XALAPA, VER. - El informe Votar entre Balas, de la organización Data Cívica, ubica a Veracruz como la entidad donde se cometieron más asesinatos, atentados o amenazas contra políticos, funcionarios y candidatos durante los últimos cinco años. El caso más reciente se reportó el 11 de octubre, cuando sujetos desconocidos acribillaron a Wilman Monje, exalcalde de Gutiérrez Zamora, quien se perfilaba como un potencial candidato.
Veracruz, según la organización Data Cívica que colabora con investigadoras del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), contabiliza los asesinatos, ataques o agresiones contra 146 políticos veracruzanos desde el 2018 a agosto del 2023.
En el mes de noviembre de 2023 iniciará el proceso electoral local en Veracruz para la elección de gobernador y 50 diputados locales, por lo que tendrá que instalarse el Consejo General del Organismo Público Local (OPLE).
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De manera concurrente, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, organizará la elección para presidente de la república, 3 senadores y 19 diputados federales para la entidad. Ellos se instalarán el 1 de noviembre.
En la antesala del inicio del proceso electoral, autoridades del INE y el OPLE ya solicitaron una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para ser incorporados a las mesas de la paz. Si bien garantizar la seguridad a candidatos el día de la elección está fuera de su competencia, la valoran como una prioridad para el buen desempeño de las elecciones, opinaron de la Junta Local del INE en Veracruz Josué Cervantes Martinez y el consejero electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE, Fernando García Ramos.
El especialista y consultor electoral, Fernando Vázquez Rigada, valoró que la violencia y la participación de grupos criminales en la selección de candidatos aumenta en las elecciones de ayuntamientos, sin embargo, destacó que si la ciudadanía se involucra en las elecciones del 2024 el proceso podrá transitar en paz.
La elección del 2024 es la más importante a nivel nacional, porque actores políticos competirán por 20 mil cargos. Se habrá de elegir a un presidente, 500 diputados federales y 128 senadores; además, se renovarán 9 gubernaturas -entre ellas la de Veracruz- y 31 congresos locales -uno de ellos el de la entidad- y mil 716 alcaldías.
Participación ciudadana inhibe la presencia de grupos criminales: Especialista
Fernando Vázquez Rigada, abogado y estratega político planteó que, a diferencia del 2018, en 2024 serán las elecciones de los estados las que van a influir en el resultado del proceso nacional, y es que de 5 de las 9 elecciones de gobernador -en Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato- se acumulan el 50 por ciento de la lista nominal nacional.
“No se va a tener a ningún candidato con las características de quien ganó en 2018 que era un líder social con conexión con las personas, que había recorrido el país y que llevaba 3 campañas (…) creo que podemos tener y visualizar que va a ver alternancia en los Estados y eso puede modificar el comportamiento electoral federal”, dijo en entrevista con La Silla Rota.
Al referirse al tema de la seguridad y la violencia contra actores políticos consideró que existe una tendencia al alza de agresiones a los candidatos, sin embargo, destacó que el tema está más focalizado hacia los abanderados a las alcaldías, y en el caso de Veracruz -en 2024- no se renovarán los ayuntamientos.
“Esa es una característica que hay que tomar en cuenta. Segundo, en donde fue más abierta la intervención de grupos delictivos fue la elección del 2021, particularmente en Sonora y Sinaloa. Desde mi punto de vista en 2022, donde se renovaron 6 gubernaturas, la intervención fue menor”.
Vázquez Rigada valoró que la relación con el gobierno de Estados Unidos y el involucramiento de la sociedad civil, al integrar las mesas de casilla y salir a votar, pueda llegar a contener la influencia desmedida de grupos criminales.
“EU está teniendo un escrutinio en el país y eso pone presión, por otro lado, las movilizaciones de la sociedad civil, para defender al INE -primero para evitar su muerte y después su destazamiento- quiere decir que la gente está involucrada y quiere defender a la democracia.
“Y en ese sentido, yo espero que haya mucha participación ciudadana y, espero también, eso inhiba la actuación de esos grupos”.
El INE y el OPLE piden audiencia con el gobernador
El vocal de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez confirmó que, si bien la autoridad electoral no es responsable del tema de la seguridad, tiene cierto margen de competencia, tanto autoridades federales como locales, pues deben garantizar elecciones pacíficas.
