XALAPA, VER.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este jueves 04 de junio que fueron vinculados a proceso dos pseudo abogados (sin título profesional), acusados de despojar a una mujer adulta mayor de una propiedad valuada en 410 mil pesos en la zona de Las Ánimas, en el municipio de Xalapa.
Se trata de Zain Aleef “N” y José Alfredo “N”, quienes habrían utilizado documentos falsos y suplantado la identidad de Sandalia J.M., de 68 años y de su hijo Víctor Manuel M.J., para despojarla de su propiedad y luego revenderla a un costo mayor.
Lo anterior, con la presunta complicidad del notario público número 55, José Guillermo Herrera Mendoza -exsecretario de Turismo con Fidel Herrera Beltrán- y del exnotario, Octavio Escobar Pérez, hermano del exsecretario de Gobierno de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez (ambos finados).
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En un comunicado, la FGE informó que el juez de control, Roberto Santos Maldonado Morales, determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de los imputados en un esquema reiterado de fraude inmobiliario (al menos 4 casos documentados ante la FGE).
José Alfredo “N” fue vinculado a proceso por los delitos de fraude específico y suplantación de identidad; mientras que Zain Alef “N” por el delito de fraude específico. En audiencia inicial, el juez de control además ratificó las medidas cautelares de firma periódica mensual en los juzgados de la congregación de Pacho Viejo y la prohibición de salir del estado de Veracruz.
Así se presume que operaban pseudo abogados del Cartel Inmobiliario de Xalapa
De acuerdo con datos expuestos en la audiencia inicial del pasado 28 de mayo, la ciudadana Sandalia J.M. se percató -en noviembre de 2022- de que en Facebook su propiedad fue puesta en venta por una inmobiliaria denominada Inversiones GZ. Esto sobresaltó a la agraviada pues ella no había tenido contacto con dicha inmobiliaria y, en consecuencia, tampoco era su deseo vender su propiedad.
Al acudir al Registro Público de Xalapa, Sandalia J.M. se percató de la existencia de documentos con su firma suplantada que daban el aval para representarla al hoy imputado, José Alfredo “N”. El poder llevaba la fe pública del exnotario Octavio Escobar Pérez, quien fue suspendido seis meses del ejercicio público por la propia Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notaría en el estado de Veracruz, en noviembre de 2022, resolución que fue puntualmente publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
Con eso documentos apócrifos se realizó una compraventa entre José Alfredo “N”, supuesto representante de la agraviada, y Zain Aleef “N”, como representante de la inmobiliaria Inversiones G.Z. Según escritura que tiró ante su fe el notario número 55, José Guillermo Herrera Mendoza, con oficinas en el municipio de Boca del Río.
José Alfredo “N” habría vendido, sin autorización de Sandalia J.M., su propiedad por 72 mil pesos a Zain Aleef “N” o Inversiones G.Z., inmobiliaria que a su vez revendió en 650 mil pesos a una tercera persona ante la propia fe del notario público 55 del estado de Veracruz (quien se recordará había validado la primera venta en la irrisoria cantidad de $72,000.00). Por toda esta relatoría, el juez Roberto Santos Maldonado Morales refirió en audiencia que se está ante un probable hecho delictivo donde personas habrían realizado asociaciones delictuosas.
La afectada Sandalia J.M., alertó que su caso no sería el único pues, bajo el mismo procedimiento, los notarios Octavio Escobar Pérez y José Guillermo Herrera Mendoza validaron instrumentos notariales en otras tres compraventas de propiedades donde se involucraron José Alfredo “N” y Zain Aleef “N”.
El pasado 9 de diciembre de 2025, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, acusó públicamente que notarios, jueces, abogados y servidores públicos habrían despojado de propiedades a ciudadanos mediante procedimientos que colocaban los bienes a nombre de terceras personas.
“Hoy pedí en la mesa de seguridad una lista de aquellos notarios o jueces que hayan entrado en irregularidad (…) (El poder judicial) tiene un Comité de Disciplina donde pueden ser castigados, cesados, multados o separados del cargo”, dijo la mandataria y advirtió que no habría impunidad en el caso.
lm