XALAPA, VER.- Jorge Winckler Ortiz, detenido este lunes 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca, después de casi tres años prófugo, arrastra un negro historial a su paso en la Fiscalía General del Estado (FGE), cargo al que llegó en enero del 2017, cobijado por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Abuso de autoridad, casos fabricados, impunidad y la presunta participación de elementos a su cargo en desapariciones forzadas, son algunos de los señalamientos que acumuló hasta antes de su huida el 3 de septiembre del 2019.
Al exfiscal general del estado se le investiga por al menos tres delitos, uno del fuero federal y dos del fuero común: desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Este mismo lunes, el exfiscal será presentado ante un juez de control para legalizar su detención y ser imputado de los señalamientos en su contra.
A continuación un recuento de los momentos que marcaron su paso por la Fiscalía de Veracruz.
1.- Liberan a 15 policías que participaron en saqueos por “gasolinazo”
A raíz de los saqueos a principios de enero de 2017 en una supuesta protesta por el incremento en los precios de combustibles “gasolinazo” 19 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron sorprendidos en dichos actos vandálicos y puestos a disposición de un juez. Pero el logro anunciado por Jorge Winckler se vendría abajo con el pasar de los días.
Para el 17 de enero de ese año, el alcalde de Medellín de Bravo Luis Gerardo Pérez Pérez confirmó liberación de 15 elementos que brindaban seguridad en su municipio; cuatro retomaron sus actividades y 11 fueron reubicados. Sobre los cuatro restantes, la Fiscalía no aclaró su situación penal.
2.- Denuncia de FGE contra SEFIPLAN, improcedente y mediática
El 17 de enero de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) presumió una denuncia en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por un presunto desvío de 239 millones de pesos. La acción fue señalada improcedente por expertos penalistas.
Según el abogado Celestino Espinoza Rivera, el organismo autónomo ignoró el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que especifica: “el Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de personas jurídicas, con excepción de las instituciones estatales”.
“Las instituciones del Estado siempre llevarán como fin beneficiar a la sociedad, que no se logre por malos manejos de servidores eso es otra cosa. Salen a dar un golpe mediático pero mejor que exhiban a los funcionarios y que los investiguen”, opinó el especialista.
3.- Liberan a Leonel Bustos, exdirector del Seguro Popular y se da a la fuga
Leonel Bustos Solís, exdirector del Régimen Estatal de Protección Social, el 31 de enero de 2016 logró salir del Penal de Pacho Viejo, donde estuvo recluido 11 días por abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
De acuerdo con las imputaciones de la FGE, en 2014 fue partícipe de un desvío de 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados para los programas del Seguro Popular y Oportunidades. Sin embargo, el exfuncionario consiguió su libertad mediante el amparo de un juez federal.
Su liberación desató críticas contra el gobierno de Yunes Linares y la Fiscalía de Winckler. Aunque el 28 de abril de 2017, un juez federal negó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión de Bustos Solís y se esperaba una pronta recaptura en una audiencia intermedia del 02 de marzo de ese año, Bustos no se presentó y desde entonces permanece prófugo de la justicia.
4.- Detienen a campesino por multihomicidio de policías; lo liberan por señalamientos infundados
Mauricio Ramírez -de oficio campesino- fue detenido y señalado de haber asesinado a tres policías municipales de Las Choapas en febrero de 2017, sin embargo el juez de control desechó las acusaciones de la FEG y ordenó su liberación inmediata.
Aunque la FGE presumió la captura del campesino, el juez no encontró pruebas en contra del detenido y además de liberarlo ordenó que fuera ingresado a un hospital, esto debido a las heridas que había tenido tras un pleito de cantina, y no por un policía de Las Choapas, que aún la Fiscalía, causó en su intento por escapar.
5.- Fiscal recibe críticas por anunciar hallazgos en fosas, basado en credenciales de elector
Jorge Winckler, ofreció una disculpa pública a integrantes de colectivos de desaparecidos por haber informado sobre la localización de seis cuerpos -entre ellos una familia de Querétaro- en fosas de Arbolillo, Alvarado. El funcionario solo se basó en credenciales de elector encontradas en ese sitio, violando los protocolos de identificación de cadáveres.
