VERACRUZ, VER.- Debido la agresión ocurrida entre la Fuerza Civil de Veracruz y los campesinos ante la protesta que realizaban el jueves 20 de junio, en la localidad de Totalco, Perote, Veracruz, cerca del límite con Puebla, es que la lucha de los grupos ambientalistas en contra de Granjas Carroll obtuvo la atención nacional.
La represión policial de ese día causó dos muertos: los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, ambos sepultados el domingo 23 de junio en el Panteón de Totalco. En medios de comunicación de Puebla se reporta un desaparecido: Juan Soto, activista poblano visto por última vez hace tres días en un hospital de Veracruz después de ser herido en el ataque.
Desde el miércoles 19 de junio integrantes del “Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental” mantenían un bloqueo en la carretera San Hipólito - Xalapa, donde reclamaban que esta y otras industrias de la región, instaladas en Veracruz, han ocasionado que sus siembras se vean afectadas por la presunta modificación del ciclo natural de lluvia y acaparamiento del agua que extraen, de acuerdo con información de La Silla Rota Veracruz.
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Granjas Carroll y Smithfield: acusaciones continuas en Estados Unidos y México
Granjas Carrol de México (GCM) es una empresa constituida en 1993 en el Valle de Perote, dedicada a la producción, comercialización y procesamiento del ganado porcino. Está conformada por dos grupos privados: Agroindustrias Unidas de México (AMSA) y Smithfield, empresa estadounidense que es la principal productora y procesadora de cerdo en el mundo.
Smithfield en 1985, un juez de la Corte de Justicia del Cuarto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos la multó por contaminar el Río Pagan, Virginia, por una sanción de 285 mil 338 dólares. Después, en 1996 la empresa fue nuevamente sancionada por la misma Corte de Justicia por falsificar y destruir las muestras registradas con la descarga intencional de agua tóxica al Pagan.
En junio del 2000, organizaciones ambientalistas de Estados Unidos documentaron 36 casos de demanda en la Corte Superior contra las operaciones de Smithfield, con el objetivo de que la industria porcícola “dejara de contaminar las corrientes de agua y aire, y reparara el daño causado a ríos y riberas de Carolina del Norte”.
Como resultado, el estado de Virginia acusó a Smithfield por más de 22 mil violaciones legales a causa de su actividad contaminante, las cuales se realizaron desde mediados de los ochenta hasta mediados de los noventa; sin embargo, el caso se desestimó en 2001 al considerar que la acción federal excluyó los reclamos estatales.
En México, los reclamos de agrupaciones ambientalistas de Veracruz y Puebla hacia el presunto daño del medio ambiente realizado por Granjas Carroll, están desde sus inicios.
El 10 de marzo de 2007 cinco ambientalistas –José Luis Martínez Crisóstomo, Margarita Hernández Burgos, Bertha Crisóstomo Lara, María Verónica Hernández Argüello y Guadalupe Serrano Gaspar– realizaron una manifestación para demandar el cierre de la empresa porcícola, quienes después enfrentaron procesos judiciales por los delitos de obstrucción y daño a las vías de comunicación.
En 2009, habitantes y campesinos de 25 comunidades del Valle de Perote denunciaron durante la Quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), que la empresa mexicana afectaba a más de 100 mil personas de la región “con la emisión de contaminantes en los mantos acuíferos, en la atmósfera por malos olores y otros factores perjudiciales de tipo biológico que alteran el equilibrio del lugar”, de acuerdo con información de Bio Diversidad La.
Desde entonces se habló de su posible relación con el primer caso de infección por el virus de influenza AH1N1, el cual –de acuerdo con la investigación de Regina Martínez– campesinos de La Gloria –una comunidad en las faldas de Cofre de Perote– afirman que “la gripe porcina” surgió en su comunidad.
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México: el segundo país del mundo más inseguro para activistas ambientales en 2022
En el Informe del 2023 realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se expone que ocurrieron al menos 123 eventos de agresión, con 282 agresiones diversas y 20 letales en contra de personas y comunidades que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.
De estos 20 casos letales, 19 correspondieron a homicidios y uno a una ejecución extrajudicial contra defensores de derechos humanos ambientales. Los estados que encabezaron con el mayor número de homicidios fueron: Michoacán con 7; seguido de Guerrero con 6; Oaxaca y el Estado de México con 2, e Hidalgo, Sonora y Jalisco, uno cada uno.
Al final, el documento hace una lista extensa de recomendaciones para todos los órdenes de gobierno, para el Congreso de la Unión, para las secretarías y dependencias del Estado relacionadas con la implementación de proyectos de desarrollo; y demás mecanismos, fiscalías, comisiones y poderes judiciales federal y estatales.
mb