XALAPA, VER.- La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), creada en 2012, ha sido una de las instituciones de formación media superior y educación superior señalada por presuntas irregularidades en las últimas cuatro administraciones estatales.
Desde diciembre de 2016, cuando el entonces secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño Mayer, declaró que la UPAV operaba de forma “irregular e ilegal” y la calificó como “fraude”, la institución ha estado en medio de la controversia.
En esa declaración a los medios, el funcionario afirmó que la institución no contaba con las acreditaciones necesarias de la Secretaría de Educación Pública, es decir, no tenía reconocimiento oficial, pese a que operaba en varios estados de la república.
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La situación de la UPAV no cambió mucho. En los meses de noviembre y diciembre de 2025, estudiantes y profesores solidarios se manifestaron por presuntas irregularidades administrativas. Los primeros acusaron que, pese a haber pagado en tiempo y forma los trimestres o cuatrimestres, no aparecían en la base de datos; mientras que los educadores señalaron falta de pagos por sus servicios.
AC son opacas en el manejo de los recursos públicos
Desde el 2012 a la fecha son las asociaciones Alianza para el Fomento del Aprendizaje y la Fundación para la Educación, Salud y recuperación del Medio Ambiente (EDAL), AC., han estado a cargo del manejo de los recursos por el pago de inscripción, títulos y trámites administrativos de la UPAV.
Ambas asociaciones han sido señaladas de irregularidades, ambas por gobierno de Morena, primero por Cuitláhuac García Jiménez y ahora por la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa, quien reconoció que la fundación que opera desde la pasada administración, incurrió en irregularidades en el manejo de los ingresos, vía cuota de los estudiantes, montos que a la fecha no se han transparentado.
Tello reconoció irregularidades en la operación de la UPAV
La queja de la comunidad de la UPAV, que se manifestaron en los meses de noviembre y diciembre, llevó a la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, a reconocer que por más de una década la universidad —creada por el profesor Guillermo Zúñiga Martínez— se ha manejado de forma “extraña”.
“Ni es privada ni es pública, es una escuela que, cuando quiere, aparece la parte y la autoridad institucional, y cuando no, aparece la otra, que es la asociación civil”, dijo en su comparecencia el 24 de noviembre de este año.
Afirmó que en la pasada administración era otra fundación la que estaba a cargo del manejo de los recursos; sin embargo, fue retirada y entró un nuevo grupo. La UPAV, dijo, cuenta con una matrícula de poco más de 60 mil alumnos.
“Llegamos a cortar de tajo todo lo que tenía que ver con la educación anterior para resolver. Entonces mandaron una convocatoria, llegaron varias a solicitar, y lo único que se dijo: la que es educativa, que es la que el día de hoy está”.
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La funcionaria señaló que la corrupción en el manejo de los recursos inicia cuando los alumnos deben pagar a los directores, quienes en ocasiones depositan las cuotas escolares en cajeros, bancos y Oxxo; sin embargo, “muchos no entregan el dinero a la asociación”.
El 3 de diciembre, en su comparecencia ante diputados locales, la gobernadora Rocío Nahle García adelantó que emitirá un decreto para que la universidad se convierta en una institución pública y el Estado asuma su control.
Yunes Linares denuncia irregularidades
En diciembre de 2016, ya como gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares denunció que la UPAV contaba —al cierre de 2015— con 39 mil 91 alumnos en nivel superior y 36 mil 659 en nivel medio superior.
La institución tenía presencia en 210 municipios de Veracruz y operaba además en Ciudad de México, Tabasco, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
La UPAV ofrece cuatro modalidades de bachillerato: unitario, mixto y en línea; 12 cursos de capacitación, 33 licenciaturas, 19 maestrías, así como un doctorado y una especialidad.
El entonces gobernador mencionó que en Sinaloa se habían detectado 10 mil documentos que reconocían estudios, pero que aparentemente no contaban con validez oficial, lo que representaba un presunto fraude.
Yunes Linares afirmó que la UPAV opera en escuelas públicas los fines de semana bajo un esquema de cuotas semestrales que oscilan entre 2 mil y 3 mil pesos.
Zenyazen Escobar reitera que la UPAV operaba de manera anómala
El 4 de noviembre de 2019, el entonces secretario de Educación, Roberto Zenyazen Escobar García —hoy diputado federal—, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto desvío de recursos por más de 9 millones 648 mil pesos en agravio de la UPAV.
Señaló que los recursos desaparecieron mediante diversas transferencias bancarias realizadas durante 2018 a la asociación civil “Alianza para el Fomento del Aprendizaje”. Ya en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se informó que dicha asociación registraba adeudos con Hacienda por más de 300 millones de pesos, situación que llevó a disolver el convenio con la AC.
“Estamos finiquitando convenios antiguos que teníamos, uno con un patronato, Alianza para el Fomento al Aprendizaje. Esta asociación tiene ya situaciones con Hacienda, tiene adeudos pendientes de pago por más de 330 millones de pesos y pensamos que no era lo correcto continuar con ellos, aun cuando el convenio se finiquitaba el 31 de diciembre de 2018”, confirmó el exrector de la UPAV, Ome Tochtli Méndez Ramírez.