La acción del Fiscal desencadenó protestas de organizaciones nacionales. Una de las madres de las víctimas encontradas recriminó en una junta del 24 de marzo con el gobernador Miguel Ángel Yunes, diciendo: “soy la madre de Baruch Grajeda García y la tía de Francisco Javier Vargas García, los cuales fueron nombrados en rueda de prensa por Jorge Winckler entre las víctimas de la fosa de Arbolillo. Estamos muy indignados por la forma en que se manejó la noticia, fue irresponsable. Estamos dañados”.
6.- Fiscalía “ubicó” a Isaías en una fosa, pero su familia lo sepultó 7 meses atrás
El 18 de marzo de 2017, la FGE presumió el hallazgo de una persona, a quien su familia ya había encontrado y sepultado siete meses atrás. En conferencia de prensa, Winckler Ortiz ventiló el nombre de seis personas que, según él, fueron inhumadas de la fosa clandestina de Arbolillo, Alvarado, entre ellos Isaías Jácome Hernández.
Sin embargo, el caso de desaparición de este joven de 29 años edad ya había sido resuelto desde el 5 de septiembre de 2016. incluso, sus restos mortales ya habían sido sepultados por sus familiares en el puerto de Veracruz.
7.- Flavino Ríos, exgobernador interino, de la cárcel a su casa
Tras el pago de cinco millones de pesos como garantía económica y la entrega de su pasaporte, el exgobernador Interino Flavino Ríos, pasó de enfrentar su proceso en prisión por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento a estar en su domicilio en la ciudad de Xalapa.
Aunque la juez de control había dictado un año de prisión preventiva para el sucesor de Javier Duarte, a quien presuntamente ayudó a escapar en un helicóptero del gobierno estatal, solo pasó siete días preso. El 19 de marzo fue trasladado al Hospital Los Ángeles por presentar hipertensión arterial con un antecedente de preinfarto, y ello le valió para no regresar a su celda.
8.- Por mala investigación, liberan a 4 peruanos peruanos involucrados en balacera y robo en Xalapa
La juez de control Verónica Portillo Suazo, absolvió a cuatro peruanos involucrados en una persecución y robo del pasado 02 de abril de 2017 en el fraccionamiento Monte Magno, en Xalapa. La autoridad determinó que la Fiscalía no realizó una correcta descripción de los hechos ni integró adecuadamente la carpeta de investigación.
Portilla Suazo abundó que la Fiscalía tampoco justificó la procedencia de los objetos que habrían robado estas personas, ni se aportó las entrevistas de los policías que llevaron a cabo la detención, ni de una de la víctimas para acreditar la propiedad de los objetos que fueron confiscados. Miguel Ángel Yunes Linares, culpó las apreciaciones de la juez de control y se escudó diciendo que los detenidos fueron repatriados a su país.
9.- Congreso local propicia revés a Winckler, niega iniciar juicio de procedencia contra alcalde de Fortín
El 7 de mayo de 2017, el Congreso local votó a favor del dictamen para no desaforar al presidente municipal de Fortín, Armel Cid León Díaz. El edil fue acusado por la FGE de haber golpeado y amenazado a su novia el 29 de enero del año 2015, sin embargo los diputados que integran la Comisión Permanente Instructora determinaron que no había elementos suficientes para desaforarlo.
Los legisladores afirmaron que existían irregularidades en la investigación elaborada por la Fiscalía, además de que el alcalde en ese momento había promovido un amparo. Tras la negativa, Winckler Ortiz no volvió a hacer dicha solicitud.
10.- Congreso de la Unión también rechazó solicitud de procedencia de Tarek Abdalá
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados no inició la solicitud de procedencia del diputado federal Tarek Abdalá Saad, al argumentar que la FGE ignoró que desde noviembre éste contaba con una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión que pudiera haberse girado en su contra.
Ricardo Ramírez, presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, negó que se estuviera protegiendo al diputado y extesorero de la administración de Javier Duarte, acusado de peculado. Y por el contrario señaló: "Aporta un amparo que él solicitó desde el mes de diciembre y que precisamente el 27 de diciembre el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de Amparo de la Ciudad de México le concede una suspensión definitiva que inmoviliza al fiscal de Veracruz para efecto de poder ejercer acción penal hasta en tanto reciba la notificación de la ejecutoria que recaiga a ese amparo”.
