XALAPA, VER.- Una inconformidad recurrente entre trabajadores de dependencias estatales durante los procesos electorales es que sus jefes o superiores los conminan a acudir a mítines políticos como si se tratara de una obligación. Por temor a perder su empleo o a recibir descuentos en sus salarios, muchos no denuncian estos hechos violatorios de la ley que pueden castigarse hasta con nueve años de prisión.
En el estado de Veracruz, el próximo domingo 2 de junio se votará por un presidente de la república, un gobernador, diputados federales, diputados locales y senadores. Actualmente todas las candidatas y candidatos a estos puestos ya se encuentran en periodo de campaña por lo que los mítines políticos se vuelven más frecuentes y, con ello, la posibilidad de que trabajadores estatales sean presionados a asistir.
Tani Guadalupe Méndez, abogada especializada en derecho público, explica en entrevista con LA SILLA ROTA que todos los servidores públicos, al obtener un nombramiento en alguna dependencia están obligados, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a actuar con base en principios del derecho y a desempeñarse en apego al Sistema Nacional Anticorrupción.
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“Ningún servidor público, por medio de su cargo o comisión, debe imponer una preferencia electoral o política, ni mucho menos presionar o amenazar a sus subordinados para participar en eventos proselitistas, en los que en muchas ocasiones ni siquiera son de su agrado. En la Ley General en Materia de Delitos Electorales encontramos la prohibición de esa acción, lo que podría generar sanciones a los funcionarios que ejercen este tipo de conducta”, dijo la especialista.
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De acuerdo con Tani Guadalupe Méndez, cualquier empleado o empleada que se siente presionado o coaccionado para acudir a algún evento proselitista tiene dos opciones para denunciar estos hechos, uno lo es por la vía administrativa y otro por la vía penal. Si bien, se trata de dos vías, esto no significa que una denuncia deba hacerse primero que la otra. El inconforme puede señalar estos actos en cualquiera de estas dos vías o, incluso, hacerlo de manera simultánea.
Para denunciar por la vía administrativa la presión de tus superiores para asistir a una campaña política, debes ubicar al interior de la dependencia donde laboras el órgano de control interno o contraloría. Allí puedes presentar una queja ante el en cargado de esta área, donde se desahogará un proceso administrativo que, de probarse la falta del servidor público puede derivar hasta en su destitución y la inhabilitación para ejercer cargos de este tipo durante varios años, según sea la sanción.
La segunda ruta es acudir a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. “El denunciante debe contar con sus datos reales y los del denunciado; nombres completos de testigos y material de evidencia (como fotografías, audios, videos o documentos), para que se verifiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar; puede recaudar indicios para el esclarecimiento de los hechos y datos de prueba, para que posteriormente la autoridad determine si hay o no acción penal y se ordene la comparecencia o u orden de aprehensión, según sea el caso”, explicó Tani Guadalupe Méndez.
Según la página de la FGE, la denuncia puede presentarse por escrito ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, aunque también puede realizarse por correo, enviando tu denuncia a delitoselectorales@fiscaliaveracruz.gob.mx. Además de las oficinas centrales, en Xalapa, los inconformes también pueden dirigirse a las Fiscalías Regionales y Unidades Integrales de Procuración de Justicia en las sedes de Veracruz, Córdoba, Cosamaloapan, Tuxpan, Tantoyuca.
Tani Guadalupe Méndez apuntó que “las sanciones para el servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos de precampaña o campaña, se encuentran estipuladas en el artículo 11 de la Ley General en Material de Delitos Electorales, que contempla desde doscientos a cuatrocientos días de multa y hasta con nueve años de prisión podría ser sancionado”.