XALAPA, VER.- A mediados del mes de abril, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, planteó la posibilidad de revisarlas tarifas del transporte público en modalidad de taxi, y regular la operación de aplicaciones o plataformas como UBER, DIDI e InDrive, ante protestas de concesionarios de taxis en el Estado.
El 15 de abril, a través de grupos de WhatsApp y en páginas de Facebook, se difundió información sobre la “actualización” de tarifas del transporte público en el Estado, sin embargo, la misma gobernadora Rocío Nahle confirmó, ese mismo día, que la información era falsa y se comprometió a revisar los costos.
La exigencia de actualizar las tarifas está pendiente desde hace 23 años; la última ocasión que se revisaron fue en 2002, en el gobierno de Miguel Alemán (1996-2004), cuando se estableció como tarifa mínima: 13.50 pesos, tarifa que ya no se respeta.
Te podría interesar
El académico Rafael Vela Martinez afirmó que para mejorar la prestación del servicio de transporte público es necesario reordenar la planeación urbana-territorial de las ciudades para optimizar el uso de las vialidades y reducir el tiempo para recorrer las distancias.
Permisionarios del transporte público, en su modalidad de taxi, respaldaron la intención de la gobernadora Rocío Nahle de revisar el costo de las tarifas de taxi. Sugirieron regularlas de manera digital, a través de una plataforma local, que defina el costo del servicio en base a la distancia que se va recorrer.
Rocío Nahle, anuncia que se regulará los costos y el uso de aplicaciones
La gobernadora Rocío Nahle García afirmó que se trabaja en un proyecto para regularizar y actualizar las tarifas de taxis, la cual debe ser un punto medio entre las necesidades de los concesionarios y sus trabajadores, pero también de los usuarios.
La actualización de tarifas se basará en la inflación, el precio de la gasolina y el salario mínimo en el Estado; además se tendrá que encontrar una tarifa justa para los usuarios y los transportistas de acuerdo a las zonas, declaró la mandataria estatal en conferencia de prensa el 14 de abril.
En cuanto a las plataformas de servicio de transporte, dijo, es un tema de índole nacional, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio lineamientos que tendrán que cumplir a nivel federal y en el Estado. “No está todavía UBER autorizado (en Veracruz); pidieron cita conmigo pero no los voy a recibir hasta que las plataformas que ya están aquí estén en orden”.
Las acciones que se han implementado para mejorar el servicio de transporte
En su eje 77, de los 80 que anunció al inicio de su gobierno, Nahle García planeó modernizar el Registro Público Vehicular y Tránsito del Estado con el propósito de usar tecnología de punta para identificar cualquier vehículo fuera de norma y colocar sensores y cámaras en los chalecos con los agentes de tránsito para evitar los arrastres y usos de grúas.
En el mes de diciembre de 2024, Nahle García planteó que, como parte de la estrategia de modernización gradual del transporte público, se planea el uso de camiones eléctricos, híbridos y comerciales, para brindar un servicio de calidad.
El plan piloto se inició en la conurbación Veracruz-Boca del Río, y en una segunda etapa llegará a los municipios de Xalapa y Coatzacoalcos. En diciembre presentó a concesionarios el prototipo de la unidad denominada Ulúa que se produce en China.
El 9 de abril, ya de 2025, se emitió el decreto Núm. Ext. 142, por el que se autorizaba a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la creación de un fideicomiso para la Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros.
El fideicomiso tiene como objetivo constituirse como fuente de administración y pago de todos los contratos que el gobierno, a través de la Sefiplan, celebre con personas físicas o morales para llevar a cabo la modernización del sistema de transporte público de pasajeros.
Con el fondo se permitirá adquirir unidades de transporte modernas, seguras y sustentables, que cumplan con los estándares de calidad y normatividad, priorizando tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente.
Además se otorgará financiamiento accesible a concesionarios y permisionarios para la renovación de unidades, mediante esquemas de pago flexibles que fomenten la modernización del transporte sin afectar su operación.