11.- “Con una actitud criminal” Fiscal niega hallazgos de La Gallera: Colectivo
Integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera recriminaron que Jorge Winckler, “con una actitud criminal” negó hallazgos que ellas hicieron en el rancho La Gallera, predio que habría sido empleado desde 2011 como cementerio clandestino en el municipio de Tihuatlán, al norte del Estado.
Madres y padres se manifestaron la tarde del 4 de mayo en las instalaciones de la Fiscalía de distrito de Poza Rica, y tapizaron la entrada con fotografías de cráneos, restos calcinados y prendas de personas, que fueron encontrados en una diligencia civil el 01 de marzo de 2017 y que el encargado de la Fiscalía negó en diversas ocasiones.
Luis Eduardo Coronel Gamboa, fiscal Especializado en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas se disculpó con las madres y dijo ‘que el Fiscal Jorge Winckler se había resbalado en una entrevista banquetera al negar los descubrimientos civiles en el rancho La Gallera’.
12.-Winckler no investigó a exfiscal ligado a lugarteniente de Los Zetas en Coatzacoalcos
El 4 de julio de 2017, Ricardo Morales Carrasco fue destituido de su cargo como fiscal regional de Coatzacoalcos, luego de presuntamente haber ordenado a personal de servicios periciales no practicar la necropsia al cadáver de Bernardo Cruz Mota, lugarteniente de Hernán Martínez Zavaleta, alias “El H”, presunto líder de Los Zetas.
Morales Carrasco dejó el cargo en medio de una ola de homicidios dolosos y secuestros en Coatzacoalcos sin resolver, incluido el multihomicidio de una familia de seis personas, cuatro de ellos menores de edad. Pese a los señalamientos en contra de Morales Carrasco nunca fue investigado por la fiscalía de Jorge Winckler.
13.- Disculpa por caso Tierra Blanca, "un insulto público”
El 1 de septiembre de 2017, Jorge Winckler y el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié acudieron a Playa Vicente para ofrecer una disculpa pública por la desaparición forzada de cinco jóvenes, ocurrida el 11 de enero de 2016 en el municipio de Tierra Blanca. Sin embargo, solo bastó que los padres de las víctimas mencionaran el nombre de Arturo Bermúdez, para que las autoridades se marcharan de ese pueblo.
“¿Por qué no lo investigan por la desaparición forzada de nuestros hijos?”, preguntaron las cinco familias a Winckler Ortiz -como uno de los cabos sueltos que detectó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 5VG/2017- pero el funcionario prefirió quedarse callado. Aunque el exsecretario de Seguridad de Duarte está preso por algunas desapariciones forzadas en la entidad, el caso Tierra Blanca -emblemático en violaciones a los derechos humanos- no ha sido tomado en cuenta por el actual Fiscal de Veracruz.
14.- Tras feminicidio de Fiscal de Pánuco, Winckler despidió a 12 fiscales mujeres por “raquíticos porcentajes” de casos resueltos
El 3 de diciembre de 2017, a cinco días del asesinato en Pánuco de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, 12 compañeras suyas del mismo cargo fueron despedidas por obtener según sus mandos, “raquíticos porcentajes” en investigaciones.
“En un contexto de violencia como el que estamos viviendo, no es posible que quienes procuramos justicia estemos sufriendo violencia. A nuestros superiores se les olvida que somos humanos, que tenemos familia y que algún día pasaran por esto”, criticaron las agraviadas, quienes horas de espera no obtuvieron audiencia con el fiscal Jorge Winckler.
15.- Fiscalía citó a investigadora que documentó secuestros en la UV
El 22 de febrero de 2018, la FGE citó a declarar a la investigadora Rosío Córdova Plaza, quien reveló que al menos 27 estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) han sido víctimas de “levantones” y 09 más de secuestro. La autoridad advirtió que de no acudir a comparecer se hará uso de la Fuerza Pública.