Explicó que recientemente, tanto la presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales y él, en representación del INE, enviaron un oficio al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, solicitándole formar parte de la mesa de la paz, grupo que se reúne a diario para analizar la situación de seguridad en la entidad.
“Enviamos un oficio pidiéndole una audiencia para empezar a hacer pláticas en torno al tema, justamente para obtener el apoyo del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, como nos los han brindado en todos los ejercicios democráticos, para coordinarnos.
“Y como a esas mesas de la paz también acude personal de la Sedena, Marina y la Fiscalía, aprovechamos ahí para plantear las necesidades que tiene el Instituto de cuidado de las boletas y demás”, platicó a la Silla Rota Veracruz
Si bien el INE no cuenta con un mapa de riesgo, reportan la información de dónde están sus oficinas y la localización de las mesas directivas de casilla, con la idea de que la SSP y el Ejército, por ser una elección federal, apoyen con vigilancia y rondines.
Incluso, adelantó, si en el periodo de campaña algún candidato siente que su seguridad está en riesgo, puede pedir apoyo al INE que, a su vez, implementa un protocolo en donde participa la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para determinar si deben apoyarles.
El funcionario electoral planteó que el INE no tiene un mapa de riesgo, ni para el personal ni para los actores políticos, sin embargo, el protocolo obliga a reforzar la seguridad y tener presencia de las fuerzas de seguridad, “sin que inhiba la votación y sin que se perciban riesgo, porque en realidad no los detecto, orientados a la materia electoral; de otra índole, no me corresponde opinar”.
OPLE considera indispensable garantizar seguridad
El consejero electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Fernando García Ramos, comentó que el proceso electoral del 2024 les supone muchos retos. Uno es la selección de funcionarios para la integración de los órganos desconcentrados para renovar al Congreso y la gubernatura.
También requiere poner atención con procurar inhibir y atender de manera oportuna las quejas y denuncias por violencia política de género, incluso, ser diligentes en las medidas cautelares procedentes. Además, de organizar dos consultas ciudadanas para garantizar la participación de personas discapacitadas, indígenas y afrodescendientes en las candidaturas.
Sin embargo, planteó que la seguridad es un tema que se debe tener presente, “es estructural, si bien excede el ámbito de competencia del OPLE, influye la percepción de la seguridad en el electorado”.
Es por lo anterior que, dijo, se pedirá -como ocurre en cada proceso electoral- el auxilio y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública en la medida de lo posible para dar certeza y tranquilidad entre los funcionarios de casilla y los votantes, “es un tema que siempre tenemos presente”.
La violencia a políticos, funcionarios y candidatos en números
El informe Votar entre Balas, de la organización Data Cívica reporta que desde el 2018 hasta agosto del 2023 se han reportado mil 457 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. El 10 por ciento, más de 140, se han registrado en Veracruz.
La violencia ha ido escalando, según el reporte de la misma agrupación, pues en 2022 se contabilizaron 486 agresiones, amenazas y asesinatos contra actores políticos. Hasta agosto del 2023, sumaban ya 422 reportes de ataques a políticos, dirigentes, o funcionarios.
Es el ámbito municipal el que acumula el mayor número de agresiones a nivel nacional: 682, desde el 2018 al mes de agosto de este 2023.
El caso más reciente en Veracruz
El 11 de octubre se confirmó el ataque al exalcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje que fue atacado en las inmediaciones de la escuela de su menor hijo. El presidente municipal del periodo 2017-2021 militaba en Movimiento Ciudadano y aspiraba a un nuevo cargo de elección popular. Por lo que el dirigente de su partido, Sergio Gil Rullán exigió al Estado esclarecer el crimen.
Solo unas horas después de que se informó de la muerte del político de oposición, el entonces secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, planteó que una de las líneas de investigación del ataque: era la disputa de dos grupos criminales rivales en la zona de Costa Esmeralda hasta Poza Rica.
"Nosotros siempre advertimos que no hay que hacer vínculos con ningún tipo de personas que no puedan tener un origen lícito, siempre lo hemos advertido y lo seguiremos advirtiendo, estamos recabando información, pues en el pasado había algunos indicios de algunas cosas", declaró en la Fortaleza de San Carlos el 11 de octubre.
El gobierno ha usado el discurso de presuntos vínculos con criminales ante el ataque a políticos, policías, alcaldes, militantes, incluso, representantes de los medios de comunicación.
mb