XALAPA, VER.- En los primeros minutos de este miércoles 15 de abril, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cumplirá su condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero; sin embargo, no recuperará su libertad debido a que enfrenta un nuevo proceso penal que lo mantiene en prisión preventiva.
El expriista fue sentenciado en septiembre de 2018, mediante un procedimiento abreviado, a nueve años de cárcel, el decomiso de 40 propiedades y una multa de 58 mil 890 pesos, tras declararse culpable de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La condena se contabilizó desde su detención, el 15 de abril de 2017.
En ese año, Guatemala lo extraditó a México únicamente por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que fueron los únicos cargos por los que pudo ser procesado en ese momento.
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No obstante, el pasado 17 de febrero, Duarte de Ochoa fue vinculado a proceso por el delito de peculado, por un presunto daño patrimonial de 5 millones de pesos a un fondo destinado a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores en Veracruz, correspondiente a 2012.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), “se obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Javier ‘N’, por su probable participación en el delito de peculado”.
Por este caso, el exmandatario promovió un amparo; sin embargo, un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer en el Reclusorio Norte.
El juez fijó un plazo de seis meses —que concluye el próximo 17 de agosto— para la investigación complementaria dentro de la causa penal 667/2025, periodo en el que tanto la defensa como la FGR reunirán los datos de prueba que serán presentados en el eventual juicio.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) ha solicitado una pena de hasta 21 años de prisión por este nuevo caso.
Duarte pide libertad anticipada
Cabe recordar que Duarte de Ochoa ya había solicitado el beneficio de libertad anticipada en noviembre de 2025; no obstante, la jueza de control Ángela Zamorano determinó que no cumplía con los requisitos establecidos en la ley, entre ellos no tener procesos penales pendientes.
Además, al exgobernador también se le imputó el delito de desaparición forzada en agravio del policía estatal David Lara Cruz, ocurrido en enero de 2016. Aunque en noviembre de 2024 un juez dictó la no vinculación a proceso, el Ministerio Público impugnó la resolución, por lo que el caso continúa abierto.
Así, aunque este 15 de abril el exmandatario cumple la condena que le fue impuesta por delitos federales, su situación jurídica aún está lejos de resolverse, por lo que permanecerá en prisión
lm