Durante la presentación del proyecto "UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz, Córdova Plaza explicó quede unas 2500 entrevistas con la comunidad universitaria: estudiantes, personal académico y administrativo (que es apenas el 30 por ciento del muestro cualitativo) se concluyó que en las cinco regiones de la UV los alumnos son víctimas de secuestros, violaciones, extorsiones y robos.
El 12 de diciembre de 2017, Hipólito Rodríguez Herero, alcalde de Xalapa, y esposo de Rosío Córdova también fue citado a declarar ante la FGE luego de replicar información en medios sobre el feminicidio de Magaly Hernández Marín, del 05 de diciembre de 2017.
16.- Winckler diluyó presunta ejecución extrajudicial contra menores y las relacionó por sus tatuajes con líder huachicolero
El 15 de marzo de 2018, el Fiscal Jorge Winckler contuvo las críticas de la opinión pública por la presunta ejecución extrajudicial de las hermanas Grecia y Nefertiti “N” -de 14 y 16 años de edad- al descartar la responsabilidad de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Cinco días desde los hechos fueron suficientes para que Winckler Ortiz relaciona a las dos víctimas -por sus tatuajes- con la banda de Roberto Santos de Jesús, alias el Bukanas presunto líder huachicolero de la zona centro de Veracruz.
“Estas jóvenes no estudiaban, no trabajaban y una de ellas se autoflagelaba”, argumentó el funcionario en rueda de prensa y además invitó a los padres de familia de Veracruz y del resto de la República, a cuidar a sus hijos y a corregirlos.
17.- Fiscal relacionó asesinato de reportero con su segundo oficio como taquero
El 22 de marzo de 2018, la Fiscalía de Veracruz a través de un comunicado, minimizó el quinto asesinato de periodistas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, al señalar en un comunicado que el crimen del periodista Leobardo Vázquez Atzin estaba relacionado con un negocio de tacos que él atendía en Gutiérrez Zamora.
En el texto se aseguró que el crimen se realizó mientras el comunicador se encontraba “desarrollando actividades propias de su negocio (…)”, estos señalamientos fueron recriminados por el gremio reporteril al asegurar que la actividad como taquero de Vázquez Atzin derivaba de carencias económicas del reportero.
18.- Fiscal exhibido ante embajadores nórdicos por opacidad en cifras de desaparecidos
El 16 de abril de 2018, colectivos de desaparecidos y representantes de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia se reunieron en un hotel de Xalapa. En dicho encuentro, las víctimas indirectas señalaron opacidad de la FGE por no transparentar las cifras de desaparecidos en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Como parte del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, el 19 de enero de 2017 el Fiscal general Jorge Winckler presentó la plataforma del Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes), la cual dijo, propiciaría el diseño de políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones.
De acuerdo con las madres de desaparecidos, ellas registraron entre marzo y abril de 2017 al menos 57 casos que fueron canalizados al Comisionado temporal Estatal de Búsqueda Juan José Niño Tejedor.
19.- Fiscalía entregó contrato por 27 millones a dirigente estatal del PAN
El 26 de junio de 2018, LA SILLA ROTA expuso en un reportaje que José de Jesús Mancha Alarcón, dirigente estatal del PAN, a través de su empresa Multiservicios El Elemento S.A. de C.V. el 04 de mayo de 2017 recibió de la Fiscalía de Veracruz un contrato vía adjudicación directa para construir un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan, por un monto de 27 millones 851 mil 562 pesos.
De acuerdo con expertos estas entregas en favor de las empresas de Mancha Alarcón -que se replicaron en más dependencias estatales- podrían configurarse como el delito de tráfico de influencias, contenido en el artículo 327 del Código Penal para el estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y los delitos electorales señalados en los artículos 11 fracción III y 14 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
20.- Fiscalía de Winckler, de las peores evaluadas en el país por impunidad
En julio dude 2018, la Fiscalía de Veracruz fue ubicada como la quinta peor en el país por el rezago en casos por delito de alto impacto según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2018, elaborado por “Impunidad Cero”.
ras analizar y evaluar ocho indicadores de estructura, operación y resultados indexados, la Fiscalía veracruzana se ubicó como la quinta con peores números y reprobó con un promedio de 38.86 puntos de cien posibles, según los parámetros de evaluación.
vtr