XALAPA, VER. - La participación de personas recluidas en cárceles en los procesos electorales, federales y locales ha cobrado relevancia en los últimos años. Por ejemplo, este mismo año de 2023 internos de penales federales del Estado de México y Coahuila podrán elegir a las autoridades locales.
El año pasado en Veracruz, en la elección extraordinaria de Jesús Carranza, el maestro Pasiano Rueda, que estaba internado en el penal de Tuxpan acusado del delito de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional en febrero del 2021, ganó la alcaldía.
Para el 2024, en todos los estados, entre ellos Veracruz, autoridades electorales del INE y de los OPLE’s deberán garantizar el derecho a votar a las personas recluidas en penales federales y estatales, que aún no han sido sentenciados por algún delito, confirmó el delegado de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez.
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El politólogo Carlos Ronzón Verónica opinó que la posibilidad de garantizar el voto a las personas que están en prisión es parte de la política del gobierno federal de abrazos y no balazos, y de la amnistía criminal que promueve Morena.
Para el politólogo, existe el riesgo de que los grupos que mantienen el “autogobierno” en los 17 penales estatales y uno federal influyan en el sentido del voto de las personas al interior de los penales, argumentó en entrevista con La Silla Rota Veracruz.
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En 2021, se generó una primera prueba piloto en cinco Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en los que el partido Morena logró 3 de cada 10 votos de los participantes.
En Veracruz, datos de la Secretaría de Seguridad Pública, detalla que existen 17 penales locales y un centro de internamiento juvenil, así como el penal federal de Villa Aldama, con una población de siete mil 383 internos, de los cuales seis mil 906 son hombres y 477 son mujeres.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reportó que 42.1% de la población privada de la libertad/internada no contó con una sentencia, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal del 2022. Es decir, poco más de 2 mil 800 personas podrían votar el próximo año.
La historia de la validación del derecho a votar
El 20 de febrero del 2019, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, haciendo valer el principio de presunción de inocencia.
Según el expediente SUP-JDC-352/2018, los ciudadanos Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, aprehendidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas que fueron internados en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, Cintalapa, Chiapas, sin ser procesados, exigieron hacer valer su derecho al voto.
El expediente, incluyó el análisis de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales sobre la interpretación del derecho al voto y la presunción de inocencia.
La sentencia determinó que, a partir del 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) debía garantizar la participación de las personas recluidas en penales, sin embargo, la medida solo alcanzaría a los que estaban en prisión preventiva, es decir, que no habían sido sentenciados por delito alguno.
Para ello, se implementó un primer programa piloto en 2021, y se replicará este mismo año en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Para el próximo año será obligatorio en todo el país, para la elección de presidente, y elecciones locales de gobernador, diputados y alcaldes.
¿Qué requisitos se debe cumplir para que veracruzanos en cárceles puedan votar?
El delegado de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez explicó que, a raíz de una sentencia de la Corte, se determinó que, aunque las personas estén encarceladas sin ser sentenciadas, tienen derecho a votar.
A raíz de esta determinación, recordó, en 2021 se realizó una prueba piloto en algunos estados, y se logró la participación de veracruzanos que están recluidos en penales de otras entidades, pues Veracruz no participó en el muestreo.
Cercano a la elección se podrá conocer cuántas personas están en posibilidad de votar, y la votación se dará previo a la jornada electoral, sin embargo, destacó, para poder votar los internos tendrán que hacer la solicitud formal ante la autoridad electoral.
De acuerdo al programa piloto de 2021, se hizo un listado de personas que estaban en prisión preventiva, se les entregó una solicitud que debían firmar en el que aceptaban su intención de votar; posteriormente, se integró una lista nominal que reconocía el derecho a votar y ser votado de esos ciudadanos.
Josué Cervantes reconoció que un tema que complica el proceso de votación son los sistemas de seguridad de las cárceles federales y el ingreso de los trabajadores del INE, para recibir la votación, por lo que es necesario una buena “logística” para cumplir la ley electoral y no incumplir con las reglas de los Ceferesos.
