.
El planteamiento fue realizado el 10 de febrero, luego de que en el puerto de Veracruz se registró un paro de unidades del transporte público por la negativa de la gobernadora para incrementar la tarifa del pasaje. En ese momento, el gobierno estatal requisó los nuevos camiones de la línea autobuses Ulúa, adquiridos a través de un fideicomiso por concesionarios para renovar sus unidades en la zona conurbada.
Se trató de unidades de origen chino comercializadas por la empresa Yutong, con las que se había proyectado renovar el parque vehicular urbano del servicio de transporte público.
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En Xalapa, el aumento al pasaje del transporte público entró en vigor el 26 de enero de 2026, al pasar de 9 a 12 pesos la tarifa general, y de 6 a 7 pesos para estudiantes y personas adultas mayores. Previo a la aplicación de ese incremento, se había planteado la posibilidad de modernizar las unidades que prestan el servicio, propuesta que generó críticas por parte de la ciudadanía y de actores políticos.
Desde las propias filas de Morena se cuestionó la decisión, al señalar que el aumento fue aplicado de manera unilateral. Por su parte, Movimiento Ciudadano promovió un amparo con el objetivo de revertir el alza a la tarifa en la capital del estado.
En ese contexto, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró que la decisión sobre el aumento debería someterse a consulta ciudadana. Sostuvo que el incremento al pasaje no garantiza, por sí mismo, que los concesionarios puedan renovar sus unidades, particularmente aquellas que se encuentran en malas condiciones, por lo que insistió en consultar a la ciudadanía y en replantear un plan de movilidad para la capital.
Una decisión unilateral es una práctica autoritaria
La mañana del pasado 31 de enero, habitantes de la capital veracruzana marcharon del Teatro del Estado al centro de la ciudad para rechazar el aumento al pasaje del transporte público urbano, que elevó la tarifa a 12 pesos. Estudiantes, personas trabajadoras y ciudadanía en general expresaron su inconformidad con un incremento.
Durante la movilización, las y los manifestantes advirtieron que el alza afecta a toda la población, pero impacta de manera desproporcionada a quienes dependen diariamente del transporte público, en especial estudiantes y personas con ingresos informales ni salario fijo.
Señalaron que en Veracruz una parte mayoritaria de la población vive al día, por lo que un incremento del 33 por ciento en un gasto cotidiano obliga a recortar recursos destinados a alimentación, salud o tiempos de traslado.
“Cuando primero se cobra y después se explica, no hay diálogo posible. Cuando pagar es obligatorio, pero opinar queda fuera del proceso, lo que está en juego no es solo el precio del pasaje, sino el derecho a la movilidad”, expusieron los participantes en la marcha, al advertir que gobernar sin informar ni consultar rompe la confianza pública y cancela la participación ciudadana.
Advirtieron que gobernar sin informar ni consultar rompe la confianza pública y cancela la participación ciudadana, “decidir a escondidas no es gobernar. Gobernar es dar la cara antes, no justificar después”, afirmaron.
Las estadísticas del servicio de transporte en Veracruz
Con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG) del INEGI, la percepción ciudadana sobre el transporte público masivo automotor en Veracruz evidencia rezagos importantes en la calidad del servicio.
Solo 29.6 por ciento de las personas usuarias considera que las unidades se encuentran en buen estado, limpias y funcionales, lo que implica que siete de cada diez perciben deficiencias en las condiciones físicas de los camiones, uno de los principales señalamientos en contra del servicio que se presta en la entidad.
Otros indicadores muestran una valoración mixta del transporte público. El 70.3 por ciento de la población usuaria considera que existen rutas suficientes para llegar a su destino y 60 por ciento estima adecuado el tiempo de espera entre una unidad y otra. Asimismo, 57.7 por ciento señaló que el ascenso de pasajeros se realiza en paradas oficiales, mientras que 54.2 por ciento percibe un trato amable y respetuoso por parte de las personas operadoras.
No obstante, solo 49.5 por ciento considera que hay espacio confortable para viajar, 36.9 por ciento opina que se respetan los señalamientos viales y apenas 14.7 por ciento reconoce la existencia de horarios de corridas visibles, lo que refleja una percepción general de carencias operativas y de información para las personas usuarias.
Se preguntará a los xalapeños, anuncia Nahle
Ante la queja de ciudadanas y ciudadanos, la gobernadora Rocío Nahle García planteó consultar a la ciudadanía: “Ahí en Xalapa yo voy a hacer antes la consulta si la gente está dispuesta a hacer el pago; a ver en cuánto nos da la corrida financiera, si la gente dice que sí, se comprará inmediatamente los camiones”, afirmó en entrevista radiofónica.
Aunque la mandataria no especificó cómo será el mecanismo de consulta, es decir, si se basará en la ley o será de manera aleatoria, La Silla Rota Veracruz detalla las etapas del mecanismo ciudadano, de acuerdo con la normatividad vigente:
¿Qué dice la ley sobre la consulta popular?
