El mayor enemigo de la justicia no es solo la impunidad. Es también la indiferencia. Esa actitud fría, distante, que mira sin ver, que escucha sin oír, que deja pasar sin actuar. Porque en cada sentencia dictada sin considerar la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad, hay una injusticia disfrazada de imparcialidad.
Ser juez no significa ignorar la pobreza, la desigualdad o la discriminación. La imparcialidad no puede ser sinónimo de indiferencia. La justicia sin contexto es una justicia incompleta. Y cuando una persona juzgadora elige ignorar las condiciones de vulnerabilidad de quien llega ante ella, no está siendo imparcial: está perpetuando un sistema desigual.
Hoy, en Los Ojos de Temis, hacemos un llamado a quienes tienen en sus manos la enorme responsabilidad de impartir justicia. Porque si la indiferencia sigue rigiendo los tribunales, la balanza seguirá inclinándose siempre a favor de quienes han tenido el privilegio de no necesitarla.
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El mandato constitucional es claro: toda persona juzgadora tiene la obligación de impartir justicia con perspectiva de derechos humanos. No es una concesión. No es una opción. Es una exigencia que emana de nuestra Constitución Federal, lo cual también ha sido reconocido en la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un juez o jueza que dicta sentencia sin considerar el contexto de desigualdad en el que vive una persona, no está siendo neutral: está reforzando las condiciones que perpetúan la opresión. La ley no puede aplicarse sin contexto. La justicia no puede actuar como si la historia de desigualdad de ciertos grupos no existiera.
Por eso, la justicia interseccional no es un concepto teórico, es una necesidad urgente. No basta con tratar a todas las personas por igual. Es necesario reconocer las desigualdades para corregirlas. Cuando una persona sin recursos económicos es víctima de un abuso, el acceso a la justicia se vuelve casi inexistente.
Cuando alguien enfrenta una situación de discapacidad y no recibe ajustes razonables y al procedimiento en el proceso judicial, la justicia le es negada.
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Cuando una mujer acude a denunciar violencia y en lugar de protección se pone en duda su testimonio, se perpetúa la impunidad.
La indiferencia judicial es violencia institucional. No se ejerce con golpes, sino con resoluciones frías. No deja moretones, pero deja vidas rotas.
Un juez que niega medidas de protección a una persona en riesgo de violencia porque “no hay pruebas suficientes” está contribuyendo a que la violencia continúe.
Un tribunal que no toma en cuenta la situación de discriminación que ha enfrentado una persona para acceder a un empleo, está protegiendo el statu quo.
Cada vez que la justicia elige la indiferencia, está validando la desigualdad estructural.
La Constitución, los tratados internacionales y los principios de derechos humanos establecen que la justicia debe impartirse con visión de igualdad sustantiva, perspectiva de género y enfoque interseccional.
Esto significa que las y los jueces no pueden aplicar la ley de forma mecánica. Deben preguntarse, al menos, lo siguiente:
¿Cuál es la historia detrás de este caso?
¿Qué barreras enfrenta esta persona para acceder a la justicia?
¿Cómo ha operado la desigualdad estructural en su contra?
¿Cómo puedo dictar una sentencia que no reproduzca discriminaciones históricas?
Un juez que responde a estas preguntas no está siendo parcial, está siendo justo. Está aplicando la ley con la sensibilidad y el rigor que exige un país con desigualdades profundas.
Porque no es lo mismo juzgar a una persona que enfrenta múltiples barreras para defender sus derechos, que a alguien que cuenta con todos los recursos para hacerlo.
No es lo mismo juzgar a alguien que ha sido históricamente excluido del acceso a la educación, el empleo y la salud, que a alguien que ha tenido todas las oportunidades desde su nacimiento y vive en una esfera de privilegios.
El llamado es claro: quienes imparten justicia deben abrir los ojos a la realidad del país que juzgan. Deben comprender que cada sentencia es una vida humana, una oportunidad para reparar una injusticia en lugar de perpetuarla.
Los jueces no pueden seguir escondiéndose detrás de una falsa neutralidad que, en la práctica, favorece siempre a los más privilegiados. La imparcialidad no significa ignorar la desigualdad. Significa reconocerla y actuar para que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho.
La sociedad tampoco puede seguir permitiendo la indiferencia. La exigencia de una justicia sensible, con enfoque de derechos humanos, debe ser una demanda constante. No podemos seguir aceptando que la justicia actúe como si la desigualdad no existiera.
Porque la justicia que no ve, que no escucha, que no entiende, no es justicia: es opresión.
Si la justicia sigue siendo indiferente, la balanza seguirá inclinándose siempre a favor de quienes nunca la han necesitado. Y eso no es justicia. Es simplemente, otra forma de impunidad.
mb