XALAPA, VER.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha recibido dos quejas presentadas por autoridades municipales que entraron en funciones el pasado 1 de enero, quienes consideran que el actuar de algunos de sus compañeros de Cabildo podría encuadrar en violencia política en razón de género.
Las inconformidades fueron promovidas por integrantes de los cabildos de Vega de Alatorre y Citlaltépetl, municipios catalogados con niveles de marginación media y alta en el estado de Veracruz.
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Conflictos en Vega de Alatorre y Citlaltépetl
Desde el inicio de las nuevas administraciones municipales se reportaron conflictos internos, no solo derivados del proceso de entrega-recepción, sino también por desacuerdos en la toma de decisiones de los alcaldes, lo que generó confrontaciones con los cuerpos edilicios.
Apenas dos semanas después del arranque de las gestiones municipales, se informó que la síndica de Vega de Alatorre, junto con su suplente, presentó su renuncia al cargo debido a diferencias con el alcalde Felipe Mata Barradas, a quien señalan de impedirle ejercer plenamente la representación jurídica del municipio.
Asimismo, se dio a conocer que en el ayuntamiento de Citlaltépetl, encabezado por el priista Jesús del Ángel Olivares, también se han registrado conflictos internos al interior del Cabildo.
Al respecto, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Gilberto Constituyentes Salazar Ceballos, explicó que cuando se limita el ejercicio de las funciones de alguna integrante del Cabildo o esta se siente vulnerada en el desempeño de su cargo, puede promover un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC).
“Pueden presentarlo directamente ante el Tribunal o a través de la autoridad responsable; si el presunto perpetrador es una autoridad municipal, sería ante esa instancia. Siempre que una mujer edil, en ejercicio de un cargo de elección popular, se sienta vulnerada, puede promover un juicio”, señaló.
Precisó que para que el TEV pueda actuar es indispensable que la parte agraviada acuda formalmente al órgano jurisdiccional, presente la denuncia correspondiente y aporte las pruebas necesarias para sustentar los hechos denunciados.
ch