XALAPA, VER.- La renovación en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) resultó en una nueva disputa interna en MORENA Veracruz, pese a que se trata de un poder que debería gozar de autonomía de la vida política en la entidad.
Los contendientes más fuertes llegaron al cargo en la actual administración a propuesta del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez. Se trata de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Ailett García Cayetano y Esteban Martínez Vásquez, quienes se perfilan para suceder a Isabel Romero Cruz, la titular que se jubiló este miércoles 30 de noviembre por cumplir 70 años.
La sesión de elección del o la presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura para los próximos 3 años se tiene prevista a celebrarse el próximo viernes 2 de diciembre, con el togado Sergio Maraboto como presidente interino. Quien resulte favorecido podrá ser reelegido por una sola vez según lo establece la Ley Orgánica.
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Lizbeth Jiménez, exjueza de Poza Rica, es la sorpresa en la contienda, pues su nombre no figuraba entre los perfiles a ocupar la presidencia del Tribunal. Fuentes del poder judicial afirman que su posible llegada a la presidencia sería incluso un consenso entre el gobernador y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quienes a su vez tienen cartas propias en caso de que la opción de Lisbeth Jiménez no se concrete.
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Ailett García, hermana de la secretaria del Trabajo, Dorheny García, y esposa del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, cuenta con el voto de calidad en caso de un empate debido a que funge como presidenta de debates, además de que contaría con el voto del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
Por su parte, Esteban Martínez, integrante del Consejo de la Judicatura, también busca ser favorecido por los presidentes de Sala que participarán en la votación y está relacionado con el grupo del secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos.
En entrevista, abogados que han sido críticos de la gestión de la presidenta saliente apelan a que los magistrados hagan valer su autonomía y no permitan que el Judicial siga subordinándose al Poder Ejecutivo.
Estos son los perfiles de los magistrados que aventajan:
LISBETH AURELIA JIMÉNEZ AGUIRRE
Envuelta en la polémica, Lisbeth Aurelia Jiménez pasó de ocupar un cargo como jueza en la ciudad de Poza Rica, a ser nombrada magistrada sustituta de Roberto Dorantes Romero, lo que le valió la posibilidad de dejar el cargo tras una sentencia de amparo que exigía al Congreso dejar sin efecto su nombramiento y reinstalar a Dorantes en su cargo.
Del desempeño de Jiménez como jueza se tienen pocos datos, aunque es recordada por haber librado las órdenes de aprehensión contra los empresarios veracruzanos Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín Oseguera, así como contra Armida “N”, exalcaldesa de Xalapa.
El nombre de los empresarios trascendió a los medios cuando se supo que denunciaron a la titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, por supuesta extorsión.
La denuncia incluyó a Armida “N”, exalcaldesa interina de Xalapa, a quien acusaron de ser la intermediaria en el cobro de los sobornos.
La trama en la que se metieron los empresarios resultó un agravio para ellos, que al poco tiempo fueron detenidos en un impresionante operativo en Boca del Río el 20 de julio de 2020. La detención se extendió a la exalcaldesa. A los tres se les acusó de la desaparición forzada de Edgar Álvarez Flores, visto por última vez en marzo de ese año, tras supuestamente cobrar el soborno.
En 2019 fue denunciada por una mujer víctima de agresiones físicas, pornografía y acoso por parte del supuesto hijo del exalcalde de Tihuatlán, Francisco Ortiz Yorio.
La mujer la acusó de actos de corrupción y omisión, por presuntamente proteger al joven pese a que estaba acreditado que atacó con violencia extrema a la mujer.
AILETT GARCÍA CAYETANO
La magistrada también es considerada una de las cartas fuertes del gobernador García Jiménez para ocupar la presidencia del Tribunal y cuenta con el respaldo de diputados del partido, quienes le mostraron su apoyo al visitar el Congreso local este martes 29 de noviembre. La actual magistrada, presidenta de la tercera sala penal del TSJ, es hermana de la exdiputada federal y actual titular de la Secretaría del Trabajo, Dorheny García Cayetano.
