XALAPA, VER. - La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Adriana Linares Capitanachi, presumió que —después de 7 años de que fue creado el sistema—, ya se cuenta con la primera lista de 14 exfuncionarios sancionados e inhabilitados por actos de corrupción.
En 2017 se creó el SEA que tiene como principal objetivo el combate a la corrupción en Veracruz. Fue este mes de diciembre que se publicó la lista de 14 exfuncionarios, entre ellos: Jorge Winckler Ortiz, exfiscal del Estado y la morenista Joana Bautista Flores, ex administradora del Poder Judicial de Veracruz, que fueron inhabilitados por irregularidades graves en la administración pública.
Según la ley, el SEA tiene, entre otras responsabilidades, crear la Plataforma Digital Estatal que debía contener información sobre la evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.
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Así como la creación del Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; el Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción; y el Sistema de Información Pública de Contrataciones.
En entrevista, el viernes 13 de diciembre, Adriana Linares Capitanachi difundió que ya estaba en operación la Plataforma Digital Estatal, donde había información relativa al combate a la corrupción en Veracruz.
“En el SEA dimos apertura ya a la plataforma digital, específicamente a nivel Estado, la plataforma ya cuenta con información que es muy importante, como servidores públicos sancionados, particulares sancionados.
“También tenemos todo listo ya para entrar al Sistema Uno, que son las declaraciones patrimoniales, asimismo tenemos transparencia en donde nosotros podemos checar las dependencias, sus procesos para adquisiciones, también qué servidores públicos intervienen en estas adquisiciones y sobre todo qué responsabilidad tienen en ese proceso”, explicó a medios de comunicación.
La plataforma, dijo, se logró con economías financieras y por medio de un convenio con el Instituto Tecnológico de Xalapa y con el Instituto Tecnológico de Poza Rica, “con un beneficio enorme para todos los veracruzanos porque podemos checar esta información”, agregó.
De las seis plataformas en el portal, solo cuenta con información vigente la sección de funcionarios sancionados, no obstante que se publicó este mes, algunas inhabilitaciones están por fenecer.
En el resto de los sistemas o plataformas que marcan la ley, están en construcción o no arroja resultados al solicitar datos sobre funcionarios públicos.
Fiscalía acumula mayor número de exfuncionarios sancionados
Jorge Winckler Ortiz, exfiscal general -que se encuentra detenido por el delito de desaparición forzada y tortura, fue inhabilitado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), por contratación indebida.
El periodo de la sanción es por un año, que no podrá ejercer la función pública, sumado a que está recluido un penal, privado de sus derechos político-electorales. La falta por la que se le inhabilitó es considerada grave.
La determinación de los magistrados implica el periodo del 9 de febrero del 2024 al 9 de febrero del 2025, es decir, está a poco más de dos meses de que concluya la inhabilitación, según datos del expediente PRA/04/2020/SRC-IX.
El mismo expediente PRA/04/2020/SRC-IX involucra a Gabriela Reva Hayón, que fue registrada por el PAN como candidata a diputada plurinominal. La panista se desempeñó como Oficial Mayor de la Fiscalía en el periodo de Winckler Ortiz, y también fue señalada de una falta grave por contratación indebida e inhabilitada por un año, en el mismo plazo que su exjefe.
En el caso de América Aguilar Bozada, quien se desempeñó como Subdirectora General de Administración de la FGE, se le abrió el expediente CG/FGE/PDA/010/2017, por irregularidades en la obra construcción y equipamiento de la unidad antisecuestro del estado de Veracruz.
El 14 de octubre del 2021 se emitió la resolución de la misma Contraloría de la FGE en la que determinó inhabilitar a la funcionaria pública por un periodo de cinco años. La decisión causó estado desde el 22 de agosto del 2023 hasta el 22 de agosto del 2028, es decir, le falta cuatro años para completar la prohibición de trabajar en algún cargo público.
Wilfrido Alejandro Serrano Cruz, quien se desempeñaba como subdirector de Recursos Humanos de la FGE, fue inhabilitado por un periodo de nueve meses, a partir de 31 de mayo del 2024 al 28 de febrero del 2025.
