Especialistas en el ramo inmobiliario y abogados coincidieron que se necesitan de estrategias y alianzas entre iniciativas privadas, ayuntamiento y propietarios de los inmuebles para rescatar los edificios abandonados que hay en el Centro Histórico de Veracruz.
La propuesta de embargo a los dueños de inmuebles que deban más de dos años de predial, expuesta por la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez no será suficiente para presionar a los propietarios, coincidieron los especialistas entrevistados.
“Es anunciado por muchos alcaldes cuando llegan a ocupar la función, sin embargo, la problemática que esto representa se vuelve un tema muy complicado, por lo siguiente: primero hay que localizar al deudor para notificarle el inicio del procedimiento económico-administrativo y después constituir un crédito fiscal para requerirle formalmente el pago”, indicó Luis Alberto Martín Capistrán, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón.
Pese a que el Ayuntamiento sí cuenta con la posibilidad de realizar un embargo a través del procedimiento económico coactivo, no hay un lugar donde notificar al deudor, por lo que este procedimiento quedaría estancado, aseguró.
Un procedimiento tardado y costoso
De acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles para que un embargo y cobro se realice, se le debe de notificar de forma presencial al deudor, esto significaría tener que buscar a cada uno de ellos e ir directamente a su lugar de residencia para entregar la notificación, aseguró Martín Capistrán.
“Sería un gasto extraordinario, se requeriría crear un departamento de cobro económico coactivo, donde se dediquen a localizar a los contribuyentes, a verificar los inmuebles, a sacar certificados de gravamen, ir al registro público, hacer toda una serie de búsquedas. Hay propiedades del Centro Histórico que están a nombres de personas morales que están desaparecidas”, señaló.
Martín Capistrán señaló que existen dos posibilidades para que las autoridades municipales puedan realizar estos embargos; uno sería crear un departamento especializado, lo que traería más gastos a la administración y las otras más factibles sería apoyarse de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) o del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para lograr el cobro de los adeudos.
El expresidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán del Valle, coincidió con Martín Capistrán, pues el procedimiento para llegar a embargar una propiedad es una acción muy tardada, ya que antes se tiene que realizar una serie de trámites administrativos que conllevan tiempo y dinero.
También es necesario argumentar por qué se realiza el embargo, agotar el procedimiento debidamente como requerir al deudor, si acudió o no a los citatorios, si el adeudo fue debidamente notificado o si existen otros elementos que se hayan o no aportado.
“Van desde el requerimiento que se le deba de hacer al propietario del inmueble, este puede interponer algún tipo de recurso administrativo en contra de este procedimiento que va a iniciar el Ayuntamiento y, todavía, hay una serie de recursos y cuestiones legales que se deberán de resolver antes de llegar al embargo”, dijo.
El procedimiento del embargo aplica para todas las personas que tengan adeudo de más de un año, aunque Terán del Valle señaló que es una practicante obsoleta embargar un inmueble con solo un año de adeudo.
Autoridades e iniciativa privada deben de trabajar juntos
Lizbeth Cristina Mora García, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Veracruz , señaló que en distintas ocasiones se entregaron proyectos para el rescate de algunos parques, calles y plazuelas; sin embargo, estas propuestas se quedan estancadas pues no hay quien tome la batuta de los proyectos.
“Tiene que haber una mano que dirija o que pueda orquestar a todos los involucrados, los propietarios, funcionarios, el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), que está regulando esos edificios, porque hay algunos que no se les pueda hacer nada”, dijo Mora García.
La especialista señaló que es importante que la iniciativa privada, autoridades municipales y el INAH, lleguen a un acuerdo con los propietarios de estos inmuebles, pues en algunos casos aunque ellos quieran intervenir en la remodelación de los edificios se encuentran con restricciones en la Ley de Monumentos Históricos, por considerarlos parte importante de la historia del puerto.
“Creo que se puede hacer un proyecto en conjunto, debe de haber instituciones que puedan aportar un recurso, el municipio que pueda aportar personas, que pueda coordinar, porque yo he sabido de proyectos que han tenido dinero, pero el INAH los ha rechazado”, contó.
Dijo que una solución es que haya permisos adecuados para hacer una inversión en vertical en la periferia del centro, realizar estudios para constatar qué terrenos o inmuebles se puedan vender para construir lugares de renta para reactivar la zona centro de la ciudad.
Agregó que alrededor del 80 por ciento de los edificios que se encuentran en la zona centro están abandonados y representan un peligro para los ciudadanos, por lo que se tienen que realizar acciones inmediatas para el rescate de esta zona.
“Debe de existir un consejo o algo donde formen parte todos, pero que haya un líder”, puntualizó.
Edificios en ruinas
Pedro Fernández Martínez, vicepresidente cono norte de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana y quien radica en la ciudad de Veracruz, dijo que el Centro Histórico de la ciudad representa la mayor parte de historia y cultura de todo el país, ya que fue la primera entrada para los conquistadores españoles y primeros asentamientos.
“Muchos inmuebles del primer cuadro de la ciudad se encuentran en condiciones de alto peligro para el transeúnte, independientemente del atentado visual que esto representa para el patrimonio cultural de la humanidad”, dijo.
Señaló que de los cerca de cinco mil inmuebles que existen en el centro, solo 496 están protegidos por el INAH y algunos por el Instituto Nacional de Bellas Artes, antes INBA, el resto son contemporáneos y que sí pueden ser intervenidos y remodelados.
“Considero que la iniciativa privada, la sociedad y el gobierno deben llevar esta iniciativa al aparato legislativo, para que se le dé facultad al municipio de ejercer cohesión y aplicar sanción al que tenga un inmueble que represente un peligro”, dijo.
Los especialistas concordaron que el rescate del Centro Histórico conlleva muchos sectores políticos, sociales y económicos, por lo que es una tarea difícil, pero no imposible de realizar si se trabaja en conjunto.
am