La reciente decisión de la Cámara de Diputados y Senadores de prohibir la comercialización y distribución de vapeadores y cigarros electrónicos en México podría traer consecuencias aún más dañinas para la sociedad, especialmente para los jóvenes. Si bien el objetivo de proteger la salud pública es legítimo, una prohibición total encaminará a que la sociedad obtenga estos productos a través de la venta clandestina, sin control de calidad ni restricciones, otorgando un campo fértil para los grupos criminales que operan en mercados ilícitos.
La experiencia en otras regiones del mundo nos ha demostrado que las prohibiciones extremas no eliminan el consumo, sino que lo trasladan a la informalidad. Al sacar del mercado legal los vapeadores y cigarros electrónicos, el gobierno pierde la capacidad de regular su producción, comercialización y acceso. Como resultado, miles de jóvenes seguirán consumiendo estos dispositivos, pero ahora sin ningún tipo de control sanitario o restricción de edad, exponiéndose a productos aún más dañinos y sin garantía de su contenido.
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Además, esta prohibición crea un nicho de oportunidad para grupos criminales que encontrarán en el mercado negro de vapeadores una fuente adicional de ingresos. Así como ocurrió con la venta ilegal de tabaco y alcohol en otros contextos, la falta de regulación y el vacío legal aumentarán la producción y distribución clandestina, incrementando los riesgos asociados tanto a la salud como a la seguridad pública.
Por otro lado, es importante considerar que los vapeadores han sido utilizados en otros países como herramientas de reducción de daños para fumadores que buscan dejar el tabaco convencional. Prohibirlos por completo ignora esta realidad y deja sin opciones a quienes han recurrido a estos dispositivos como una transición hacia hábitos menos perjudiciales.
En lugar de optar por la prohibición, los legisladores deberían impulsar una regulación estricta que garantizara el control de calidad de los dispositivos y líquidos utilizados en vapeadores; restricción de venta a menores de edad, con sanciones severas para quienes incumplan; y campañas de prevención y educación que informen a los jóvenes sobre los riesgos reales de estos productos. Regular, en lugar de prohibir, permite que las autoridades tengan un mayor control sobre lo que consume la población, minimizando riesgos de salud y combatiendo el comercio ilegal.
Haciendo zoom… la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos en México es una medida que, lejos de resolver el problema, lo agravará. Los jóvenes seguirán expuestos a estos productos, pero ahora en un mercado sin control, mientras que los grupos criminales verán en esta decisión una nueva oportunidad de negocio. El camino no era la prohibición, sino una regulación responsable que equilibrara la protección de la salud pública con el combate al mercado negro. El reto sigue siendo encontrar soluciones viables y efectivas, en lugar de decisiones apresuradas que terminan causando más problemas de los que buscan resolver.
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