XALAPA, VER.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAIV) emitió las Reglas de Operación del Programa de Abasto Alimentario, mediante el cual se brindará apoyo económico a familias de personas víctimas de delitos de alto impacto que hayan sufrido un detrimento económico a consecuencia del hecho victimizante.
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De acuerdo con lo establecido en las reglas, a partir del primer día del 2026 se otorgará un apoyo mensual de 2 mil pesos a familias de víctimas de desaparición, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, secuestro y feminicidio. El recurso estará destinado a contribuir al gasto familiar, principalmente para cubrir necesidades de la canasta básica.
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El apoyo será de carácter temporal y se entregará mientras subsista la situación de emergencia de la víctima o hasta que la familia pueda acceder a otra forma de ayuda o sustento.
Las Reglas de Operación, emitidas por la Comisión que preside Namiko Matzumoto Benítez, entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y establecen que las solicitudes podrán realizarse por propio derecho. En el caso de núcleos familiares, deberán designar a un representante con Registro Estatal de Víctimas, quien será el encargado de realizar los trámites correspondientes ante la Comisión.
La duración del apoyo económico será determinada con base en el estudio de trabajo social, periodo durante el cual la víctima o el representante del núcleo familiar recibirá el recurso.
Asimismo, las reglas contemplan la posibilidad de incrementar el monto mensual en casos excepcionales, previo análisis de la Subdirección de Atención Inmediata y Primer Contacto, así como del Secretario Técnico de la Comisión.
Lineamientos
Las reglas del Programa de Abasto Alimentario establecen que las personas beneficiarias deben proporcionar información veraz y oportuna, dar seguimiento a su trámite y hacer un uso adecuado del apoyo, únicamente para cubrir necesidades nutricionales. Además, están obligadas a comprobar el recurso recibido mediante tickets, facturas u otros documentos en un plazo máximo de 30 días, así como notificar por escrito cualquier cambio en sus datos bancarios ante la autoridad correspondiente.
El documento advierte que el apoyo puede retirarse de manera inmediata si se proporciona información falsa, si los recursos se destinan a fines distintos a los autorizados o si se comprueban compras fuera de la canasta básica. También se contempla la baja del programa por renuncia voluntaria o en caso de que la persona beneficiaria reciba apoyos similares de otros programas, fideicomisos o autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
fm