VERACRUZ, VER. - Una sensación de temor invadió a Jacinta Álvarez Cabrera la tarde del 2 de mayo del 2023, luego de que Leonardo N, pareja de su nieta Lizbeth Vargas Barrios, regresó sin ella a la localidad de El Tejar, en el municipio de Medellín de Bravo. Dos semanas después, el cuerpo de la joven fue hallado sin vida dentro de un pozo.
Lizbeth fue asesinada en un municipio considerado como foco rojo por la violencia contra las mujeres, según activistas feministas. La localidad gobernada por el alcalde morenista, Marcos Isleño Andrade, ocupa el sitio 76 de los 100 municipios donde más feminicidios se cometieron en el país de enero a junio del 2023.
Durante todo el 2022 y la primera mitad del 2023 se registraron 5 feminicidios en Medellín de Bravo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el primer semestre del presente año, la entidad veracruzana contabilizaba 28 feminicidios, esta cifra lo llevó a ocupar el lugar 5 de los estados con más casos en el país.
Familias víctimas de feminicidio naufragan entre la desinformación
Una corazonada le avisó a Jacinta que algo no estaba bien, pues antes de que “La Negra”, como le dicen de cariño a Liz, saliera de su casa, le dijo a su abuela que iría a la ciudad de Veracruz a buscar mercancía para preparar sus postres y que Leonardo la acompañaría, pero nunca regresó. Dos semanas después, el lunes 15 de mayo, su cuerpo fue hallado en el fondo de un pozo.
Pero antes de que el caso de Liz se diera a conocer y los familiares comenzaran a hacer presión para localizarla, pasó una semana para que dieran aviso a las autoridades de su desaparición. La razón principal fue que la abuela, de 85 años, desconocía a dónde acudir para reportar la desaparición de su nieta, ni siquiera sabía que hay un Instituto Municipal de la Mujer (IMM), que es el encargado de orientarlas.
“Yo le preguntaba al hombre que dónde estaba, pero él me decía que se había ido con otro. Un día fui al Tejar y pregunté a las personas y ninguno me dio razón de mi nieta”, lamenta Jacinta.
Tras la desesperación de no saber dónde estaba su nieta, dos días después de la desaparición, Jacinta tomó el poco dinero que tenía ahorrado de su Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y buscó un taxi que la pudiera llevar de El Moralillo, localidad donde vive, hasta El Tejar, donde Liz vendía sus postres. Preguntó con el carnicero, a los vendedores ambulantes del parque, pero nadie supo decirle algo de su nieta.
Estrategias no llegan a familias de escasos recursos
El caso de Jacinta y Lizbeth no es aislado, aunque los ayuntamientos implementan estrategias para prevenir la violencia contra la mujer, como talleres, pláticas y asesorías de derechos humanos, estas no llegan a todas las personas, en especial a las familias de bajos recursos o que viven en comunidades indígenas que no tienen las herramientas para denunciar estos casos. Además de que no hay los suficientes recursos para que los institutos municipales de las mujeres puedan implementar más acciones para terminar con el problema, aseguran activistas.
La Silla Rota realizó solicitudes de información a 26 municipios de Veracruz que más casos de violencia de género registraron en lo que va del 2023, de acuerdo con informes de colectivas feministas y del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en el estado de Veracruz (OUVMujeres).
En el listado se encuentran:
Acayucan, Acultzingo, Álamo Temapache, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Coxquihui, Fortín, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Juan Rodríguez Clara, Las Choapas, Mariano Escobedo, Nautla, Orizaba, Paso del Macho, Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tecolutla, Tierra Blanca, Veracruz, Xalapa, Medellín de Bravo y San Rafael.
En la solicitud de información se les pidió a los 26 municipios que presentaran la cantidad de dinero que invirtieron durante el periodo del 2022 al primer semestre del 2023 para costear estrategias de prevención de agresiones contra las mujeres, solo 13 dieron el monto, es decir 50 por ciento reveló cuánto invirtió en este rubro.
De los 26 municipios, 3 respondieron que no cuentan con un presupuesto o no se les asignó ninguno en el periodo 2022 a 2023, estos son Fortín, Ixhuatlán del Café y Tierra Blanca, en todos hubo al menos 1 feminicidio en ese período.
Las otras 10 demarcaciones no dieron el monto que invirtieron, pero sí las estrategias y protocolos para atender los casos; no obstante, Medellín de Bravo y San Rafael no han contestado las solicitudes de información, pese a que el tiempo de espera ya pasó.
