XALAPA, VER.- La diputada Tanya Carola Viveros Cházaro informó que el Congreso del Estado aprobó dos dictámenes para autorizar la baja y venta, mediante subasta pública, de más de 346 vehículos en desuso pertenecientes a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Seguridad Pública, unidades que ya no son funcionales ni recuperables.
En entrevista, la legisladora explicó que se trata de dos procesos distintos. “Son dos dictámenes: uno de la Secretaría de Salud, que contempla alrededor de 40 vehículos, principalmente ambulancias, y otro de la Secretaría de Seguridad Pública, que incluye 306 unidades”, precisó.
Tanya Carola aclaró que lo que aprobó el Congreso no fue la venta directa, sino la autorización para dar de baja los vehículos conforme a la ley. “Lo que nosotros aprobamos es que sí pueden darse de baja mediante una subasta pública, y que esta subasta esté completamente apegada a la normatividad vigente”, señaló.
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Detalló que será la Secretaría de Finanzas y Planeación la encargada de definir las bases, los tiempos y las condiciones del proceso. “Ya será Finanzas quien determine las bases de la subasta y las aplique para que la gente pueda participar; nosotros no fijamos fechas ni reglas específicas”, explicó.
La diputada subrayó que mantener estas unidades genera costos innecesarios para el Estado, ya que no solo están fuera de operación, sino que su conservación implica gastos adicionales. “Tener esas unidades genera un costo; es dinero que se está depreciando, porque se gasta en mantener vehículos que ya no son vehículos, sino desechos ferrosos”, afirmó.
Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de que las unidades pudieran ser rehabilitadas para uso comunitario, Viveros Cházaro fue enfática al señalar que no es viable. “Se me han acercado personas que preguntan si pueden habilitarse para sus comunidades, pero no están en condiciones; por eso se están vendiendo como desecho ferroso y no como vehículos viejos o descompuestos”, puntualizó.
Añadió que, de acuerdo con la información disponible, muchas de las unidades ni siquiera pueden ser reemplacadas. “Tengo entendido que ya no pueden ser emplacadas ni dadas de alta nuevamente; no permiten un uso vinculado a un servicio público o social”, dijo.
Asimismo, la legisladora explicó que esta práctica también se ha extendido a los ayuntamientos, con el objetivo de evitar rezagos administrativos. “Hay una cuestión burocrática que va haciendo que estas cosas se queden rezagadas y solo acumulen costos para el Estado o los municipios”, comentó.
Finalmente, destacó que retirar unidades chatarra también tiene un impacto ambiental y de ordenamiento. “Tener una unidad inservible implica ocupar un terreno, generar contaminación e incluso fauna nociva; hacer esta limpieza es parte de un ordenamiento necesario”, concluyó, al señalar que los recursos obtenidos, aunque limitados, podrán destinarse a fines más útiles para la administración pública.
LM