VERACRUZ, VER.– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz publicó el Protocolo para la Atención y Protección de Personas Denunciantes o Alertadoras de Probables Actos de Corrupción, con el que busca garantizar la seguridad de quienes denuncien posibles hechos de corrupción y evitar represalias en su contra.
El documento, difundido en la Gaceta Oficial del Estado este martes 28 de julio , señala que el objetivo es establecer un mecanismo para determinar, implementar y dar seguimiento a medidas de protección en favor de las personas que enfrenten un riesgo alto o muy alto derivado de una denuncia por presuntos actos de corrupción, bajo una política de “cero tolerancia” a las represalias.
¿Qué contempla el nuevo protocolo?
Entre las acciones previstas se encuentran la habilitación de canales de denuncia claros y accesibles, la posibilidad de presentar denuncias de manera confidencial o anónima cuando proceda, así como el acompañamiento legal y medidas de protección para salvaguardar la integridad de las personas denunciantes.
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El protocolo también establece que las represalias podrán ser de tipo laboral, legal, social, personal, familiar o psicológica, por lo que contempla acciones para prevenir despidos injustificados, acoso laboral, amenazas, afectaciones patrimoniales e incluso agresiones contra familiares de quienes denuncien.
Evaluación de riesgo en un máximo de cinco días
De acuerdo con el documento, una vez presentada la denuncia y solicitadas las medidas de protección, la autoridad deberá iniciar una evaluación de riesgo a más tardar dentro de los cinco días posteriores a la recepción de la solicitud. Posteriormente, el caso será clasificado en niveles de riesgo —bajo, moderado, alto o muy alto— para determinar las acciones de protección correspondientes.
Las medidas podrán incluir la reserva de identidad, protección laboral, asesoría jurídica, acompañamiento psicosocial, atención médica, vigilancia y otras acciones que permanecerán vigentes mientras exista el riesgo para la persona denunciante o hasta que ésta solicite expresamente su conclusión. Además, los servidores públicos que incumplan con la implementación de estas medidas podrán ser sancionados conforme a la legislación aplicable.
En la exposición de motivos, la Fiscalía argumenta que el protocolo busca fortalecer el combate a la corrupción en Veracruz mediante la creación de condiciones que permitan a las personas denunciar posibles irregularidades sin temor a represalias, promoviendo una cultura de denuncia responsable y mayor confianza en las instituciones.
lm