La Consulta Popular es el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía puede pronunciarse, a través del voto, sobre temas de trascendencia estatal. Su procedimiento, alcances y efectos están regulados en la Ley de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente desde 2018.
El marco jurídico que regula este instrumento se encuentra en el Capítulo IV de dicha ley, integrado por los artículos 16 al 59, en los que se establecen las reglas para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo, calificación y declaración de resultados de la Consulta Popular.
Este apartado también define qué temas pueden someterse a consulta, quiénes pueden promoverla, los requisitos formales de las solicitudes y los criterios para determinar cuándo el resultado es obligatorio para las autoridades.
De acuerdo con el artículo 16, la ley tiene por objeto regular todo el procedimiento de la Consulta Popular y promover la participación ciudadana. El artículo 17 la define como el mecanismo mediante el cual las y los ciudadanos ejercen su derecho al voto para expresar su opinión sobre uno o varios temas de trascendencia estatal.
Para que un tema pueda ser sometido a consulta, se establece en el artículo 19 que debe repercutir en la mayor parte del territorio del estado o impactar a una parte significativa de la población. Además, la ley prohíbe que sean objeto de Consulta Popular asuntos relacionados con derechos humanos, materia electoral, ingresos y gastos del Estado o seguridad estatal.
La Consulta Popular puede ser solicitada por la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, o por al menos el 33 por ciento de las y los integrantes del Congreso local o por la ciudadanía, cuando el respaldo sea equivalente al 2 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, conforme al artículo 24.
En el caso de solicitudes ciudadanas, el Congreso determina el formato para la recolección de firmas y la autoridad electoral verifica que las personas firmantes se encuentren inscritas en la lista nominal.
¿Qué autoridades deben participar en la consulta popular?
En el desarrollo del proceso intervienen distintas autoridades. El Congreso del Estado recibe la solicitud, aprueba la convocatoria y ordena su publicación.
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz es responsable de la organización y desarrollo de la Consulta Popular, de la promoción imparcial de la participación ciudadana y de realizar los cómputos correspondientes.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE) debe pronunciarse previamente sobre la constitucionalidad de la pregunta que se someterá a consulta.
La jornada de la Consulta Popular debe realizarse el mismo día de la jornada electoral federal, el primer domingo del mes de junio. Para participar, las y los ciudadanos deben contar con credencial para votar vigente y estar inscritos en el padrón electoral.
El voto se emite en las mesas directivas de casilla, que funcionan como mesas receptoras de la consulta, marcando una sola opción: “sí” o “no”. Concluida la votación, se lleva a cabo el escrutinio y cómputo en cada casilla.
Posteriormente, los consejos distritales realizan el cómputo distrital el segundo miércoles posterior a la jornada electoral. Con base en estos resultados, el Consejo General del organismo electoral efectúa el cómputo estatal, califica el proceso y da a conocer los resultados oficiales, además de informar al Congreso del Estado y al Tribunal Superior de Justicia.
¿Cuándo tiene validez el resultado de la consulta?
El resultado de la Consulta Popular cobra validez y es vinculante cuando la participación total alcanza al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. En ese supuesto, el resultado obliga a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a las autoridades competentes, y tendrá efectos durante los tres años siguientes a la declaratoria de validez.
Así, la ley define un procedimiento específico para calificar la Consulta Popular, determinar su validez jurídica y establecer en qué condiciones sus resultados deben ser atendidos por las autoridades, con la participación directa de la ciudadanía y bajo reglas equiparables a un proceso electoral formal.
¿Qué opina el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara?
El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que ha solicitado una propuesta seria e integral sobre la movilidad en Xalapa, que no solo contemple el aumento a la tarifa del transporte público, sino también la calidad del servicio y la seguridad de las personas usuarias.
Afirmó que sus posicionamientos no buscan generar un “golpe propagandístico” contra el gobierno sino garantizar el derecho a una movilidad segura, accesible y eficiente.
Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el Estado debe justificar cualquier decisión relacionada con el transporte público con base en criterios técnicos, evidencia y mecanismos de participación ciudadana. Subrayó que no basta con autorizar un incremento en el precio del pasaje, sino que deben establecerse metas claras y obligaciones concretas para los concesionarios.
“Si hubiera un aumento de tarifas, al que yo me opongo, este debería traer obligaciones para los transportistas, como la mejora paulatina de las condiciones de los autobuses en un plazo razonable. Pensar que por subir tarifas se pueden cambiar en automático los camiones es irreal”, expresó.
Añadió que los permisionarios tendrían que comprometerse a establecer horarios fijos y constantes en todas las rutas, otorgar seguridad social a los conductores, contar con pólizas de seguro vigentes, implementar un plan de sustitución de unidades con plazos definidos y capacitar a los operadores, entre otras medidas.
El legislador consideró que el problema va más allá de rutas y tarifas; Xalapa enfrenta una crisis de movilidad, pues pese a contar con un número importante de unidades, la eficiencia en los traslados es limitada, “qué bueno que se pretende consultar a la población, pero eso por sí solo no va a resolver el problema”, concluyó.
vtr