Dicho fideicomiso se va a constituir con el dinero que ingresa al estado por concepto de la verificación vehicular, que según la meta de recaudación de este 2025, es de 576 millones 910 mil 724 pesos, más la totalidad del dinero que sea recaudado por concepto de tarifa de servicios de transporte público que recauden los concesionarios por el pago del servicio, así como por la contratación de productos financieros.
¿Qué dice la ley sobre la actualización de tarifas del transporte público?
La ley 579, establece que el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Gobierno, fijará y modificará las condiciones y reglas de aplicación de las tarifas, conforme a las cuales se prestará el servicio de transporte público de pasajeros.
Cuando los concesionarios de esta modalidad formulen una solicitud para el incremento de tarifas, acompañarán el estudio y documentos que la sustenten. Con base en lo anterior, la dirección realizará el análisis, estudio económico y contable, para juzgar su conveniencia, monto y procedencia.
Y el monto de las tarifas se determinará tomando en consideración el incremento a los salarios mínimos y al monto de la inflación reconocida oficialmente por el Banco de México.
Se debe reordenar la planeación urbana-territorial: Académico
El investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Vela Martínez, explicó que antes de regular el precio del servicio de transporte público lo que se debe hacer es reordenar las ciudades más grandes y descentralizar los servicios para evitar el congestionamiento vial de los centros urbanos.
El economista observó que quienes han estado al frente del Desarrollo Urbano y Territorial no han planteado alternativas de desarrollo urbano para cada una de las ciudades, principalmente en Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Coatzacoalcos, donde se padece tráfico y existe un mal servicio de transporte público.
Incluso, dijo, se requiere que los legisladores definan una nueva regionalización del Estado donde el territorio sea la base de la planeación, solo así se podrá ordenar las ciudades y se va a generar desarrollo económico en todas las zonas metropolitanas.
Puso de ejemplo Xalapa, donde su centro geográfico está rodeado de oficinas de gobierno, instituciones bancarias, educativas, actividades culturales y de seguridad, “por eso es el congestionamiento y es caro el transporte”.
Expuso que es “razonable” la petición de los permisionarios y de los transportistas de actualizar las tarifas, por el tiempo que permanecen parados o en el tráfico, ante la falta de planeación de la ciudad.
"Yo creo que es justo el momento para pensar en construir una ciudad de administración y gobierno, que se puede trasladar allá por El Castillo, incluso, como propuesta para los candidatos, concentrar en una sola zona todos los trámites y generar un centro bancario, comercial y educativo. Hay que poner orden a la ciudad”, dijo en entrevista con la Silla Rota.
El especialista explicó que una ciudad debe ser un área planificada, sin embargo, se ha permitido un crecimiento anárquico, pese a que se les ha sugerido -a las autoridades- generar un desarrollo ordenado.
En su caso, dijo, ha asesorado a autoridades del municipio de Orizaba, que es considerado uno de los mejores a nivel nacional, donde las tarifas del transporte no superan los 40 pesos. La planeación de la ciudad permite el desplazamiento en corto tiempo, generando ganancias para los permisionarios y precios justos para los ciudadanos.
¿Qué piensan los permisionarios del transporte?
Guillermo Larios Vargas, director de Taxis GL, propuso una tarifa digital, que pueda calcular en base a los kilómetros que se deben recorrer para llegar al destino de los usuarios.
“Con la llegada de las plataformas ya traen un modelo y la gente ya se acostumbró a pagar por distancia (…) el 95 por ciento de los agremiados usan los montos que se manejan en plataformas como UBER, InDrive o DIDI.
“Sería solo homologar con lo que el gobierno está planteando (actualización). Vienen muy atrasados, esto se tenía que haber hecho hace cinco años, tiene como 20 que no se actualizan, en este periodo -al no intervenir los gobierno- se negociaron las tarifas, que es lo que hay en vigencia”.
El líder taxista mencionó que en las plataformas cuando se solicita un servicio, se calcula el kilómetro y te da una tarifa aproximada, al usar ese mecanismo el gobierno solo tendría que establecer un monto mínimo del costo por kilometraje.