Municipios con más y menos inversión
La cantidad que invirtieron los 13 ayuntamientos en crear acciones, protocolos y atención para prevenir las agresiones contra las mujeres va desde los más de 12 millones de pesos hasta los 9 mil 23 pesos. Los montos están distribuidos de la siguiente manera:
- Veracruz: 12 millones 641 mil 951 pesos
- Córdoba: 2 millones 339 mil 508 pesos
- Xalapa: 800 mil pesos
- Orizaba: 590 mil 460
- Las Choapas: 307 mil 679 pesos
- Xico: 284 mil 329 pesos
- San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara y Acultzingo 200 mil pesos
- Nautla: 101 mil 328 pesos
- Acayucan: 100 mil pesos
- Perote: 91 mil 226 pesos
- Poza Rica de Hidalgo: 9 mil 23 pesos
¿Estrategias sirven para prevenir la violencia?
Las estrategias que la mayoría de los municipios implementaron para prevenir la violencia contra la mujer fueron capacitación a funcionarios públicos, talleres, pláticas sobre derechos humanos a escuelas, ciudadanos y empresas. Así como la conmemoración del Día Naranja, eventos de carreras femeniles, cursos de gastronomías y de empoderamiento.
Otras de las acciones que implementaron los municipios como Acultzingo, Córdoba, Fortín, Juan Rodríguez Clara, Las Choapas, Poza Rica y San Andrés Tuxtla fueron Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG). Al igual que las recomendaciones de las Alertas de Violencia de Género y Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz).
La activista feminista y coordinadora del OUVMujeres, Estela Casados González, indica que las acciones de prevención como talleres, pláticas a escuelas, sociedad y capacitación a funcionarios públicos son importantes para que los ciudadanos se mantengan informados; sin embargo, no es suficiente, pues el alcance que tienen es corto, por lo que las administraciones municipales y estatales deberían de invertir más para atacar el problema.
“Pensar que esa es la estrategia para poder abatir la violencia es como hacer una cirugía mayor utilizando solo agua oxigenada, la famosa frase de utilizar curitas para curar un cáncer. La charla, los trípticos, la conmemoración de fechas especificas tiene una misión muy concreta que es la de informar, pero su alcance es corto y menos si se hace con recursos agotados”, agrega la especialista.
Casados González explica que la implementación de estas acciones solo indica que no hay recursos suficientes para emprender otras acciones que pudieran articularse con las capacitaciones y las charlas.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación, del 2019 al 2023 -en lo que va de la administración del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez-, el presupuesto del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) se redujo hasta 200 millones 499 mil 829 pesos.
Lo mismo pasó con el presupuesto que se les asignó a los refugios estatales para mujeres en situación de violencia. En el 2019 se les asignó 15 millones 406 mil 171 pesos, para el 2023 fue de 9 millones 041 mil 580 pesos, al igual que con las AVGM y otros recursos destinados para este rubro.
Mónica Mendoza Madrigal, académica investigadora del Centro de Estudios de Opinión y Análisis (CEOA-UV) y activista feminista, puntualiza que hay ciertas estrategias que no contribuyen a mejor la prevención de la violencia contra la mujer y que solo buscan llenar una cuota para que las administraciones digan que sí se encuentran haciendo algo.
"La Ley exige que las acciones que se lleven a cabo desde las instancias del poder público a la materia cumplan cuatro tareas principales, que son prevenir, sancionar, atender y erradicarla. En las tareas de prevenir se sitúan las pláticas a escuelas que está bien que lo hagan, pero no puede ser que sean lo único que realicen", dice Mendoza Madrigal.
La activista mencionó que los ayuntamientos deberían instalar mesas institucionales con las dependencias de seguridad de cada municipio, sobre todo los que tiene alertas de género para establecer coordinación efectiva con las otras dependencias. De igual forma se debe de atender de manera rápida las llamadas de emergencia que las víctimas realicen a las dependencias encargadas de la seguridad.
Familias víctimas de feminicidio en el olvido
Las activistas señalan que es importante invertir en prevenir la violencia, porque ese es un paso más para disminuir los feminicidios, que es el último eslabón de esta cadena. Además de que se deben de implementar programas para ayudar a los familiares que son víctimas de feminicidio.
“No hay seguimiento para los deudos. Hay una cifra espantosa de los huérfanos de feminicidio, además es una cifra muerta, porque no sabemos quién los atiende, suponemos que las familias se hacen cargo de la crianza de los menores, pero no son las únicas personas que son deudas de estos asesinatos. Hay personas adultas mayores y vínculos familiares que se ven afectados”, asevera Mendoza Madrigal.
Entre esas cifras se encuentra Jacinta y los hijos de Liz, quien después del asesinato de su madre se quedaron a cargo de su bisabuela, ella los mantiene mediante el apoyo de su pensión, así como de la caridad que le dan sus vecinos.
mb