XALAPA, VER.- Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitara al Congreso Local el desafuero de dos alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz por presuntos hechos delictivos, el partido exigió que el organismo público autónomo de la entidad actúe con estricto apego a la ley.
A través de un comunicado, el partido naranja denunció que desde el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, y su sucesora, Rocío Nahle García, se persiguió y persigue a opositores, periodistas, académicos y funcionarios, por lo que exigieron que la Fiscalía de Veracruz "no sea utilizada como un brazo ejecutor ni como una herramienta de persecución en contra de adversarios del régimen", dice el posicionamiento oficial.
MC, además, exigió que cesen los actos de persecución política en contra de integrantes del movimiento, así como de ciudadanos afines, pues, acusaron que, cuando se trata de adversarios políticos, las instituciones actúan de manera rápida y selectiva.
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"Movimiento Ciudadano lo dice con absoluta claridad: estamos a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho. Nadie debe estar por encima de la ley. Y justo por eso las instituciones del Estado deben servir a la justicia, no a la presión política", dice el comunicado.
Finalmente, Movimiento Ciudadano aseguró que continuarán caminando al lado de las víctimas y defendiendo la voluntad ciudadana.
Los alcaldes de MC por los que piden su desafuero
La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso Local el desafuero de los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. El primero relacionado con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López en 2026 y el segundo, por la privación de la libertad y homicidio de la periodista de Nanchital, Roxana Guzmán Ramírez.
Los ediles tendrán un día límite para responder a la comisión instructora del congreso local por las acusaciones en su contra y la Comisión elaborará un dictamen en el que se establecerá si existen los elementos suficientes para sus desafueros. Posteriormente, el dictamen deberá ser discutido por el pleno del congreso y aprobado por dos terceras partes de la cámara.