XALAPA. VER.- El proyecto de Presupuesto de Veracruz para el año 2026 contempla la creación de un nuevo impuesto ecológico destinado a sancionar a quienes contaminen el agua. El gravamen, que se incorpora como una fuente de recaudación para la hacienda estatal, exenta expresamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), pese a los constantes derrames registrados en la entidad.
El documento, remitido al Congreso local el pasado 31 de octubre, y que deberá aprobarse antes de concluir 2025, es poco claro respecto a su aplicación. Solo se menciona la expectativa de recaudación derivada del llamado impuesto ecológico, sin precisar si afectará a municipios, industrias, productores agrícolas o empresas privadas, ni qué dependencia será responsable de supervisar su cumplimiento.
En el mismo proyecto se incluyen dos nuevos impuestos: el ecológico, dirigido a sancionar a quienes contaminen, y otro del 2 por ciento a la compra de bebidas alcohólicas. No obstante, el pasado 10 de noviembre, la gobernadora Rocío Nahle García anunció que este último ya no se aplicará en 2026. Nada mencionó sobre el gravamen por contaminación del agua, que continúa previsto en el presupuesto.
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De acuerdo con el documento oficial, Pemex queda excluida del pago de este nuevo impuesto, a pesar de ser una de las principales fuentes de contaminación en Veracruz. Tan solo en 2025 se registraron cinco derrames que provocaron severos daños a cuerpos de agua y comunidades cercanas.
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establecen que los gobiernos estatales y municipales pueden “proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar” cuando se trate de descargas de aguas residuales en su jurisdicción.
A nivel federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependiente de la Semarnat, está facultada para vigilar el cumplimiento de la normativa, así como imponer multas, sanciones o clausuras.
Para la investigadora Beatriz Torres Beristain, del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), y Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Cuidemos el Agua, imponer un impuesto no garantiza que disminuya la contaminación.
Para resarcir los daños a los cuerpos de agua, expusieron, se requieren políticas públicas integrales, no solo medidas recaudatorias que terminen trasladando la carga fiscal a la población y al sector empresarial.
¿Qué propone Rocío Nahle?
En la exposición de motivos de la Ley de Ingresos 2026, el gobierno de Rocío Nahle García plantea la creación de impuestos ecológicos para sancionar la contaminación del agua en Veracruz. El argumento central parte de que la entidad posee una de las mayores biodiversidades del país, pero enfrenta amenazas crecientes por prácticas que provocan contaminación, degradación ambiental y pérdida de ecosistemas.
Bajo el principio internacional de que “quien contamina, paga”, la propuesta busca establecer un gravamen equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada metro cúbico de agua afectado. Este impuesto, según el texto, tendría un doble propósito:
1. Desincentivar actividades contaminantes.
2. Generar recursos para programas de mitigación, restauración y conservación ambiental.
El planteamiento se presenta como una medida para proteger el patrimonio natural del estado y promover la corresponsabilidad ambiental entre quienes generan impactos sobre los recursos hídricos.
Estos impuestos cumplen una doble función: por un lado, desincentivan prácticas contaminantes; por el otro, generan recursos que podrán destinarse a programas de mitigación, restauración y conservación ambiental.
“Artículo 9. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que efectúe la administración, fiscalización y recaudación de los nuevos impuestos aprobados: el Impuesto a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas y el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua, una vez realizadas las adecuaciones correspondientes en el Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la demás normatividad aplicable.
“Para el ejercicio fiscal 2026, se exenta del pago del Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua a la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX)”, plante al documento.
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Cuatro derrames de Pemex en Veracruz durante 2025
Durante 2025, Veracruz registró al menos cinco derrames de hidrocarburo vinculados a instalaciones o ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), con afectaciones a cuerpos de agua en el norte y sur del estado.
En enero, durante la primera semana del año, se reportó un derrame en aguas del río Coatzacoalcos, al sur de la entidad. El hecho provocó una severa mortandad de especies marinas y terrestres, de acuerdo con pescadores y pobladores de la zona.
El 9 de febrero, la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) informó que, en coordinación con Pemex, se realizaban labores de contención y limpieza en distintos puntos del río Coatzacoalcos, tras varios reportes de derrames en la zona portuaria y ribereña.
Meses después, el 11 de agosto, se notificó otro incidente en el poblado Las Palomas, perteneciente a la zona ejidal de Coatzacoalcos. Las lluvias recientes habían provocado que el hidrocarburo se expandiera por un arroyo local, alcanzando cuerpos de agua que abastecen a las comunidades cercanas.
El 15 de octubre, pescadores y habitantes de Villa Allende reportaron la aparición de manchas de aceite en el río Coatzacoalcos, originadas en la Terminal Marítima de Pajaritos, una de las instalaciones más grandes de Pemex en el sur del país. El evento generó preocupación por los daños ecológicos acumulados en la zona.