La resolución de la sanción se dio el 27 de junio del 2022 cuando se concluyó la integración del expediente FGE/CG/0008/2020, tras el proceso de impugnación, al ser señalado por faltas administrativas no graves, la sanción quedó firme en mayo de este año, cuando se inició el periodo en el que no podrá estar en la función pública.
El exfuncionario se desempeñó como Subdirector de Recursos Humanos en el periodo de Jorge Winckler. A la llegada de la actual fiscal general, Verónica Hernández Giadáns fue despedido del área.
Según datos que son públicos en la revisión del gasto del 2018, fue requerido por la Contraloría General de la Fiscalía por el pago de nómina a personas que habían sido dadas de baja o que cobraban más de lo que establecía el tabulador de la FGE y fue la autoridad que le inició el proceso administrativo y determinó la sanción.
En el caso de Gerardo Mantecón Rojo, que fue director General de Administración de la FGE, tiene dos inhabilitaciones vigentes la que se determinó por el expediente CG/FGE/PDA/09/2016 y la CG/PDA/01/2017 en ambos casos está impedido por cinco años.
En la primera fue sancionado por daño por perjuicio causado al patrimonio del órgano autónomo. El plazo de la prohibición para trabajar en la función pública corre del siete de junio del 2021 al siete de junio del 2026; el exfuncionario tenía que pagar una multa de un millón 111 mil 500.
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En el caso del CG/PDA/01/2017, que abrió la Contraloría de la FGE, la sanción fue con motivo de irregularidades detectadas en la obra de construcción de las instalaciones de Servicios Periciales en Veracruz. El castigo aplica hasta el 9 de septiembre del 2025, es decir, está por vencer. Y debía pagar una multa de 2 millones 367 mil 158 pesos.
A María Isabel Hernández Cruz, fiscal Regional de Xalapa, se le abrió el expediente FGE/CG/US/PRA/004/2020, por faltas reiteradas. La decisión de la Contraloría General fue inhabilitarla por seis meses, la sanción concluye el 1 de enero del 2025.
Otro expediente que se abrió en la Fiscalía, el FGE/CG/US/PRA/009/2020, determina que Wilfrido Alejandro Serrano Cruz, subdirector De Recursos Humanos y Rosario Juárez Ramírez, jefa del Departamento de Control de Personal y Prestaciones Sociales fueron inhabilitados.
Los dos funcionarios de la FGE fueron señalados de faltas administrativas no graves, por lo que les prohibieron desempeñarse en la función pública por seis meses. La sanción vence el 24 de enero de 2025.
En el caso de la FGE, se determinó que David García Galván, exfiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en Xalapa, fue inhabilitado por tres meses según datos del expediente. FGE/CG/US/PRA/079/2021, por probables faltas administrativas. Su sanción concluye el 17 de enero de 2025.
Poder Judicial También acumula expedientes
En la misma lista de funcionarios inhabilitados se publicita el acuerdo 29/2024-II del Consejo de la Judicatura del 10 de septiembre de este año, que involucra a Joana Marlen Bautista Flores, exdirectora General de Administración del Poder Judicial del Estado, que fue destituida por la actual presidenta, Lisbeth Jiménez Aguirre, en septiembre del 2023.
La exfuncionaria, que era cercana al gobernador Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024) y al hoy diputado federal Eleazar Guerrero Pérez, fue sancionada por daño patrimonial con motivo de la contratación irregular de bienes y servicios por 19 años.
El plazo de “sanción” corre del 11 de septiembre del 2024 al 10 de septiembre del 2034. Esa determinación se podrá impugnar ante órganos administrativos como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).
El mismo acuerdo involucra a Manuela Saldaña Ríos, quien se desempeñó como Subdirectora de Recursos Financieros; Elvis Viveros Arroyo, Jefe de Departamento de Servicios Generales y Ofir Aly Gutiérrez Ponce, Subdirector de Recursos Materiales que, según el Consejo de la Judicatura, no podrán trabajar en la función pública por 10 años.
mb