Mientras Dorheny fungía como diputada federal de Morena, sin haber pasado por un proceso de elección previo, Ailett se desempeñó en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado. En mayo de 2020, participó en la convocatoria para ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, aunque se había mencionado en un inicio que buscaba ser la Fiscal General.
Su inscripción a la contienda desató diversas opiniones, principalmente por ser la esposa de Elio Hernández Gutiérrez, actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas, a quien acompañó en su comparecencia del pasado 28 de noviembre. La magistrada Ailett García Cayetano fue retratada junto a su hermana y el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.
Sin embargo, hace 2 años sus aspiraciones no llegaron lejos y aunque se creyó que volvería a su encargo en la SSP, de forma sorpresiva apareció en las listas de aspirantes a una magistratura, en medio de escándalos por el cese de tres magistrados que cumplieron 70 años.
Así, el 30 de julio de 2020, Ailett García Cayetano llegó al Poder Judicial, en supuesta sustitución del exmagistrado presidente del TSJ, Edel Humberto Álvarez Peña, lo que le aseguró la conservación de su puesto, pues Álvarez concluía, conforme a la ley, su periodo como magistrado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV) y en la entidad veracruzana no tiene carrera judicial, pues esta se ha dado principalmente en el nivel federal.
De acuerdo con datos abiertos, el primer trabajo que obtuvo fue en 2007, cuando le dieron un nombramiento temporal de Oficial de Servicios y Mantenimiento en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la entidad.
Desde el 2011 y hasta el 2016, fue subdirectora de Área del Consejo de la Judicatura Federal; de 2016 a 2017, García Cayetano fue Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y Oficial Administrativa del Juzgado Decimosexto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Su último puesto antes de llegar a Veracruz a ocupar la Dirección Jurídica de la SSP fue como Oficial Administrativa del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, en 2018.
ESTEBAN MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Es la carta impulsada por el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos. Egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV).
Cuenta con una Maestría en Derecho Procesal del Centro de Estudios de Posgrados Xalapa, así como un Doctorado en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación, impartido por la Universidad de las Naciones de Veracruz.
Su llegada al Poder Judicial de Veracruz se dio un año antes de Ailett García Cayetano, en las 13 vacantes donde más de 400 abogados y licenciados en Derecho se inscribieron para ser contemplados; finalmente, fue una de las propuestas del mandatario aprobadas por el Congreso de Veracruz.
Allegado igualmente al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, Martínez Vázquez fue nombrado también como integrante del Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de supervisar que el desempeño de los magistrados esté apegado a los principios que rigen al poder.
El año pasado, el magistrado Esteban Martínez se erigió como un férreo defensor del plan de austeridad impulsado por la Directora de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, allegada también a Eleazar Guerrero, el primo hermano del gobernador que funge como subsecretario en la Secretaría de Finanzas.
El plan de austeridad, devenido por el escándalo dado a conocer a mediados del 2021 cuando se supo que había una quiebra financiera de al menos 500 millones de pesos en el Tribunal, dividió a los magistrados al ser enterados de que debían renunciar a un porcentaje de sus ingresos para salvar las finanzas hasta el término de aquel año.
El magistrado ha fungido como Oficial Administrativo Adscrito a la Cuarta y Sexta Sala del TSJ. También fungió como Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan; Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pánuco; Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, así como del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acayucan y Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz.
Fue Juez Segundo Menor del Distrito Judicial de Coatzacoalcos; Juez Mixto Menor de los Distritos Judiciales de Pánuco, Misantla y Papantla; Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla; Juez de Responsabilidad Juvenil en el Estado, adscrito a la Etapa de Ejecución. Además, fue iniciador del Sistema Penal Acusatorio Adversarial y Oral, así como Juez de Ejecución de Sanciones del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en los Distritos Judiciales de Xalapa, Córdoba, Coatepec, Veracruz, Huatusco, Orizaba y Zongolica.
PRESIDENTA DE DEBATES
La lucha por la llegada del nuevo presidente del TSJ no descansa solamente en los padrinos políticos ni en la carrera judicial de cada aspirante, sino que podría dar un giro no tan inesperado, luego de que este lunes 28, el pleno del Tribunal eligió presidenta de debates a Ailett García Cayetano con cinco de los nueve votos posibles.
