XALAPA, VER.- Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, respaldó el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que el día de ayer, 28 de febrero, fue liberado por falta de pruebas Antonio Zaleta Jiménez, presunto asesino de la periodista María Elena Ferral, acribillada el 30 de marzo de 2020 en Papantla. El mandatario, en cambio, se lanzó contra la jueza federal Natividad Regina Martínez Ramírez, a quien culpó de otorgar un amparo liso y llano.
En rueda de prensa desde el Aquarium Veracruz, Cuitláhuac García, desestimó la resolución de Natividad Regina Martínez Ramírez, jueza decimoprimera de distrito en el estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, quien concluyó en la sentencia de amparo 43/2023 que la Fiscalía de Veracruz no recabó pruebas, si quiera mínimas, para mantener vinculado a proceso al hombre de oficio taxista y supuesto halcón.
“Lamentamos mucho que nuevamente el Poder judicial federal esté liberando delincuentes. Esos amparos sacados de la manga de estos jueces federales en que ordenan plenamente la liberación sin que le permitan a la fiscalía, mucho menos a la víctima, apelar esa decisión. El juez federal le ordena al juez de control la liberación con un amparo liso y llano, sin discusión”, dijo el gobernador.
Dicha aseveración del mandatario morenista es falsa, pues la autoridad acusadora sí apeló esa sentencia de amparo. La Fiscalía de investigaciones ministeriales presentó un recurso de inconformidad ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, donde, no obstante, sus argumentos fueron desechados por tres magistrados: Antonio Soto Martínez, José Saturnino Suero Alva y Perla Ivette Gordillo López, secretaria en funciones de magistrada y, en consecuencia, ratificaron la sentencia de la jueza federal Natividad Regina Martínez.
Antonio Zaleta Jiménez, un taxista de 30 años de edad, salió del penal de Papantla, Veracruz, la tarde de este 28 de febrero.
Sobre su proceso judicial, la jueza federal Natividad Regina Martínez determinó que la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FIM) aportó las declaraciones de dos testigos por referencia de terceros (también conocidos como testigos de oídas), en las cuales hablan de una probable mecánica para asesinar a Elena Ferral, pero no mencionan el nombre de Zaleta como partícipe.
De acuerdo con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que exista un auto de vinculación a proceso debe existir una probabilidad razonable de que la persona participó en un delito, lo que la fiscalía no pudo demostrar.
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Uno de los testigos aportados por la Fiscalía es hermano de Antonio Zaleta. La otra es una joven que atendía una pastelería, identificada como testigo 006, quien tras rendir su declaración y “colaborar con la autoridad” desapareció. A la fecha su familia la busca y teme que su desaparición se haya dado en un cotexto de violencia.
Con la sentencia de amparo 43/2023, que es pública, la jueza Natividad Regina Martínez instruyó al juez de control de Veracruz, José Luis Mapel Martinez, citar a audiencia este miércoles 28 de febrero, donde debió dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso contra Antonio Zaleta y convocar inmediatamente a una nueva audiencia inicial en la que todo era adverso para la Fiscalía.
En esta nueva audiencia no hubo espacio para que la Fiscalía ni la defensa del taxista intervinieran. El juez local, José Luis Mapel Martinez, consideró que, con los datos de prueba que aportó la Fiscalía, “no se acredita la probable participación del quejoso en los hechos materia de imputación” y en consecuencia tampoco lo vinculó a proceso por el delito de homicidio doloso calificado.
María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa y dueña del portal Quinto Poder de Veracruz, fue interceptada por dos hombres en motocicleta la tarde del 30 de marzo de 2020, al salir de una notaría en el municipio de Papantla. Allí recibió tres impactos de bala (calibre 45) que perforaron su abdomen y le provocaron la muerte horas después en el hospital regional de Poza Rica.
Por este caso cuatro hombres ya fueron sentenciados con 30 años de prisión, dos están prófugos, incluido Camerino Basilio Picazo Pérez, un político y cacique considerado autor intelectual del crimen, y cuatro más permanecen detenidos en espera de una sentencia.
A lo largo del último año, LA SILLA ROTA ha vigilado el juicio por el crimen de María Elena Ferral como parte de un proyecto del Fondo de Resiliencia, de la Organización Global Initiative against Transnational Organized Crime (G.I.).
Durante este proceso judicial, se cuestiona por qué la Fiscalía no investigó el caso con perspectiva de género, ni solicitó al juez en las cuatro sentencias conseguidas hasta ahora considerar la agravante por tratarse de un delito contra la libertad de expresión, pues la propia fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, aseguró el 7 de mayo de 2020 que María Elena fue asesinada “por su labor periodística”.
Aunado a ello, fue documentado en este tiempo que la responsable de coordinar todas las investigaciones de este caso es Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de investigaciones ministeriales), quien tuvo una relación política estrecha con el presunto autor intelectual de este asesinato: Camerino Basilio Picazo Pérez.
Ambos fueron políticos emanados del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El 16 de marzo de 2016, cuando Marcela Aguilera desempeñaba su último año como diputada local por el PRI acompañó a Basilio Picazo a inscribirse por la diputación de Papantla. Ambos fueron retratados en las instalaciones del PRI estatal, en Xalapa. Ella vestía una camisa roja y levantaba el pulgar en señal de victoria, mientras Basilio la sujetaba del hombro. A ese evento también asistió la esposa de Picazo, Dolores Gutiérrez.
fm