Apenas dos días después, el 17 de octubre, las fuertes lluvias que azotaron el norte del estado provocaron la ruptura de un tramo del oleoducto Poza Rica–Madero, lo que ocasionó un derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, en el municipio de Álamo Temapache. La mancha se extendió aproximadamente ocho kilómetros aguas abajo, afectando comunidades ribereñas.
El 21 de octubre, Pemex informó que había concluido la reparación del ducto afectado, y que se activaron los protocolos de seguridad industrial y ambiental para contener la pérdida de contención y realizar trabajos de saneamiento en la zona norte.
Impuesto podría interpretarse como un permiso para contaminar
La académica Beatriz Torres Beristain, del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) de la Universidad Veracruzana, advirtió que el nuevo impuesto ecológico propuesto por el gobierno estatal podría tener un carácter meramente recaudatorio, más que ambiental.
Señaló que actualmente existen instrumentos legales y autoridades estatales y federales que deberían garantizar la no contaminación del agua sin necesidad de crear nuevos gravámenes.
“Hay una diferencia entre querer resolver la problemática —porque Veracruz es una entidad con mucha diversidad ecológica que se está deteriorando— y otra muy distinta es imponer una carga económica para los particulares, lo que podría generar la percepción de que pagando se puede contaminar el agua”, apuntó.
Torres Beristain consideró preocupante que el nuevo impuesto pueda verse solo como una fuente de ingreso para el Estado. “Me preocupa que se vea como una manera de recaudar dinero, porque el tema va mucho más allá: se necesita conservación y restauración de ecosistemas, y eso no se hace. No es cuestión solo de dinero, yo pensaría que es lo menos importante”, sostuvo.
Agregó que la cuota planteada por metro cúbico de agua afectada podría reforzar la idea de que “si pago, puedo contaminar”, en lugar de fomentar una cultura ambiental que impulse el reciclaje, la renovación de infraestructura pública, industrial y en comercios y la construcción de plantas de tratamiento.
“Es importante que se le ponga el foco a la contaminación del agua, pero gran parte proviene de Pemex. El impuesto puede ser un arma de doble filo: podría verse como un permiso para contaminar”, advirtió.
La investigadora subrayó que, si el Estado pretende cobrar un gravamen por contaminación, los recursos deberían estar etiquetados exclusivamente para la remediación de cuerpos de agua en las regiones donde se genere el cobro. De lo contrario —afirmó— el impuesto ecológico podría convertirse en una “caja chica del gobierno”.
“La falta de información sobre cómo se aplicaría el impuesto genera la percepción de que se trata solo de aumentar los ingresos de la tesorería estatal. Todos en nuestras casas contaminamos, pero pagamos al municipio el saneamiento. Entonces, ¿quién está incumpliendo? Es un problema de administración de recursos, no de nuevos impuestos”, concluyó.
Municipios: contaminan cuerpos de agua, ellos deben pagar
Los principales contaminantes de cuerpos de agua en México son los Ayuntamientos, afirmó Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Asociación Salvemos el Agua.
Señaló que las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-2021, que regula las descargas en lagos, ríos y lagunas, y NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los parámetros para descargas en drenajes municipales, ya determinan quiénes son los responsables del tratamiento y cuidado del agua, así como las obligaciones para evitar su contaminación.
“Esas normas están vigentes, el problema es que no se cumplen en su totalidad. Hoy se aplican multas a través de la Semarnat, y son multas muy altas”, apuntó.
De la Madrid destacó que los principales generadores de contaminación son los más de 2 mil 400 municipios del país, de los cuales “la gran mayoría descarga aguas residuales a cuerpos de agua sin tratar, generando contaminación ambiental”.
A nivel nacional, añadió, los municipios —incluidos los 212 de Veracruz— incumplen con las sanciones que les impone la autoridad ambiental por contaminación de cuerpos de agua. “Aplicarles multas a terceros, privados o particulares no debería ser procedente. Primero que paguen los municipios que no cumplen”, subrayó.
Advirtió que el sector empresarial ha sido históricamente “la principal fuente de financiamiento del Estado mexicano” y enfrenta una situación económica complicada. “Sería irresponsable querer cobrar una multa por contaminar el agua cuando los municipios son los responsables de la crisis ambiental que se padece en todo el país”, sostuvo.
El ambientalista insistió en que los gobiernos municipales no han atendido su responsabilidad en el manejo del agua, ni han garantizado su correcto confinamiento, además de permitir el cambio de uso de suelo que agrava el deterioro ambiental.
Por ello, consideró que la economía del estado no está en condiciones de soportar nuevas cargas impositivas. “Un impuesto adicional sería contraproducente para la economía. Habría que incentivar y promover el cumplimiento de las normas actuales antes de crear nuevas disposiciones. Es lo que yo, respetuosamente, creo”, concluyó.
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