XALAPA, VER.- El juez en retiro Francisco Javier O.S. fue detenido junto con cinco funcionarios y funcionarias más de Veracruz, acusados de diversos delitos, entre los que están abuso de autoridad, despojo, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Este miércoles 15 de enero se confirmó la vinculación a proceso de quienes serían parte de una red de corrupción con operación en la zona de Coatzacoalcos.
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De acuerdo con fuentes consultadas por LA SILLA ROTA, las órdenes de aprehensión se liberaron tras investigaciones de cuando Francisco Javier O.S. estuvo al frente de un juzgado civil de Coatzacoalcos. El entonces juez se habría apoderado ilegalmente de un terreno localizado en Las Choapas valuado en 50 millones de pesos en favor de 15 personas.
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En presunta complicidad habrían participado la actuaria María Cristina “N” y el actuario Manuel “N”, quienes certificarían la existencia de varias casas que no estaban y falsificarían actos procesales para poder cederles fracciones de dicho predio a esas personas.
En el boletín de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz publicado este miércoles se detalla que al ex juez Francisco Javier O.S. se le vinculó a proceso por los delitos de abuso de autoridad y prevaricación; a Manuel N por el delito contra la fe pública; a María Cristina “N” por abuso de autoridad; así como a José Isabel “N”, Adriana “N” y Florentina “N” como "probables responsables de los delitos de despojo, falsedad ante la autoridad y fraude procesal."
El dueño de la propiedad denunció los hechos y tras las investigaciones de la fiscalía de Veracruz un juez resolvió la liberación de las órdenes de aprehensión, las cuales se efectuaron en Coatzacoalcos, Las Choapas y Pajapan.
El delito de prevaricación equiparada del que se le acusa al ex juex del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) se refier que que habría dictado una resolución injusta a sabiendas de que así es. El Código Penal del Estado de Veracruz lo define como:
“Comete el delito de prevaricación el servidor público que dolosamente: I. Dicte una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley; II. Dicte una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio; o III. Omita dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley.”
De encontrarse culpable, podría pasar de cuatro a diez años de prisión y estaría inhabilitación hasta por el mismo tiempo para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.