El permisionario dijo que el tema de la regulación del transporte público se debería dejar a los municipios, pues son la primera autoridad que tiene conocimiento de la movilidad y vialidad de cada demarcación.
La tarifa mínima debería ser de 65 a 80 pesos
Pedro Fernández Fernández, presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz, dijo que su organización gremial solicitó una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle para plantear algunas opciones para mejorar el servicio de transporte público y actualizar las tarifas.
En base a la inflación de los 23 años de rezago la corrida mínima tendría que ser de 65 a 80 pesos, pero no se puede ser tan drástico en el monto que se va a cobrar, pues se afectaría a los usuarios, opinó.
El permisionario dijo que actualmente se cobra de 45 a 50 la mínima, cuando en papel el costo mínimo es de 13.50 pesos, de acuerdo a la última actualización en la época de Miguel Alemán (1996-2004).
En horas pico en Xalapa, explicó, un taxista gasta al menos medio litro de gasolina por estar en el tráfico, el costo es de 25 pesos, a lo que también se le debe sumar el desgaste de la unidad.
Reconoció que el desinterés de las pasadas administraciones ha provocado la falta de regulación y observó que, si bien la gobernadora externo la intención de regular al transporte público, el tema podría llevar varios meses, pues no tomará una decisión antes de las elecciones -1 de junio-, por el costo político que implica subir el costo del servicio público.
El transportista dijo que la ley federal de Movilidad y Seguridad Vial, que está vigente desde el 2021, permitiría la regulación de varios temas relacionados con el transporte público, sin embargo, los legisladores locales -con mayoría de Morena- han sido omisos en su homologación.
“Desde la 65 y 66 Legislatura hemos estado pidiendo atención, pues la ley 579 solo se vino parchando y no está bien; el reglamento de la ley tiene más de 30 años, ya es obsoleto”.
En el periodo de Cuitláhuac García (2018-2024) se le pidió crear una aplicación y contar con un botón de pánico para los taxistas, lo que daría control en el número de taxis y garantiza seguridad para los choferes y el usuario, pero no atendieron su planteamiento.
Se debe revisar el parque vehicular y dejar en circulación buenas unidades
Victor Herminio González Rivera, secretario general de la Confederación de Obreros y Empleados de México (COEM) Veracruz, Mario Suárez García reconoció que muchas de las unidades del servicio público están en mal estado y los choferes no dan la mejor atención a los usuarios, “no se puede tapar el sol con un dedo”.
El permisionario reconoció que resulta poco factible el querer “regular” una tarifa, cuando los usuarios y los conductores puedan llegar a un acuerdo de pago, antes de abordar la unidad, como ocurre con las aplicaciones.
“Debemos reconocer que los insumos han crecido estratosféricamente. En 2002 el litro de gasolina costaba 5 pesos y ahora cuesta 25”.
Comentó que confían que la gobernadora podrá generar las condiciones para que el servicio del transporte mejore, con unidades nuevas y personal capacitado, sin embargo, observó que será difícil encontrar un punto medio para actualizar las tarifas que beneficie a permisionarios y usuarios.
“Como concesionario voy y compro mi unidad, andan en 300 mil pesos, si la compro financiada me cuesta casi medio millón de pesos, cuánto debo de cobrar para que sea rentable el negocio. A eso hay que incluir la póliza de seguro, y el mantenimiento de la unidad”.
González Rivera planteó que realizaron un diagnóstico -hace 8 años- y se estableció que la tarifa mínima debería ser de 80 pesos, por lo que será difícil que se pueda imponer como un tope base, pues tendrá un gran impacto en el bolsillo de los usuarios del transporte público.
Explicó que un chofer de taxi debe ganar dos salarios mínimos por 8 horas laboradas, según el tabulador de salario de oficios y profesiones, sin embargo, los trabajadores del volante no aceptan menos de 500 pesos al día.
vtr