XALAPA, VER. - Irvin López Bonilla, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos de las personas LGBT+. Además de coordinar la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas, él se ha convertido en un aliado fundamental para aquellos que buscan hacer el cambio de género en el estado de Veracruz, donde las autoridades han mostrado falta de voluntad para adecuar el Código Civil y avalar la solicitud de adecuación sexo-genérica del acta de nacimiento.
Hasta este 2023 son 20 las entidades del país las que permiten la actualización de las actas de nacimiento para personas trans. Apenas en noviembre de 2022, Hidalgo se convirtió en el primero en reconocer a personas no binarias en México, mientras que en Veracruz iniciativas en esta materia cumplen más de un año sin ser dictaminadas y discutidas por el pleno del Congreso local.
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Por esta razón, para Irvin la lucha por los derechos humanos no se limita a las aulas y los tribunales, sino que también abarca la esfera personal de aquellos que necesitan ayuda en su proceso de transición. Aparte del asesoramiento legal, su trabajo también incluye un importante apoyo hacia aquellos que se encuentran en el complejo camino del cambio de género.
Irvin, junto a sus colegas de la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas y a las personas que han asesorado durante años, han generado sentencias históricas en Veracruz y en México, con estrategias legales que sientan precedentes ante tribunales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Integrante de la comunidad LGBT+ y conocedor de las violaciones sistemáticas de derechos humanos a ese sector, el docente encontró en ambos factores dos de los principales impulsos para pelear por sus convicciones.
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Como conocedor del derecho ha entendido que, si este no se pone en práctica, no sirve: “Creo que hay que brincar entre el derecho de los libros y el derecho de la acción las y los estudiantes, sobre todo en escenarios como los que vivimos actualmente, es cuando estas acciones resultan de mayor importancia”.
SITUACIÓN EN VERACRUZ
Férreo impulsor de iniciativas para el bien de la comunidad LGBT, Irvin López ha encontrado terreno fértil en Veracruz más allá del propio Poder Legislativo en la entidad. A través de la Clínica, ha formado defensores y defensoras de derechos humanos que han incidido en la creación de estrategias en torno al cambio de género, que concibe como “la punta del iceberg” en las muchas batallas legales que se deben enfrentar.
Así, en el 2015, año en que la Clínica fue puesta en marcha, se inició el primer cambio de género en la vía administrativa, caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del amparo en revisión 1317/2017 y que sentó un precedente para dejar claro que la vía idónea para realizar el trámite de cambio de género es la administrativa.
“Producto de ello instauramos la clínica propiamente y en esa medida es que se convocó a un grupo de 27 hombres y mujeres trans. En 2019 se inició el camino por la defensa, pero ya en sede local a través de la Sala Constitucional y esto logra que se obtengan 27 sentencias favorables”, recuerda.
El trabajo no se ha quedado únicamente en el cambio de género. Irvin y el equipo que integra buscan que a las personas trans se les reconozca como víctimas de violaciones a sus derechos humanos, que se les repare el daño que el Estado ha ocasionado al seguir teniendo normatividad discriminatoria contra el sector y que hace inaccesible el derecho a la identidad de género autopercibida.
Lo anterior, porque pese a las sentencias que se han obtenido, autoridades administrativas -del Registro Civil- han emitido lineamientos que no se ajustan a los estándares internacionales y que las propias sentencias han dictado para ser tomadas en cuenta: “No sé a qué se deba, tal vez a caprichos un tanto administrativo que siguen manteniendo, pero lo que nos hacen es seguir impugnando las decisiones que tomen en el camino para este tipo de personas”, agrega.
El abogado explica que las sentencias obtenidas para mudar de sexo establecen que, a toda petición para el cambio, debe recaer un acuerdo favorable y que los documentos que la persona tenía antes del cambio no sean modificados, sino que más bien se expidan unos nuevos con la identidad adoptada.
