VERACRUZ, VER.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma de ley para permitir que las obras de infraestructura educativa puedan realizarse en planteles cuyos inmuebles aún no cuenten con documentos de propiedad, siempre que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) emita una constancia que acredite su funcionamiento.
La propuesta, turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia para su análisis, busca evitar que la falta de regularización jurídica de los predios donde operan escuelas públicas frene la inversión en construcción, mantenimiento o equipamiento de planteles, en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa plantea incorporar el artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz. Con ello, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) podría validar la aplicación de recursos públicos en infraestructura educativa cuando el inmueble no tenga acreditada la propiedad, siempre que exista una constancia emitida por la SEV.
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De acuerdo con el proyecto, este documento deberá acreditar que el plantel opera de manera regular, cuenta con reconocimiento de validez oficial y tiene una matrícula mínima correspondiente al ciclo escolar vigente.
Además, la gobernadora propone modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz para establecer que, cuando los derechos de propiedad de un inmueble se encuentren en proceso de regularización, los entes públicos puedan acreditar la situación jurídica mediante la constancia expedida por la SEV.
La administración estatal argumenta que esta medida permitirá mantener las facultades de fiscalización del Orfis sobre el uso de recursos públicos, sin que la ausencia de escrituras o títulos de propiedad impida ejecutar obras prioritarias en escuelas donde ya se presta el servicio educativo.
Según la exposición de motivos, la constancia de la SEV garantizará que los recursos sean destinados a un centro escolar en operación y con alumnos inscritos, evitando observaciones por parte del órgano fiscalizador derivadas únicamente de la falta de regularización del predio.
La iniciativa también contempla que este mecanismo pueda utilizarse en cualquier acción relacionada con la creación, construcción, conservación, demolición o modificación de inmuebles destinados a la educación pública cuando los derechos de propiedad aún no estén plenamente regularizados a favor del ente público responsable de la obra.
El proyecto fue recibido por la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura y enviado a la Comisión Permanente de Vigilancia, donde será analizado y dictaminado antes de ser sometido a votación del Pleno.
fm