XALAPA, VER. - El 11 de enero es un día en el que 13 familias lloran por la ausencia de sus seres queridos, víctimas de desaparición forzada durante el gobierno del expriista Javier Duarte de Ochoa. En la misma fecha, pero del año 2013, ocho policías municipales fueron privados de la libertad en el municipio de Úrsulo Galván; tres años después, en Tierra Blanca, cinco jóvenes enfrentaron el mismo destino. Los dos casos comprobaron una política de exterminio reconocida por autoridades que permanece impune.
Las 13 familias no se conocen entre sí, pero además de desear que haya justicia para los suyos, coinciden en que el principal responsable de sus tragedias es el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien después de purgar una sentencia de 7 años en el Reclusorio Norte por delitos de corrupción está ante la posibilidad de solicitar su pre liberación, argumentando buena conducta.
El 06 de diciembre de 2021, el exmandatario fue imputado por el delito de desaparición forzada, concretamente por el caso denominado La Aurora, una barranca que presuntamente fue utilizada como “tiradero” de cadáveres en la comunidad Ojuelos del municipio de Emiliano Zapata, en la parte trasera de la Academia de Policías de El Lencero.
Te podría interesar
La barranca La Aurora cobró fama desde enero de 2016, cuando al fondo de ese lugar -de casi 100 metros de altura- habrían sido encontrados 19 cadáveres; todos quemados y apilados en un predio boscoso. El gobierno de Veracruz solo informó el hallazgo de 6 cuerpos, entre ellos el del expolicía estatal David Lara; el resto, según testimonios de excolaboradores de Duarte, fue ocultado por instrucciones suyas.
Sin embargo, el 14 de noviembre de 2024 un juez determinó la nulidad de dichos testimonios que incriminaban a Duarte debido a que se concluyo que fueron obtenidos a base de tortura; eso tuvo como consecuencia que se sobreseyera el proceso penal en su contra y que ahora pueda solicitar su pre liberación, contemplada en la ley, si él demuestra que ha mantenido buena conducta durante su estancia en el penal federal.
Te podría interesar
“Todo esto es producto de la corrupción e injusticias”, dijo en entrevista José Benítez Herrera, padre de uno de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
“¿Por qué a parte de ese caso (el de La Aurora) no agregaron el nuestro?, ¿o el de Úrsulo Galván’?, ¿o los otros miles que hay? ¡Jamás lo hicieron!; pusieron uno que desgraciadamente a lo último lo quitaron y al hombre (Duarte) lo libraron de esa bronca. ¿A poco la iba a librar con nuestro caso? ¿con todas las pruebas que tenemos y con todos los detenidos? (…) La investigación de la Cadena de Mando no se hizo y eso debía de haber repercutido hasta la cabeza (Duarte) que es el que manda. Al secretario de seguridad pública de ese momento (Arturo Bermúdez Zurita) tampoco se le investigo, ni a nadie. La CNDH decía en sus recomendaciones que se investigara la cadena de mando pero todo eso la fiscalía lo tomó como relajo”, agregó Benítez.
11 de enero: la coincidencia de una tragedia para 13 familias de Veracruz
El el 11 de enero de 2013, Alejandro Báez Hernández (de 39 años al momento de su desaparición), Aureliano Sánchez Tonil (53), Guillermo Torres Perdomo (41), Javier Araus Molina (43), Luis Alberto Valenzuela González (24), Samuel Montiel Perdomo (46), Juan Carlos Montero Parra, (40) y Agustín Rivera Bonastre, primer comandante (38), salieron a un rondín alrededor de las seis de la tarde a la comunidad de El Arenal, en Úrsulo Galván, pero ya no regresaron a sus casas.
De acuerdo con testigos —un vendedor de cervezas y un despachador de una gasolinera—, los ocho oficiales fueron interceptados por cuatro patrullas estatales mientras compraban esquites. Se presume que todos fueron desarmados y repartidos en los vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); la unidad de la policía municipal fue encontrada horas más tarde, calcinada, cerca del municipio de Vega de Alatorre, a 90 kilómetros de distancia. De los 8 policías no hubo pistas.
Por este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 24VG/2019, en la cual se acreditó la participación de 15 policías estatales señalados como responsables, y que formaron parte del denominado Grupo Tajín, en el cual también colaboraban elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Sin embargo no hay detenidos.
A 12 años de este suceso ninguno de los ocho oficiales ha sido localizado; el gobierno de Veracruz suspendió en dos ocasiones un evento de disculpa pública, donde, además de reconocer la responsabilidad institucional de la SSP, develarían un memorial frente al palacio municipal de Galván, así como las placas con los nombres de las 8 víctimas, con la finalidad de que no ocurran más casos como ese.
“Con la disculpa pública sufrimos una nueva revictimización, ya que la cancelaron dos días antes (el 9 de enero de 2023). Nosotras no sabíamos, pero el que era Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, tenía diferencias con la maestra Mayra Ledesma (exdirectora de Cultura de Paz) y ella era una de nuestras invitadas, ya que siempre recibimos su apoyo. Solo por eso nos cancelaron, argumentando que tenía una reunión urgente el gobernador con el presidente de la República”, dijo Martha González Menéndez, madre de Luis Alberto Valenzuela González uno de los ocho policías desaparecidos.
Además, Rosario Sayago Montoya, esposa de Juan Carlos Montero Parra, lamenta que no han sido informados si los restos de sus familiares son los que se encontraron en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, o en La Guapota, en el municipio de La Antigua, donde suman más de 500 cadáveres localizados. “A pesar de que dicen 'estamos trabajando’ no hay avances, puras mentiras, y ya pasaron 12 años de incertidumbre. Cuitláhuac García decía que su gobierno no sería igual que los pasados, pero resulto ser lo mismo”.
