XALAPA, VER.- La gobernadora Rocío Nahle García aseguró que sí se está actuando contra el llamado "cártel inmobiliario", grupo de abogados que ha incurrido en presunto despojo de propiedades de veracruzanos, y afirmó que se han cerrado tres notarías públicas por inconsistencias.
En conferencia de prensa este lunes 6 de julio, reiteró que el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, es una persona de toda su confianza y que ha dado seguimiento al caso del presunto despojo irregular de casas y negocios.
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"Es un secretario serio que no se presta a nada. Que no se presta ni a ser comparsa de los cárteles, ni tampoco a gente que simula o lo que sea. Es un tema en todo el estado, tenemos quejas en todo el estado".
La mandataria afirmó que se han cerrado tres notarías y que continúan las revisiones. "Tan es así que se han cerrado notarías, creo que tres notarías hemos cerrado, por inconsistencias, y seguimos revisando notarías. Le voy a decir a Ricardo que hoy les comente, creo que una es Coatzacoalcos y Córdoba... son tres", insistió.
Nahle reiteró que su administración trabaja para evitar que, mediante argucias legales, se despoje a los ciudadanos de su patrimonio; sin embargo, advirtió que tampoco permitirán que terceros obtengan beneficios enarbolando una lucha que no les corresponde.
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En Xalapa, ciudadanos protestan por presuntos despojos
Las declaraciones de la gobernadora se dieron luego de que estos lunes ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de despojos de sus propiedades anunciaran la creación de una asociación civil estatal para enfrentar lo que califican como el "cártel inmobiliario" que opera en Veracruz, además de exigir una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial.
El abogado Eduardo de la Torre informó que la organización buscará agrupar a afectados de distintos municipios para impulsar acciones legales y visibilizar los casos que, afirmó, permanecen sin avances en las instancias de procuración e impartición de justicia.
"La idea es organizarnos todas las personas afectadas, no sólo de Xalapa, Coatepec o Banderilla, sino de todo el estado. Será una asociación similar a lo que fue El Barzón, con delegaciones en los municipios para dialogar con el gobierno con la Constitución y la ley en la mano", expresó.
Señaló que los afectados ya no pretenden enfrentar de manera individual los procesos judiciales, pues no han avanzado, por lo que buscan conformar un frente común para exigir el esclarecimiento de las denuncias y la devolución de los inmuebles que, sostienen, les fueron arrebatados mediante procedimientos irregulares.
De la Torre pidió una reunión con la gobernadora, así como con la fiscal general y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, para conocer por qué, aseguró, las investigaciones relacionadas con estos casos no han prosperado.
"Necesitamos una mesa de diálogo con la fiscal y con la presidenta del Tribunal para evidenciar por qué no avanzan las denuncias. Se debe devolver inmediatamente a las familias las propiedades de las que fueron despojadas", manifestó.
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