Ahí, dijo, es donde el Registro Civil veracruzano carece de los mecanismos para ello, pues lo que se está haciendo más bien es rectificar el acta de nacimiento de la persona que ya obtuvo el cambio de sexo “y eso lo que hace es reproducir el estereotipo del cambio de género”, pues no se colma el requisito establecido por la Corte, que claramente indica que se debe expedir uno nuevo.
“No sé si es tan difícil, pero me parece que el Registro Civil no lo ha entendido y no sé si se deba justamente a que no admiten el alcance de un criterio así o no existe la voluntad para realizarlo”, dijo. Sin embargo, aunque lograr lo anterior parece un gran avance, los procedimientos para cambio de sexo no solo se quedan en la expedición de un nuevo documento de nacimiento, sino que deben pasar otros filtros, violando el principio de integralidad.
Las personas que inician el trámite deben pasar también por el filtro del Registro Federal de Contribuyentes, donde se han presentado problemas para armonizar la clave, pues el Servicio de Administración Tributaria se niega a cambiar la clave alfanumérica del contribuyente, orillando a que se revele la condición trans de la persona, que la coloca “en un escenario potencial de discriminación”.
Igualmente, ante dependencias educativas a nivel federal y estatal, se han encontrado trabas para actualizar los certificados de estudio desde el nivel preescolar hasta el grado universitario.
“No por nada las encuestas de Conapred arrojan cifras alarmantes cuando se habla de una transfobia enquistada socialmente”, lamenta.
Pese a todo ello, la clínica que encabeza Irvin tiene casos de éxito gracias al precedente obligatorio logrado a través del litigio estratégico en la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz. La jurisprudencia local establece que las autoridades administrativas, el Registro Civil para el caso, pueden inaplicar una norma cuando ésta es inconstitucional.
Gracias a ello, la Clínica logró que, en los inicios de la operación, un niño de entonces 16 años y que buscaba el cambio de sexo con autorización y acompañamiento de sus padres, pudiera ser asesorado hasta lograr su cometido.
Sin embargo, a la fecha el caso sigue en litigio, pues como indicó el académico, no se trata únicamente de obtener un nuevo documento de nacimiento con la identidad ya adoptada, sino que sigue la lucha por reparación del daño y reconocimiento de las violaciones que tanto él, como otros integrantes de la comunidad, han sido objetos.
CAMINO COMPLEJO
Pero el camino no se torna tan fácil aún. Para el abogado, en tanto la Sala Constitucional no ejerza su facultad de vincular a otros órganos al cumplimiento de sus sentencias, como los casos del Ejecutivo y Legislativo, “invitarlos” a que lo hagan sólo será “una llamada a misa”.
Y es que, a la fecha, son tres iniciativas las que tiene el Congreso del Estado en torno a la seguridad jurídica de la población LGBT.
La primera de ellas data de 2019, que fue presentada a través de Adriana Paola Linares Capitanachi, de Morena; en ese año, convocó a la clínica de Irvin para la realización de mesas de trabajo entre sociedad civil y especialistas, con miras a reformar el Código Civil. Sin embargo, Linares Capitanachi ya ni siquiera es legisladora y la iniciativa quedó en la congeladora.
Posteriormente se presentó una iniciativa de parte del diputado petista Ramón Díaz Ávila para reformar el Código Civil y permitir el cambio sexo-genérico. Iniciativa que, sin embargo, detalla Irvin, tiene vicios serios de inconstitucionalidad, pues criminaliza y revictimiza a miembros LGBT.
Una iniciativa más busca ser impulsada por el diputade Gonzalo Durán Chincoya, ,misma que fue hecha por la clínica de Irvin pero que, aunque presentada por el legislador morenista, al ser un compromiso que suscribió con los autores, no ha avanzado en su análisis.
“Nos queda claro que la voluntad política no existe para legislar en favor de la comunidad trans y lo que nosotros hemos hecho es exigir derechos para este grupo estructuralmente discriminado”, sostiene López Bonilla.
mb