La declaración se dio el 10 de enero, fecha en la que también anunció que se buscaba una alternativa para un nuevo organismo encargado de las inscripciones y del manejo administrativo de la UPAV.
Nace la nueva AC acusada de irregularidades en gobierno de Cuitláhuac
La titular de la SEV, Claudia Tello, reconoció que la encargada del manejo de los recursos es la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), AC.
Esta asociación se creó en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, después de que el exrector anunciara el fin del convenio con “Alianza para el Fomento del Aprendizaje”. De acuerdo con la escritura 30801, registrada ante el notario público Francisco Saucedo Ramírez, en Coatepec, los integrantes de la fundación son: Tomás Castillo Pérez, presidente; Valentín Rivera Ramírez, secretario; y Juan Manuel Herrera Zepeda, tesorero.
Información pública en la plataforma Obras México reporta que Tomás Castillo Pérez es constructor. Por su parte, Valentín Rivera Ramírez es cronista del municipio de San Andrés Tlalnehuayocan, mientras que Juan Manuel Herrera Zepeda fungió como funcionario del DIF municipal de Tlalnehuayocan.
¿Cuál es el objeto social y las actividades autorizadas de la fundación?
Según su acta constitutiva, la asociación está facultada para realizar actividades de asistencia social conforme a la Ley de Asistencia Social y la Ley General de Salud.
Entre sus funciones destacan: apoyar la alimentación popular, promover la participación ciudadana en actividades cívicas, ofrecer asistencia jurídica, impulsar el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, promover la equidad de género, brindar servicios de apoyo a personas con discapacidad, fomentar el desarrollo comunitario, promover y defender derechos humanos, participar en actividades deportivas y de salud, impulsar acciones de protección ambiental y desarrollo sustentable, fomentar actividades educativas, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas, promover acciones que mejoren la economía popular, participar en acciones de protección civil y prestar servicios de apoyo a otras organizaciones con actividades afines.
La asociación establece actividades específicas como propiciar el desarrollo humano integral, lo que incluye la defensa de grupos vulnerables; el fomento de derechos sociales relacionados con educación, trabajo, salud, recreación y cultura; el impulso de las artes; y la investigación y promoción de proyectos de impacto social vinculados con derechos humanos.
También puede apoyar al sector educativo mediante la integración social de estudiantes de escuelas públicas, la atención psicológica a menores con necesidades educativas especiales, y la impartición de cursos sobre educación especial. Asimismo, tiene la facultad de participar en políticas públicas conforme a la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las OSC.
Régimen fiscal y obligaciones
Para ser autorizada como receptora de donativos deducibles del ISR, la asociación debe destinar sus activos exclusivamente al objeto social, no otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a personas físicas o morales no autorizadas y, en caso de liquidación, transferir todo su patrimonio a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles. De igual forma, los bienes adquiridos con apoyos públicos deben canalizarse a otra organización registrada en caso de disolución.
La fundación tendrá una duración de 99 años, con domicilio en el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, y la calidad de asociado es intransferible. Su estructura se compone de una asamblea general —órgano supremo—, un Consejo Directivo integrado por presidente, secretario y tesorero, y un vocal de vigilancia. Los cargos son honoríficos, duran seis años y pueden ser reelectos.
El presidente del Consejo Directivo cuenta con facultades amplias: poder general para pleitos y cobranzas; poder general para actos de administración y dominio; capacidad para suscribir títulos de crédito y manejar cuentas bancarias; representación laboral; realización de trámites fiscales y administrativos; y la facultad de otorgar y revocar poderes.
La UPAV y sus estudiantes
Según el Segundo Reporte Estadístico Institucional 2025, en educación media superior la UPAV registró una matrícula total de 27,755 aprendientes en el periodo 02-2025. En educación superior, la matrícula ascendió a 25,069 aprendientes, sumando 52,924 estudiantes en total hasta el segundo trimestre del año.
La institución tiene presencia en 156 municipios del estado a nivel medio superior y en 72 municipios a nivel superior.
Las matrículas más altas, considerando ambos niveles, corresponden a los municipios de: Veracruz (7,266), Xalapa (7,152), Orizaba (4,792), Jáltipan (4,004) y Córdoba (3,806). El informe señala además que, en bachillerato, el 5% de los estudiantes reprobó materias y el 6% causó baja en el periodo; mientras que en educación superior el 3% reprobó y el 4% causó baja.
No existe información pública sobre los ingresos que genera a la UPAV esta matrícula. De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, la institución ejerció menos de lo autorizado en su presupuesto anual asignado por el gobierno estatal.
Aunque contaba con una aprobación de 36.4 millones de pesos para egresos, el ejercicio devengado cerró en 31.6 millones. La mayor parte del gasto se destinó a servicios personales (16.6 millones), seguido de materiales y suministros (10.9 millones). Servicios generales y la adquisición de bienes muebles e inmuebles registraron gastos de 2.5 y 1.4 millones, respectivamente, con subejercicios en estas áreas.
lm