XALAPA, VER.- Miles de personas salieron este domingo a las calles de la capital del Estado para manifestar su apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE), tras el avance del llamado “Plan B” de la reforma electoral que busca, según opositores, podría acotar la función del árbitro electoral.
Con diversas consignas como “viva la democracia”, empresarios, políticos, académicos y ciudadanos comunes salieron a las calles a protestar. Entre quienes se observaron en la marcha se encuentran el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD; el senador Julen Rementería del Puerto del PAN, así como el exrector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo.
La marcha de este domingo fue mayor a la que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre, cuando organizaciones civiles y políticos llamaron a una marcha para manifestar el rechazo a la reforma electoral, fuertemente promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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De acuerdo con estimaciones, este domingo fueron más de 3 mil personas que marcharon desde el Teatro del Estado hasta la Plaza Lerdo, gritando en todo momento que “el INE no se toca”.
RECURRIRÁN A LA CORTE
Al término de la marcha, el senador panista, Julen Rementería del Puerto, señaló que la oposición presentará una acción de inconstitucionalidad. En entrevista, precisó que se busca que el recurso que será presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea avalado por al menos 54 senadores, que ya en su momento signaron un recurso similar.
Sostuvo que el documento ya siendo trabajada en conjunto con los abogados del PAN, el PRI y el PRD, así como Movimiento Ciudadano (MC).
“La verdad es que creo que hay muy buenas posibilidades porque es tan irracional lo que aprobaron, tan claramente contrario a la Constitución que yo creo que no hay de otra”, precisó.
En la concentración, el abogado Arturo Nicolás Baltazar advirtió que la población seguirá ejerciendo su derecho a la manifestación. Al destacar la importancia de las movilizaciones sociales, que hacen parte fundamental de una democracia y el estado de derecho, señaló que es fundamental levantar la voz “para que la democracia siga viva en nuestro país”.
Advirtió que la forma de gobierno actual no es la adecuada y de seguir así, “van a acabar con el país”, lamentando que desde el ejecutivo federal se siga denostando a los ciudadanos que hacen valer su voz.
“Exigimos que se respete el voto de los ciudadanos, vamos a mantenernos de pie hasta que se respete la democracia en nuestro país”.
REFORMA APROBADA
Cabe recordar que el pasado 22 de febrero, el Senado de la República dio luz verde y aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral, misma que fue enviada al ejecutivo para su promulgación. La aprobación salió con 72 votos de Morena y sus aliados y 50 en contra de integrantes de la oposición.
Con la reforma, serán cambiados 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De acuerdo con expertos, la reforma aprobada pone en riesgo la operación de las próximas elecciones porque valida el despido de casi 6 mil funcionarios de base, que representan una tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta.
El Gobierno federal también tendría acceso a las listas de electores, lo que vulnera los datos personales y abre la posibilidad a que sean usados con fines distintos a los establecidos. El Plan B también abre la puerta a que no sean sancionados los servidores públicos que hagan campañas a su favor con recursos públicos.
Entre otros cambios, se eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, lo que pone en riesgo el padrón electoral, la instalación de casillas, el cómputo de los votos, el monitoreo de radio y tv y la fiscalización de los partidos y campañas.
Igualmente, se elimina el 84.6 por ciento del Servicio Profesional Electoral; se obliga a que los consejeros y magistrados electorales ganen menos que el Presidente y se eliminan los fondos y fideicomisos del INE.
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