El 11 enero pero de 2016, cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que regresaban de pasar un fin de semana en el Puerto de Veracruz fueron detenidos por policías estatales en Tierra Blanca, en el sur de la entidad.
Susana Tapia Garibo (de 16 años), José Benítez de la O (24), Bernardo Benítez Arroniz (25), José Alfredo González Díaz (25) y Mario Arturo Orozco Sánchez (27) fueron entregados por una cuadrilla de ocho estatales con presuntos integrantes del Cartel de Jalisco, quienes los habrían asesinado en un rancho del municipio de Tlalixcoyan llamado El Limón, donde además fueron hallados unos 8 mil restos humanos y diversos objetos utilizados para el robo de combustible.
En El Limón, la extinta Gendarmería Nacional encontró un pedazo de hueso de Bernardo Benítez Arroniz y gotas de sangre de Luis Alfredo González Díaz; pero también indicios de otras siete personas que desaparecieron en esa región identificados como: J.A.B.L., D.R.P., E.B.S., A.M.M., D.F.R., J.M.E.L y T.M.G.; los restos fueron entregados con sus familiares.
Los demás hallazgos, pertenecientes a 300 o 400 personas, según cifras estimadas por las propias autoridades federales, no pudieron ser identificados por el estado de descomposición que tenían. El exsubsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que la desaparición de cuerpos en ese rancho era sistemática desde varios años atrás.
Por el caso de los cinco jóvenes de Playa Vicente 21 personas fueron detenidas: 13 civiles acusados de ser parte de una célula del CJNG y ocho policías estatales, entre ellos el exsubdelegado regional de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde.
Tres de los civiles fueron liberados por errores de la Fiscalía General de la República (FGR), pero dos fueron asesinados: Francisco Navarrete Serna (30 de mayo de 2020), considerado exlíder de plaza del CJNG y compadre de la hoy diputada federal por Morena, Margarita Corro; y su hijo, Francisco Navarrete Abraham (7 de junio de 2020).
Otros civiles detenidos rindieron una declaración (asentada en la carpeta de investigación 27/2016) y describieron una alianza con “Los Estuches”, como se referían a los policías estatales. “Al rancho El Limón, llegaba a quien le apodaban ‘Conde’ acompañado de cinco o seis policías estatales que se trasladaban en patrullas de la SSP. Había ocasiones que llegaban en vehículos particulares. Nos llevaban a personas que ellos mismos levantaban; nos decían que eran 'efectivos' y ya después eran ejecutados por ‘El Flaco’”, dijo uno de ellos.
A 9 años de las cinco desapariciones forzadas en Tierra Blanca, ninguno de los 18 hombres que permanecen detenidos y enfrentan un juicio por el delito de desaparición forzada ha recibido una sentencia condenatoria. Pero no es todo. La Fiscalía General de la República (FGR) también vinculó a proceso a los 21 detenidos por el delito de delincuencia organizada y tres de ellos quedaron en libertad debido a que la autoridad federal no pudo acreditar su responsabilidad; dos fueron asesinados.
Las familias de Playa Vicente también presentaron dos denuncias ante la FGR contra el exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, por haber expedido nombramientos a los 8 policías involucrados a pesar de que habían reprobado los exámenes de control y justicia; sin embargo, un juez de federal determinó que la autoridad tampoco demostró la existencia de dichos nombramientos (aun que cuando cometieron el crimen estaban como policías en activo).
Asimismo, las víctimas indirectas recriminaron que la Fiscalía estatal no investigó la responsabilidad de los jefes policiales de la SSP y solo consignó al exdelegado regional de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández.
Esto a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —a través de una comunicación con el Estado mexicano— compartió la necesidad de realizar una investigación de la cadena de mando; la CNDH también lo solicitó en la recomendación 5VG/2017, y quedó asentado en una denuncia presentada por el organismo que forma parte de la carpeta de investigación FESP/0691/2017/7.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
“La corrupción viene desde arriba, los arreglos que hacen las autoridades los hacen desde arriba y los policías se tienen que someter a esas órdenes. En el caso de Conde porque lo agarramos ahí, porque si no la libra. ¿En cuántos casos donde hay policías rasos detenidos las investigaciones han subido a la cadena de mando? Sin temor a equivocarme, ninguno. ¿Y qué hace la fiscalía?, alarga unos tres años la investigación y dejan la ventana abierta para que salgan. Así es esto en nuestro país”, dijo José Benitez Herrera.
Si me hinco a rezarle a la virgen la justicia no va llegar: José Benítez
José Benitez Herrera, advierte que seguirán pidiendo justicia por los cinco jóvenes desaparecidos y dijo que “a todos se les puede olvidar nuestro caso, menos a nosotros”.
“Si nada más me hubiera hincado a orar ante una virgen ni nos pelan. ¿Cuántas de las personas que están como en nuestros zapatos quisieran lograr algo como nosotros? Se necesita hacer una presión inimaginable, que tu vida ya para ti no valga nada, que le arriesgues las 24 horas, en otras palabras que te valga madre tu vida. Porque si te quedas esperando a que la justicia llegue, a que la fiscalía haga su trabajo ahí te vas a quedar”, dijo el padre de José Benítez de la O.
Finalmente, agradeció a la sociedad que ha mostrado interés en su caso. “Muchas gracias a las personas que nos han apoyado, es algo muy difícil, que la gente vaya a apoyar y se meta en problemas como el de nosotros, porque se tienen que se tiene que criticar a quien no e debe, es decir la ley o los delincuentes”.
mb