Su llegada fue impulsada por mujeres, entre ellas la propia magistrada saliente Isabel Inés Romero Cruz, además de Alma Rosa Flores Ceballos, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, María Lilia Viveros Ramírez y el voto de ella misma. El magistrado Sergio Jiménez Maraboto obtuvo los cuatro votos restantes: el suyo propio, el de Vicente Morales Cabrera, el de Rosalba Hernández Hernández y el de Florencia Cruz Fernández.
Jiménez Maraboto fue designado en esa sesión por Romero Cruz como presidente interino en el primer minuto de su ausencia, el jueves 1 de diciembre y hasta el momento de elegir al nuevo encargado. La mesa de Debates juega un papel crucial en la elección de presidente pues existe la posibilidad de un empate, al ya no participar en esta elección el magistrado presidente o presidenta saliente.
Los ocho restantes votarán por alguno de los presentes para ocupar ese cargo, pero en caso de que exista un empate, será la presidenta de Debates, Ailett García Cayetano, quien tendrá la última palabra, al contar con voto de calidad, donde podría votar por ella misma. Esta votación será efectuada en una sesión que se tiene prevista a celebrar el viernes 2 de diciembre a las 08:30 horas.
ETAPA “OSCURA” EN EL PJE
El relevo del PJE se da en medio de polémicas. Isabel Romero, cuestionada durante prácticamente todo su paso como presidenta -dos años- por su cercanía con el Ejecutivo y su agenda política más que judicial, se va presumiendo dejar un legado de austeridad al interior del Tribunal, tras darse a conocer la quiebra financiera en 2021.
A Romero Cruz se le cuestionó también su capacidad de conducir al Tribunal, sobre todo luego de que el Congreso de Veracruz le dispensara la obligación de retirarse al llegar a los 70 años, norma reglada en la propia Constitución Política de Veracruz.
Al igual que el gobernador, la magistrada presidenta se fue contra jueces y magistrados federales a quienes acusó de entorpecer los procesos penales iniciados en la entidad contra quienes son considerados adversarios del poder o están vinculados a hechos de alto impacto mediático en la entidad: “Son demasiado legalistas y garantistas y la verdad así no vamos a poder. Todo se nos viene abajo cuando estas personas amparan. Son criterios un poco raros”, acusó en su momento.
En entrevistas por separado, abogados penalistas aplauden, por un lado, el fin de la era de Isabel Inés Romero Cruz y por otro, hacen hincapié en que el puesto no esté sujeto a caprichos políticos, “pues no es un cargo de elección popular ni un juego de política”.
Fidel Ordoñez Solana recordó en entrevista que el Poder Judicial ya ha gozado de autonomía, cuando magistrados como Luis González Almendra o Alberto Sosa han ocupado la presidencia sin pertenecer a ningún partido o grupo político en el poder.
Afirmó que es necesario volver a los orígenes de la división de poderes pues “esto no es ganar una posición pública es el ganar el servicio para los justiciables; no necesitamos partidos políticos, necesitamos profesionalización en la presidencia del Tribunal”. Sin embargo, estimó que falta mucho para alcanzar esa profesionalización y por el contrario, el Tribunal continuará en retroceso “que va a costar mucho trabajo sacar adelante”, pues esto se ha vuelto en “la elección” de grupos políticos en el poder.
Por su parte, Tomás Mundo Arriasa suscribió la percepción de otros abogados, al señalar que la justicia en Veracruz fue dejada en el suelo gracias a Romero Cruz, de quien también agradeció su salida. Dijo igualmente que al Poder Judicial le hace falta capacitación de gran nivel y si alguno de estos dos aspirantes la garantiza, su llegada será celebrada e incluso habrá coadyuvancia de los litigantes.
“Los nuevos magistrados deben saber lo que son los umbrales probatorios, el derecho probatorio en sí y la valoración de las pruebas. Deben garantizar el derecho de defensa”, dijo. Sostuvo que si bien es difícil que quien llegue al cargo “se corte el cordón umbilical” del Poder Ejecutivo, sí confió en que se haga valer “un poco más” la autonomía consagrada en la Constitución y cumpla los lineamientos de la propia Ley Orgánica.
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