VERACRUZ, VER. - “No se vale que nos haya estafado y jugado con la necesidad de dos personas de la tercera edad”, reprocha Leticia Infanzón, quien narra cómo sus padres fueron timados por un presunto abogado que les prometió agilizar una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), por la agresión física que sufrió su madre, una mujer de 75 años.
A Leticia recuerda este caso le provoca impotencia y rabia, pues asegura que ya van siete meses y el supuesto abogado no da la cara para resolver el problema, además de que se niega a devolver les 3 mil pesos que le dieron para que agilizara los trámites de la denuncia.
Todo empezó en junio del 2022, cuando la madre de Leticia Infanzón, Celia Urrutia, una mujer de 75 años de edad, presuntamente fue atacada por la novia de su nieta. Las dos mujeres habrían entrado a casa de la adulta mayor en búsqueda de su padre, el hijo de Celia, pero no encontrarlo la habrían atacado.
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Los golpes le causaron a Celia diversas lesiones y moretones en el cuerpo, por lo que al siguiente día acudió con su hija a levantar una denuncia en la FGE, en la zona de Las Bajadas; durante un mes soportaron trámites burocráticos y citatorios en los que las acusadas no acudieron.
La última audiencia fue en julio, ahí el fiscal a cargo les dijo que su caso sería trasladado a la fiscalía que se encuentra sobre el bulevar Fidel Velázquez, cerca de la colonia Playa Linda, al norte del puerto de Veracruz, ya que era más factible por si tuvieran que aprenderlas para trasladarlas al Penalito de Playa Linda.
Aquella ocasión Celia fue en compañía de su esposo. Al salir, la pareja fue abordada por un abogado de nombre Eduardo; Leticia dice que su madre no recuerda los apellidos de la persona, por lo que no pueden proceder legalmente. Él les ofreció a ayudarles con todo el trámite y agilizar la denuncia para que las dos personas implicadas respondieran por la agresión.
“Él (abogado) quedó en hacerse cargo de todo, pero nunca fue a la fiscalía, yo le llamaba, me dijo que en tal fecha me iba a marcar para firma y nada. Se le dio dinero, 3 mil pesos y el señor hasta el día de hoy no se ha aparecido”, cuenta Leticia.
Durante cuatro meses les dio largas, por mensajes les comentó que ya había acudido a la FGE a hacer los trámites y que era cuestión de tiempo; no obstante, la desesperación comenzó a invadir a la familia, por lo que en noviembre Leticia acudió a las oficinas de Las Bajadas para hablar con el juez, quien les dijo que nadie había solicitado información del caso.
“El fiscal me dijo que ahí no se había presentado ningún licenciado para llevar el caso de mi mamá e, incluso, ni siquiera tenían la carpeta de investigación en esa área. Me dijo: ´Mire, si él (abogado) hubiera venido yo tendría que tener su carpeta en esta oficina y no la tengo´. Le hablé al señor y le comenté eso y se molestó, que, por qué lo andaba investigando y metiéndome en su trabajo”, agrega.
Leticia afirma que hasta la fecha sigue sin responder sus llamadas y solo responde por mensaje, donde le da largas. Hasta el momento no sabe su nombre, solo las características físicas donde lo describe de baja estatura, tés morena, una edad de aproximadamente 47 a 48 años, con los brazos tatuados y cabello lacio.
Sus padres se endeudaron para pagarle y pagar gastos médicos
Después de la agresión que sufrió Celia, presentó distintas afectaciones a su salud como problemas de la presión que la llevado al hospital en más de una ocasión, también tuvo que soportar los trámites burocráticos que le solicita la FGE para atender su caso.
En la mayoría de las ocasiones es apoyada por su hija quien acude a la FGE a dejar el papeleo y las pruebas. Leticia asegura que su papá tuvo que adquirir un préstamo en el banco por 30 mil pesos para pagar todos esos gastos y los del abogado.
“Ese licenciado no sabe cómo mi papá consiguió ese dinero para podérselo dar a él y así arreglar más rápido y mire, estamos peor y me da coraje, porque son dos adultos mayores que no se meten con nadie y casi no salen, cuando salen tenemos que acompañarlos porque mi papá casi no ve, mi mamá con el problema de su pierna y los dos padecen de la presión”.
“Coyotaje” de abogados una práctica común Veracruz
La desesperación y el poco conocimiento que los padres de Leticia tenían sobre leyes los llevó a confiar en la palabra de un supuesto abogado, con la promesa de hacer más rápido su trámite, un caso que no es aislado en la ciudad de Veracruz, agrega el expresidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán del Valle.
El especialista indica que está práctica es común en los juzgados, donde suelen abordar a las personas a fuera de las fiscalías para ofrecerles sus servicios. Ellos denominan este método como “coyotaje”, pues siempre están “a la caza de los clientes”.
El 11 de noviembre del 2021, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acuñó el término "abogángsters" al referirse a los abogados que utilizan ley para delinquir, esto después de que los abogados Víctor N y José Ramón N, fueron aprehendidos el 7 de noviembre por ultrajes a la autoridad, portación de armas de fuego, así como portación de estupefacientes.
Señaló que nadie está por encima de la ley e, incluso, aseguró que existen casos de abogados que ofrecen a policías y fiscales hasta 10 millones de pesos para liberar a sus clientes, por lo que muchos de estos profesionistas que ofrecían sobornos se encontraban cumpliendo un proceso legal.
El expresidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán, señala que de los clientes que atiende en su despacho al año, 30 por ciento acude luego de haber sido estafado por otros abogados.
“Son los que están afuera de las oficinas donde se imparta justicia, ahí va a encontrarlos a ellos ofreciéndoles tarjetitas, ofreciéndoles sus servicios de manera informal, a la caza propiamente del cliente. Ellos no tienen un respaldo profesional, no hay una estructura, ni siquiera pertenecen a una asociación y esos son los abogados que tienden a hacer quedar mal a los demás”, asevera Terán del Valle.
También dio algunos consejos antes de contratar los servicios de un abogado; el primero es que sea socio de algún colegio o agrupación de abogados que respalde su actividad y si tiene alguna especialidad, es muy importante contar con esta certeza, ya que son los colegios quienes respaldan el profesionalismo de sus integrantes.
El segundo es verificar que cuente con una infraestructura para darles el servicio, ya sea en oficinas o algún lugar donde trabaje y evitar ser atendidos en la calle, café o cualquier otro sitio donde no exista certeza de la residencia.
“Nosotros somos una profesión que se ejerce de manera muy similar a los médicos, si usted tiene un dolor de estómago va a ver al gastroenterólogo, no va a ver al cardiólogo. Entonces, identificar que ese abogado sea especialista en la materia. Lamentablemente hay muchos compañeros que se dicen todólogos, la ley es tan amplia que es imposible que se especialice en todas las materias”, puntualiza.
Recomendó ir a las páginas o contactar a los representantes de los diferentes colegios de abogados que hay en Veracruz para tener certeza de que la persona que va a contratar esté registrada y respaldada por estas organizaciones y así no ser víctimas de una estafa como la familia de Leticia.
mb