¿Se les chispoteó?
Miguel Domínguez Pinto, diputado local, puso el dedo en la llaga al revelar que la alcaldesas de El Higo, Juana María Martínez Guerrero, y Bertha Reyes Solano, de Tuxtilla simplemente no presentaron la cuenta pública correspondiente a 2025. No se trata de un trámite menor ni de un descuido administrativo: es una obligación legal básica que otras administraciones, incluso en contextos adversos, sí cumplieron.
La omisión abre la puerta a sanciones, pero la pregunta incómoda queda en el aire: ¿habrá consecuencias reales o todo quedará en una simple amonestación? Porque si no entregar cuentas públicas sale barato, el mensaje para los municipios es claro: la rendición de cuentas es opcional. Y eso, en cualquier democracia, es un riesgo que no debería normalizarse.