VERACRUZ, VER.- “Si tenemos que empezar de cero, volvemos a empezar, pero callados ya no nos vamos a quedar”, dice Alicia Blanco Beisa, viuda del periodista Pedro Tamayo Rosas, asesinado a balazos el 20 de julio del 2016 afuera de su casa en el municipio de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz.
Este 2023 se cumplieron 7 años del asesinato del periodista de nota roja, el cual se encontraba bajo protección de las autoridades estatales en el momento del ataque, pues había recibido amenazas de muerte. Desde entonces Alicia Blanco, afirma que el caso de su esposo no ha avanzado, al igual que de los otros periodistas asesinados en Veracruz.
Ella al igual que los otros familiares miembros de la Red de Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, estuvieron presentes en las reuniones que sostuvieron con autoridades estatales y federales, donde se comprometieron a trabajar para resolver los casos y que hasta el momento no tienen avances por parte del gobierno de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García Jiménez y del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
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Para Alicia Blanco, la actuación del gobierno morenista no deja de ser la misma que la de los años anteriores, que solo los utilizan para tomarse la foto y decir que están trabajando para hacer justicia, cuando en realidad no les importa lo que pase con las víctimas.
“Solo se burlaron de nosotros. Solo nos utilizaron para tomarse una foto y publicar. Cuando son mentiras y nosotros seguimos pidiendo que nos escuchen que nos volteen a ver y seguimos siendo ignorados completamente”, afirma.
Revictimización y estigma que viven las familias de periodistas asesinados
Pedro Tamayo fue asesinado a balazos afuera de su casa, mientras atendía su puesto de hamburguesas, donde trabajaba después de haber sido obligado a dejar el periodismo tras las amenazas que recibió por escribir sobre los casos de violencia en Tierra Blanca.
Estas amenazas lo obligaron a irse por una temporada del estado de Veracruz. Al regresar fue asesinado frente a su esposa e hijos, quienes afirman que presenciaron las negligencias para brindarle una correcta atención por parte de los policías estatales. Pero la pesadilla para los familiares no terminó ahí, ya que después del asesinato se enfrentaron también a las amenazas, la revictimización y, años después, viven con el estigma del atentado.
“Sí, les cuesta a ellos (sus hijos) encontrar un trabajo por el apellido, aquí en el municipio. No porque crean que son malos, sino porque la gente piensa que estando ahí nosotros, puede llegar alguien y hacerles algo. Es difícil convivir con otras personas, porque todos piensan que les puede pasar algo si estamos junto a ellos”, confiesa Alicia.
Para Alicia y los otros familiares de periodistas asesinados es importante que las autoridades reivindiquen la memoria de las víctimas, para que tengan un poco de paz y al fin tener justicia.
Acuerdos firmados por AMLO y Cuitláhuac sin cumplirse
Ante la falta de acción de las autoridades y el olvido en el que se mantiene los casos, en el 2022 se creó la Red de Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, integrada por familiares de reporteros asesinados, quienes por varios años han buscado justicia y evidenciar las omisiones en las investigaciones para resolver los casos.
“Ningún asesino o actor intelectual termina en la cárcel. Todos los casos de asesinatos, hablando de Veracruz, solamente uno tiene sentencia, que es el de Ricardo (Monlui Cabrera) y ni siquiera han terminado el proceso, porque todavía no ha ocurrido lo que es la reparación del daño. Son caminos muy cansados y tediosos donde las investigaciones no avanzan”, comenta Jorge Sánchez, integrante de la Red e hijo de Moisés Sánchez, periodista asesinado en el 2015 en Veracruz.
Datos de la organización Article 19, indican que del 2000 a lo que va del 2023 han asesinado a 162 periodistas en México, en posible relación con su labor. De esta cifra, 42 se han registrado durante el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador y 47 en el mandato anterior de Enrique Peña Nieto. En el estado de Veracruz, el sexenio más letal para la prensa fue durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa, hoy preso por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, con 18 asesinatos de periodistas.
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En total la entidad veracruzana suma 31 asesinatos. Ante este panorama, una de las primeras estrategias que emprendieron las familias fue recordar al gobierno federal y estatal que sus casos seguían en la impunidad y olvido. Jorge Sánchez, acudió el 24 de enero de este año a la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar al mandatario por la falta de justicia.
Este reclamó hizo que el presidente se comprometiera a que su gobierno revisaría los casos y pidió a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reuniera con los familiares. Jorge Sánchez comenta que después de la promesa de AMLO tuvieron al menos tres reuniones con personal del gobierno federal y estatal para llegar a varios acuerdos donde se comprometían a retomar e investigar los crímenes que ya llevan años sin resolver.
También les prometieron revisar la actuación de los jueces que vulneraron sus derechos y en su caso, presentar las quejas correspondientes ante el Consejo de la Judicatura; realizar la incorporación de las familias que lo soliciten a los órganos de atención víctimas, estatales y federales.
Otro de los compromisos fue hacer las gestiones necesarias para que las familias puedan tener una reunión con el gobernador de Veracruz y revertir la estigmatización a periodistas para lograr su reivindicación.
En el caso del gobierno de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, se comprometió a realizar una disculpa pública para las familias, que se llevaría a cabo en junio de este año y que aún no se realiza. Al igual que se acordó con la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las mesas de seguimiento con las familias de los distintos casos presentados.
La mayoría de estos acuerdos no se han cumplido, por lo que el pasado 29 de octubre la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, envió una carta dirigida al presidente y los funcionarios que estuvieron presentes para exigir se cumpla con estos compromisos y se realice nuevas reuniones para informar sobre los avances.
“Queremos evidenciar que en México no hay justicia para periodistas”
Las familias abandonaron la idea de que en este gobierno tendrán justicia por los crímenes de sus familiares, pues a pesar de las reuniones que han sostenido con funcionarios estatales y federales, siguen sin obtener avance de los casos.
“Nosotros teníamos claro algo cuando conformamos la red, es que a ningún funcionario le interesa los casos de periodistas. No tienen la voluntad de resolverlos, entonces, lo que nos quedó claro en esta primera reunión es que no vamos a tener justicia en México, pero sí podemos evidenciar que en México no hay justicia”, puntualizó Jorge Sánchez.
Jorge Sánchez reconoció que el actuar de las autoridades sobre el incumplimiento de estos acuerdos les genera impotencia, ya que estas acciones contravienen el discurso del presidente sobre que en México no hay impunidad, cuando sus casos aún siguen sin tener justicia. Ahora los que les queda es acudir a instancias internacionales como lo es la Organización de Naciones Unidas (ONU) y consulados de otros países para alzar la voz por los asesinados.
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