En el piloto, fue la oficialía electoral y personal de las Juntas Locales la que se presentó con la papelería electoral para recabar la votación, sin embargo, si el proceso se abre a más personas será necesario capacitar más personal y la jornada se puede dar por varios días. Incluso, la sentencia de magistrados abre la posibilidad de recibir la votación por correo.
Para garantizar la libre participación se presentó información sobre los candidatos y los partidos que competían, para que los internos decidieran de manera libre, “se llevó una mampara y se hizo de manera secreta”.
Las acciones que se realizaron en el 2021, dijo, se tendrán que replicar en el 2024 cuando se realice la elección federal que permitirá la renovación de presidente, a nivel federal, y la de gobernador y diputados, en la entidad.
Cervantes Martinez puntualizó que para que las personas recluidas en los penales voten por autoridades locales, es necesario firmar un convenio con el Organismo Público Local Electoral (OPLE), y ellos tendrían que recabar la votación, pues en la actualidad solo sería posible sufragar en la elección de presidente.
Autogobierno en las cárceles podría inclinar el voto: experto
El politólogo Carlos Ronzón Verónica observó que el hacer prevalecer el derecho al voto tiene más riesgos que beneficios, y podría repetir el fenómeno de la coacción del voto, de parte de los grupos que tienen el control al interior de los penales.
Desde el inicio de esta administración, opinó, ha prevalecido una “fascinación” del gobierno hacia criminales, imponiendo frases como abrazos y no balazos y la oferta de amnistía para los líderes de esos grupos.
La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a romper la relación con familias integradas en Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos, por defender a quienes, se piensa, están detrás de la no localización de miles de personas.
El especialista expuso que aun y cuando la determinación -de hacer prevalecer el derecho al voto a quien no ha sido condenado- proviene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue un “particular” el que planteó la controversia que se validó con el apoyo de la mayoría de los ministros.
Incluso, recordó, que dicha institución ha sido minada en su credibilidad con figuras como Genaro Góngora Pimentel, o la propia Yasmín Esquivel Mossa que fue acusada de plagio de su tesis que le dio el título universitario, y se ha exigido desde la sociedad civil se le retire el nombramiento.
“Quien está en la cárcel, parte del castigo es la suspensión de sus derechos políticos, ¿no?, si no, la cárcel se va a convertir en un centro vacacional o un centro de resguardo, porque no se marcaría la diferencia (de quienes están en libertad).
“Esto de tenerlos encerrados, bajo el funcionamiento de cómo operan las cárceles, hará que la gente vote de acuerdo a como lo marque quien tiene el control o el autogobierno, entonces, los van a formar y van a votar todos, pero ninguno libremente”.
Planteó que la petición de pedir que personas encarceladas, pero que no han sido sentenciadas, puedan apoyar a un candidato es muestra de la desesperación del gobierno de interferir y direccionar el resultado de la elección.
Es un despropósito y argucia electoral hacerlos votar, pues antes de garantizar un derecho, deberían acelerar los procesos judiciales para sentenciarlos o liberarlos de esas cárceles.
Morena el gran ganador en prueba piloto del 2021
Como parte de un primer intento por involucrar a ciudadanos que están en la cárcel, en el 2021 se instalaron cinco urnas en los penales de Sonora, Guanajuato, Chiapas, y Morelos, Michoacán.
El observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión: Libres Para Elegir, presentó un análisis de la prueba piloto de la elección del 2021.
El reporte detalla que, de un universo de 2 mil 699 participantes a las que se les hizo llegar una solicitud individual de inscripción a la lista nominal, solo 949 personas formalizaron la petición. Al concluir la jornada, participaron 898 ciudadanos en prisión preventiva.
Lo anterior, significa que el 34 por ciento de personas en prisión preventiva de estos cinco centros, que aceptó votar, tuvo la posibilidad de ejercer su derecho.
Los partidos que recibieron el mayor número de votos fueron: Morena con 39 por ciento; PRI con 30.3 por ciento; Movimiento Ciudadano con 10.4 por ciento; y PAN con 9.9 por ciento. Y 2.3 participantes decidieron anular su voto.
El PRD contabilizó 2.1 por ciento, el PVEM 1.9 por ciento, y el Partido del Trabajo, con 1.6 por ciento. En el caso de Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, computaron menos del 1 por ciento de los votos, es decir, ocho votos.
mb