XALAPA, VER.- Con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron una reforma a la Constitución de Veracruz que endurece los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora Rocío Nahle García, mecanismo que podría activarse en 2027, cuando se cumple la mitad de su periodo constitucional.
La reforma, propuesta por el diputado del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, y presentada el pasado 30 de junio, mantiene el requisito de reunir el respaldo equivalente al 10 por ciento de la Lista Nominal de Electores para solicitar la revocación de mandato, lo que representa alrededor de 600 mil firmas.
A diferencia de la legislación federal, que para la revocación de mandato presidencial exige el respaldo del tres por ciento de la Lista Nominal, en Veracruz se mantuvo el requisito del 10 por ciento de electores y se añadieron nuevas condiciones para que los ciudadanos puedan solicitar el ejercicio.
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Además de reunir las firmas, los promoventes deberán obtener ese respaldo en cuando menos la mitad más uno de los municipios del estado, es decir, 107 municipios, garantizando que en cada uno de ellos se alcance al menos el tres por ciento de la Lista Nominal municipal.
La reforma también reduce de dos meses a uno el plazo para reunir los apoyos ciudadanos, por lo que el periodo para recabar las firmas quedará comprendido únicamente del 1 al 30 de noviembre de 2027.
Una vez que la reforma sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el Congreso local tendrá un plazo de hasta 180 días naturales para expedir la legislación secundaria que regulará el procedimiento de revocación de mandato.
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Oposición cuestiona la popularidad de la actual gobernadora
Durante el debate, diputados del PAN, Movimiento Ciudadano e independientes cuestionaron la reforma al considerar que incrementa los requisitos para hacer prácticamente imposible que los ciudadanos puedan activar el mecanismo de revocación de mandato.
La diputada del PAN, Indira Rosales San Román, señaló la contradicción de Morena al presumir altos niveles de aprobación de la gobernadora y, al mismo tiempo, impulsar una reforma que dificulta el ejercicio ciudadano.
"Ustedes se están encargando de complicarlo más, para que se vuelva imposible poder solicitarlo (...) y en lugar de tener dos meses, ahora sólo se va a tener un mes para reunir las 600 mil firmas", expresó.
La legisladora calificó como una simulación el mecanismo democrático, pues con los nuevos requisitos se estaba "sobre regulando" la figura de la revocación de mandato y, por otro lado, se impongan candados sin siquiera contar con la legislación secundaria que permita hacer efectivo ese derecho.
Por su parte, el diputado independiente, Héctor Yunes Landa, afirmó que la reforma responde a un cálculo político para hacer más sinuoso el camino hacia una eventual revocación del mandato.
"Establecen reglas que hacen que parezca imposible la revocación del mandato (...) ¿Temen a que la revocación de mandato los confronte y los divida?", cuestionó.
El legislador señaló que el nivel de popularidad de Nahle García es bajo, sólo está por encima del gobernador de Zacatecas, por lo que, dijo, se modificó la Constitución y las reglas para iniciar el proceso de revocación de mandato. "Entiendo que no quieran ir al matadero", expresó.
También subieron a tribuna las diputadas Elena Córdoba, de Movimiento Ciudadano, y Montserrat Ortega, del PAN, quienes coincidieron en que la reforma exhibe el temor de Morena a que la ciudadanía pueda remover a un mal gobernante.
"El ciudadano no necesita que le digamos que tiene derechos, pero se les ponen requisitos que los hacen inalcanzables", plantearon.
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